- Alerta de Género, un proceso “burocrático”; aplicación, sin reducir incidencia de crímenes
La Unidad de Colectivos para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas exigió medidas “emergentes y eficaces” para garantizar la seguridad de estos sectores de la población, pues el mecanismo de Alerta de Género por Violencia Feminicida, “no es una panacea”.
Mientras se “palomean” las nueve observaciones realizadas por el Grupo de Trabajo vinculado a la Conavim, que forman parte del procedimiento para que se decida por la implementación o no de este mecanismo en la entidad, y que no son otra cosa que el mero cumplimiento de la ley, los atentados contra la vida de las mujeres y las niñas zacatecanas persisten, como fue el caso del feminicidio de la adolescente de 16 años, Cinthia Nayeli Vásquez, expuso la organización.
Calificó a la Alerta de Género por Violencia Feminicida como un proceso “burocrático y político” cuya implementación en otras entidades, incluso, no ha reducido la incidencia de los crímenes contras las mujeres y las niñas.
En ese sentido, exigió al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, al que se subrayó como “el responsable de la seguridad en el estado”, que lleve a cabo cinco acciones, entre ellas: una consulta ciudadana para diseñar una “política integral” de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; un diagnóstico certero “desde las ciencias críticas como la sociología y la antropología” que fundamente tal política y destine por lo menos el 5 por ciento del presupuesto de egresos del 2018 para su implementación, que acotó, deberá realizarse antes de marzo del siguiente año.
La Secretaría de las Mujeres es la dependencia que tiene el presupuesto más bajo de entre las instancias del Gobierno estatal y habría que analizarse “en qué se gasta”, por lo que “no hay una intención” de hacer un diseño y planeación de una política integral que atienda el problema de la violencia de género, sostuvo la organización.
La propuesta de al menos un 5 por ciento del presupuesto del 2018 para este propósito, se analizó como suficiente para implementar principalmente dos elementos de la política integral, el aspecto educativo que es una medida a mediano y largo plazo que debe modificar las currículas escolares, y la atención a la violencia familiar.
Sobre este último asunto, en que fue subrayado que 90 por ciento de los feminicidios en Zacatecas tienen como agresor al hermano, padre, esposo o novio de la víctima, el colectivo de organizaciones de mujeres señaló que el gobierno de Alejandro Tello Cristerna “no le ha aportado nada nuevo al tema, ha sostenido lo que está en algunas ocasiones y en otras no”.
Dicho en referencia al Centro de Justicia para Mujeres que en lugar de fortalecerse y multiplicarse en los 58 municipios del estado, se ha ido “desmantelando”, al cambiar de adscripción al personal que ya estaba capacitado sin dar continuidad a la formación de los subsecuentes funcionarios, por lo que éstos no han sido sensibilizados para atender a las víctimas de la violencia de género, tema vinculado al caso del feminicidio de Cinthia Nayeli, pues la madre de la joven denunció que fue maltratada al momento de hacer la denuncia ante al Ministerio Público.
Hubo denuncia también de la omisión en la reparación del daño para las victimas indirectas de los feminicidios, como pueden ser los hijos y aun las comunidades de las mujeres que han perdido la vida, pues no se atiende a los huérfanos ni se busca reparar el tejido social.
Por todo ello se consideró a las observaciones del Grupo de Trabajo-Conavim y a la propia Alerta de Género por Violencia Feminicida, como “medidas superficiales” que no modifican el origen del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas en el estado de Zacatecas.
La Unidad de Colectivos para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas también expuso que desde marzo pasado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, están a la espera de que se cumpla para ellas el derecho de audiencia solicitado al gobernador del estado, pues desde entonces, y luego en una segunda ocasión en junio del mismo año, han solicitado hablar con él y aportar a la solución de las violencias contra las mujeres y en concreto a la feminicida.
Para que se realizara esa audiencia incluso, hubo el compromiso de mediar por parte del subsecretario de la cartera de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y aun un exhorto desde la Cámara de Diputados, que no han surtido efecto alguno.
El colectivo se manifestó crítico asimismo, del proyecto de prevención de la violencia contra las mujeres que concretaron el Gobierno del Estado y las autoridades de la Universidad Autónoma de México, en cuya elaboración se excluyó a los estudiantes.
Lo consideró “insuficiente”, mientras que a la postura de la administración central de la UAZ, la calificó de “laxa” frente a la indignación que generó el caso de la muerte de Cinthia Nayeli en la comunidad estudiantil.
Tomaron la palabra para exponer la postura del colectivo, Lydia Vázquez Luján, Mara Muñoz Galván, Emilia Pesci Martínez, y Sahara Calderón Samaniego.
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