(segunda parte)
El proceso de democratización en México ha tenido varias etapas: primero fue la liberalización, o apertura, del régimen, lo que devino en nuevos derechos y posibilidades de participación política, expresadas, principalmente, en el ámbito electoral; luego la ampliación de la representatividad plural, junto a un activismo creciente de sectores que habían estado ajenos a los procesos de esta naturaleza, hasta llegar a los gobiernos divididos y las alternancias (locales y nacionales), pasando en todos estos años por lo que Mauricio Merino ha denominado la “Segunda transición”, en la que se ha construido, con una intensa participación ciudadana, un sistema, más o menos “completo, articulado y coherente de rendición de cuentas”.
Como bien lo expresa el autor citado: “luego del exitoso esfuerzo que emprendió en la última década del siglo pasado para construir un nuevo sistema electoral que le permitió transitar de manera pacífica de un régimen de partido prácticamente único a una democracia pluralista, la agenda pública comenzó a enfocarse en la crítica hacia las formas tradicionales de ejercer la autoridad ganada en las urnas.” O sea, en la rendición de cuentas.
Pero habrá que aclarar que este esfuerzo no estuvo, necesariamente en todo momento, impulsado por la clase política, pues una vez que el acceso al poder y la representatividad se pluralizó, también lo hizo la comodidad con la que muchos decidieron ejercer el poder, amparados por la falta de mecanismos para ser llamados a rendir cuentas y a responder de sus actos, decisiones y omisiones.
En esta “segunda transición”, la construcción de una arquitectura institucional que permita a los ciudadanos exigir argumentos, explicaciones y resultados a sus gobiernos, ha sido más bien una tarea emprendida desde la academia y la sociedad civil, a la que los partidos políticos han ido accediendo por la presión que se ha ejercido sobre ellos.
Todo lo anterior se ha logrado gracias a una transición cierta, evidente e innegable, de una sociedad ajena al activismo civil, a una que cada día delibera y actúa más. No es posible decir que no sucedía antes, lo que es importante destacar es el proceso de madurez que han tenido estos esfuerzos, lo que se manifiesta en la articulación de causas y el diseño de estrategias exitosas que permiten a los conglomerados ciudadanos imponer agenda sobre sus representantes.
María Amparo Casar (Los sonidos del silencio. Nexos, 456), lo escribe atinadamente: “Con todas sus insuficiencias la sociedad hoy habla, grita, debate y se manifiesta. Lo hace en las calles, en la prensa, en la radio y la TV, en la redes, en los desplegados, en los libros, en los coloquios, en los reportes de los think tanks y en cuanto foro público se inventa”.
Como resulta evidente la sociedad mexicana ha ido asimilando los cambios políticos y constitucionales a su favor, y sobre todo, como instrumentos de participación que han resultado efectivos, si atendemos a los fenómenos recientes de influencia social sobre las decisiones gubernamentales, logrando incidir en el diseño, implementación e incluso en la evaluación de las políticas públicas, las acciones y determinaciones de los tres poderes tradicionales, así como de los órganos del Estado que han sido creados justamente en razón de lograr una rendición de cuentas horizontal (según la teoría de O’Donnell).
Ya no solo resulta lógico y casi un hecho inherente, que al Poder Ejecutivo se le pida apertura, transparencia y explicaciones sobre sus decisiones, cada día más se impone esta dinámica al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y hay que apuntar que a ambos les falta aún mucho por aprender al respecto, pero los avances parecen ciertos.
Pero aún nos falta camino por recorrer. Aún sigue siendo un sector minoritario el que se ha formado, el que es distinto al que, hace más de cuarenta años señaló Arnaldo Córdova (La formación del poder político en México): “… las masas populares no se han reeducado políticamente, no se han modernizado, en ellas sigue dándose el culto más empedernido y más desenfrenado a la autoridad del poder”. Justo es decir que mientras que las desigualdades y principalmente de carencias, convivan con la democracia electoral, no habrá más civismo que el de los que pueden darse el lujo de atender a la política, sin dejar de atender sus necesidades más básicas. ■
@CarlosETorres_
*Miembro de Impacto Legislativo.
