Contrario al discurso oficial, megaminería no ha generado desarrollo: especialistas

Contrario al discurso oficial, megaminería no ha generado desarrollo: especialistas
Explicaron que uno de los impactos más importantes de la megaminería es el desplazamiento forzado de los habitantes donde se emprenden proyectos de explotación y extracción, como ha ocurrido en Salaverna, Mazapil n foto: andrés sánchez
  • Sólo ha dejado pobreza, desplazamiento forzado, contaminación, poco empleo
  • En Zacatecas se tiene concesionado 21.04 por ciento del territorio, equivalente a 2.3 millones de hectáreas, para la actividad minera: Federico Guzmán
  • Burnes Ortiz cuestionó si la economía puede crecer con eficiencia, sustentabilidad y equidad con base en un modelo extractivo; “la respuesta provisional es que no”

Contrario al discurso gubernamental y empresarial que afirma que la megaminería ha generado desarrollo en el estado, en realidad solamente ha dejado pobreza, desplazamiento forzado, contaminación, muy poco empleo y limitado acceso al agua en las comunidades, afirmaron especialistas en el Tercer Seminario del Consejo Estatal de Universitarios por un Proyecto Alternativo para Zacatecas.

Federico Guzmán López, de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), manifestó que el costo-beneficio de la megaminería en la entidad ha sido muy desigual.

Informó que en Zacatecas se tiene concesionado 21.04 por ciento del territorio, equivalente a 2.3 millones de hectáreas, para la actividad minera y cuestionó que no sirve para nada al país ser el primer lugar en producción de plata y octavo en producción de oro, sin que ello mejore las condiciones de vida de la población.

Uno de los impactos más importantes que ha tenido la megaminería, dijo, es el desplazamiento forzado de los habitantes de comunidades donde se emprenden proyectos de explotación y extracción, como ha ocurrido en Salaverna, Mazapil.

“Ese es un impacto cultural que tiene que ver con la destrucción de los bienes comunes naturales, la destrucción de la economía local de subsistencia y la destrucción de los medios de producción y reproducción social. Esto contrasta con las cifras que tenemos del impacto económico”, expuso.

Guzmán López se refirió al discurso gubernamental en el que aseguran que la industria minera contribuye con el 38 por ciento del PIB y señaló que el problema es que entre todos los sectores productivos, la que menos genera empleos es precisamente la minería.

Además, de un total de 13 mil 400 integrantes de la población económicamente activa en el sector minero zacatecano, el 72 por ciento está subcontratado, lo que omiten los funcionarios y autoridades gubernamentales con discurso pro minero.

Durante la mesa denominada “Megaminería: impactos, aportes y retos”, comentó que otro problema es “el reparto del pastel” en la industria minera, porque en el ejercicio fiscal 2014, por ejemplo, el valor de la producción en México fue de 14 mil 765.2 millones de dólares, y en Zacatecas de 4 mil 83.2 millones de dólares

Por cada mil dólares del valor de la producción minera, las empresas solamente aportan a las comunidades 8 centavos. En Zacatecas, en los últimos tres ejercicios fiscales se han obtenido utilidades por mil 411 millones de pesos, de los cuales Mazapil a acumulado 454.81 millones de pesos, sin que haya significado un impacto en la disminución de la pobreza, pues ese municipio tiene a 70.7 por ciento de su población en situación de marginalidad, según expuso Guzmán López.

Otro impacto negativo de la minería ha sido la contaminación, lo que ha derivado en la destrucción agrícola no solamente por la disminución de la superficie de cultivo, sino también por los rendimientos de cosecha por hectárea.

Por último, informó que en el país hay 45 mineras que trabaja a tajo abierto, de las cuales algunas están instaladas en Zacatecas. “La tarea que tenemos pendiente es que hay 116 mineras con proyectos de exploración en 37 municipios de la entidad. La tendencia es que la industria se acerca cada vez más a los municipios más urbanizados”.

Arturo Burnes Ortiz, de la Unidad Académica de Economía, se refirió a la libertad que han tenido las empresas para emprender proyectos de minería en el estado, sin generar desarrollo para las comunidades, y por el contrario, son beneficiarios de exenciones fiscales.

Un tema que en este momento es de interés para la investigación académica, es la renta minera, el cual muestra que hay una pugna por la apropiación de dicha renta en forma de impuestos en la que todos los actores sociales están involucrados: el gobierno estatal, municipal y federal.

Se refirió al Impuesto de Responsabilidad Ecológica aprobado por el Congreso del estado para que las empresas instaladas en Zacatecas resarcieran los daños ambientales que provocan y dijo que era la primera vez en la historia que el Gobierno del Estado planteara un gravamen de ese tipo, pero el Gobierno federal dar marcha atrás.

Mencionó también el caso del sindicato liderado por Carlos Pavón, gremio que “patéticamente manejó el 100 por ciento de los argumentos de la Cámara Minera de México y de los empresarios mineros”.

Burnes Ortiz cuestionó entonces si la economía regional y nacional puede crecer con eficiencia, sustentabilidad y equidad con base en un modelo extractivo vigente y en una institucionalidad fiscal minera. “La respuesta provisional es que no”.

Señaló que las concesiones mineras contravienen lo establecido en el Artículo 25 y 27 de la Constitución Mexicana y contribuyen a la descapitalización del excedente potencialmente invertible que es apropiado de manera rentista y parasitaria.

“La conclusión es que la institucionalidad fiscal minera que gobierna los yacimientos mineros en México, impacta contra los estados, porque la Ley Minera dice que el gran capital minero solamente puede ser gravado por la instancia federal. Eso conspira contra la Constitución, porque deja de lado al estado y al municipio”, explicó.

Por su parte, Alfredo Valadez, corresponsal de La Jornada, expuso que las iniciativas el gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna, en torno a la minería, se han quedado en la simulación.

Recordó que hubo la intención de declarar al semidesierto zacatecano como Reserva de la Biósfera, pero la negoció con los empresarios mineros a cambio del impuesto que posteriormente fue avalado por la Legislatura del estado y después rechazado por las propias corporaciones.

“El doctor Rodolfo García Zamora denunció que a cambio de echar abajo el proyecto de la Reserva de la Biósfera, el gobernador Tello había logrado un acuerdo con las empresas mineras para que estas le pagaran un impuesto y así tener recursos para el año 2017. Preguntó entonces si se trataba de un impuesto o de un soborno para cambiar la zona natural protegida e intentar recibir 400 millones de pesos de supuestos impuestos. Yo pregunto: ¿eso cuesta destruir 2.5 millones de hectáreas con la minería?”.

Cuando Tello Cristerna presentó la iniciativa como parte del nuevo paquete presupuestal para el estado, recordó que el sindicato minero inició protestas en contra del impuesto y de esa forma “le hicieron ver su realidad y suerte al gobernador”

Como consecuencia, el estado se quedó sin la declaratoria de Reserva de la Biósfera y sin impuesto minero, pues este sigue en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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