(Primera parte)
El país ha logrado dar un salto en materia de combate a la corrupción. Con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha dejado atrás la idea de una “Comisión anticorrupción” o un “Tribunal de cuentas”, ambos, órganos insuficientes para responder a un fenómeno sistémico y complejo como lo es éste.
Además de lo anterior, el proceso legislativo que dio origen a las Leyes que conformarán el sistema, atendió con inteligencia política la realidad innegable de un país que sigue democratizándose, si entendemos por democratización no sólo el hecho de contar con instituciones electorales sólidas, sino también con la innegable concientización de la sociedad sobre la importancia de su participación en democracia, ostentándose ya no sólo como “dueña original de la soberanía”, sino como un actor fundamental que propone, promueve, presiona, condiciona y controla a sus representantes y funcionarios.
Así en la discusión, análisis e incluso promulgación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se ha podido constatar la importancia y fuerza de una sociedad civil que ha hecho suyo un tema que le toca abanderar sobre cualquier otra instancia política; dado que la rendición de cuentas es, más que un control político entre poderes u órganos del Estado, un ejercicio en que éstos deberán confrontar sus actos, con el ciudadano, ejerciendo éste así, un control directo de lo público, generando opinión y tendencia para lograr consecuencias, éstas sí, a través de las instituciones constitucionales correspondientes.
Como ha escrito Ackerman, se trata de un concepto expansivo de rendición de cuentas, que evidentemente contiene elementos de democracia, en ambos sentidos, como la institución fortalecida, pero también como la causa de esta dinámica de interacción política; a su vez implica un alto nivel de participación ciudadana.
Coincidamos en un punto: las diversas transiciones que inició nuestro país a finales del siglo pasado (política, económica, jurídica, social, demográfica, tecnológica, etc.), han traído como consecuencia la reconfiguración de un México distinto, con mexicanos con orígenes definidos en el pasado, pero con un presente de expectativas más informado (no significa “mejor informado”), mucho más crítico y sobre todo: más exigente; cada vez más social y cada día menos incrustado en el “laberinto de la soledad”, cada vez menos desconfiado y más articulado a su entorno.
No siempre les queda claro esto a nuestros políticos, quiénes apenas alcanzan a percibirlo en distintos momentos de este nuevo rostro del mexicano. La fuerza con la que incursionaron las organizaciones civiles que participaron en la redacción y promoción de la multicitada, iniciativa ciudadana “Ley tres de tres” (Ley General de Responsabilidades Administrativas), sentó a nuestros políticos frente a más de seiscientos treinta mil mexicanos hartos de la corrupción, pero sobre todo, de los mecanismos jurídicos que permiten la impunidad, sin que se divisara la voluntad política suficiente para cambiar de fondo la arquitectura institucional que la permitía.
Ahí ha despertado la posibilidad de una nueva transición: la cívica. La demostración de que el nivel de ciudadanía se está elevando, y con ello, inevitablemente la calidad de nuestra democracia. El elemento que durante la post-alternancia pareció ausente ha reaparecido, sólido, fortalecido, propositivo, dinámico y solidario: el ciudadano.
Durante el proceso de gestación de la transición democrática, fortalecimos a los partidos, como instituciones que permitirían la pluralidad política y con ella, la rendición de cuentas institucional, de manera tradicional. En el proceso, se supuso, la ciudadanía se fortalecería como consecuencia del debate y la confrontación democrática. Los partidos y sus agentes fueron capaces de pervertir esta posible bondad de la competencia electoral, a través del clientelismo.
Sin embargo hubo cotos (principalmente en la clase media), en los que dicha perversión no penetró patológicamente, evidenciándose hoy como la oportunidad para un nuevo proceso de democratización, a partir del concepto más acabado de una democracia liberal con participación social sustantiva: la rendición de cuentas en la lógica de la gobernanza; es decir: no sólo la rendición de cuentas interinstitucional (al interior del Estado y sus órganos), sino una rendición de cuentas democrática, con participación social permanente, como observadora y denunciante de lo incorrecto.
Aquí es donde podemos encontrar un triángulo inédito en nuestra historia: el proceso de democratización, evidenciado a través del ejercicio cívico-político de rendición de cuentas, ambos insertados en la dinámica de la gobernanza, con la participación de elementos no estatales (asociaciones civiles, iniciativa privada, organizaciones sociales, instituciones académicas). ■
*Miembro de Impacto Legislativo
@CarlosETorres_
