En un reciente artículo del blog de la sección Anticorrupción de la revista Nexos, de la asociación Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad, Fernanda Galicia, realiza un interesante análisis sobre la falta de designaciones en los sistemas nacional y locales anticorrupción. En él expone, como de 76% de sistemas que tenían pendiente una designación para el primer trimestre del año, para el mes de octubre, esta cifra había ascendido a un 88%. Es decir, no solo no se avanzó al respecto, sino que se retrocedió. El fenómeno es tan amplio (como lo demuestra la cifra misma de 88%) que abarca a Legislaturas y Ejecutivos de todas las expresiones políticas y partidistas hoy coexistentes en nuestro sistema de representación.
Considero necesario decirlo: fui y sigo siendo un entusiasmado promotor de las bondades de la reforma en materia de combate a la corrupción que dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos locales. De ello abunda constancia en estas mismas páginas desde hace casi una década. Mismo lapso que tiene de existir, sin lograr implementarse a cabalidad y con éxito, dicha reforma. En su momento aplaudí el diseño, pues (sigo creyendo) éste articula y sistematiza los mecanismos, instancias e instrumentos institucionales, sumándole un elemento en clave gobernanza que es la participación de la ciudadanía no partidista con un enfoque no burocrático, sino de incidencia social. Sin embargo, siempre estuvo presente el riesgo de que dicho sistema no lograra convocar la suficiente legitimidad y acompañamiento que incentivara la necesaria voluntad política para que la clase política le diera el respaldo suficiente y con ello la oportunidad de lograrse. Hoy, con las cifras que ofrece Fernanda Galicia, ese riesgo toma forma, se aleja de la estadística y demuestra que, es momento de aceptar que el modelo no va a funcionar. Aceptémoslo: no logró los suficientes incentivos, ni el compromiso ni fuerza e impulso, para una implementación efectiva.
Lo anterior, desde luego, no implica que deban abandonarse las causas, ni los objetivos que dieron origen a tal política de Estado, sino que, es necesaria una reflexión, tanto autocrítica como realista e inclusiva, que nos lleve a replantear el diseño de dichos sistemas.
También hay que enfrentar una realidad: el modelo de democracia de lo que se ha llamado el régimen de la transición se encuentra hoy, por lo menos cuestionado sino es que agotado, con todo lo que ello pudiera inconformarnos a quiénes sostenemos que la democracia constitucional es la mejor opción para nuestro país y nuestras comunidades políticas. En ese sentido, cabe llamar a la astucia, creatividad e iniciativa. Hay que adaptar a las instituciones del Estado mexicano, para esta nueva etapa que, nos guste o no, es una realidad. En ese sentido, propuestas como la de reducir los costos y reestructurar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, me parece que están en la ruta correcta. También considero que procurar la permanencia del INAI y, sobre todo, los derechos e instrumentos que garantiza, debe ser una prioridad en la causa de la política de Estado en materia de rendición de cuentas.
En el mismo sentido de lo que se expuso anteriormente, uno de los errores que no pueden desconocerse de ese régimen democrático de la transición fue la distancia, que se fue acentuando, entre la población en general y el desempeño de sus instituciones, así como un problema (persistente) en la mejora de la calidad en la representación política. Hoy, todo órgano del Estado debe entender que, legitimarse, ganarse la confianza, credibilidad y respaldo social, es inherente a su desempeño, su rol y eficacia en el modelo político actualmente vigente y que en ello mismo se juega su existencia y resistencia.
*Las opiniones aquí vertidas, son de carácter estrictamente personal, por lo que, no necesariamente exponen la postura o posicionamiento que el autor pudiera tener en otros roles desempeñados en su vida pública y profesional.
