Este 5 de diciembre, se llevó a cabo el taller «Prevención de la violencia y el delito: Propuestas desde un enfoque para una seguridad humana de los y las habitantes», en el aula del Cozcyt. Este evento, que se desarrolla dentro de las capacitaciones del 2 al 6 de diciembre, está dirigido a personal administrativo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y personal de Gobierno del Estado de Zacatecas, con el objetivo profundizar en la construcción de paz y la seguridad humana desde una perspectiva integral que va más allá de la simple aplicación de medidas de seguridad.

Los coordinadores María Luciana Casal y Carlos Alberto Alessandro, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas de Prevención Social del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), introdujeron un enfoque renovado sobre cómo abordar la violencia y la seguridad desde un contexto de salud pública, justicia social y equidad proporcionando herramientas a los participantes para que, desde sus áreas de trabajo y la educación puedan contribuir a la construcción de un entorno más seguro y justo para todos.

Se hizo hincapié en la construcción y diferenciación de los conceptos de seguridad y protección, fundamentales en el marco de la seguridad humana. La seguridad se refiere a la protección contra amenazas externas, como delitos o situaciones de riesgo, garantizando un ambiente libre de peligros. En cambio, la protección está más relacionada con el cuidado y la preservación de las personas en contextos específicos, como la salud, el bienestar social o los derechos humanos, asegurando que no sufran daños o vulnerabilidades. Por lo que conocer y diferenciar la narrativa y conceptos que incluye ayuda a tomar acciones eficientes. 

El concepto de violencia, también fue esclarecido, aunque tradicionalmente se asocia con actos directos y visibles como las agresiones físicas, debe ser entendido de manera más amplia. Se propuso redefinir la violencia no solo como un acto físico, sino como un fenómeno estructural relacionado con la desigualdad social, económica y política. La discriminación, la falta de acceso a servicios básicos y la omisión de políticas públicas son también formas de violencia que afectan de manera directa a las comunidades más vulnerables.

Asimismo, se destacó la prevalencia de la violencia estructural en América Latina, región que sigue siendo una de las más violentas del mundo, especialmente en términos de homicidios. Los datos presentados mostraron que las tasas de violencia en Latinoamérica superan el promedio global, un fenómeno que está intrínsecamente ligado a la inequidad social. La pobreza, el acceso desigual a los recursos y la concentración del poder y el ingreso son factores que alimentan esta espiral de violencia.

Los coordinadores señalaron que las políticas de prevención deben ir más allá de la simple respuesta de seguridad o judicial, y centrarse en atacar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad en la distribución del ingreso y el acceso a recursos. De acuerdo con los expertos, solo mediante la reducción de las inequidades sociales se podrá disminuir la violencia de manera duradera.

Uno de los puntos clave del taller fue el análisis del impacto del hacinamiento, un problema particularmente grave en América Latina. Se reveló que el 55 por ciento de los hogares en la región viven en condiciones de hacinamiento, lo cual no solo afecta la calidad de vida, sino que incrementa significativamente los índices de violencia. En este contexto, se discutió cómo la falta de espacios adecuados en las viviendas contribuye a generar tensiones emocionales y sociales, lo que puede desembocar en agresiones físicas y psicológicas.

Incluso se hizo la reflexión sobre el impacto del hacinamiento en la educación. Se discutió cómo las condiciones de vida en hogares hacinados afectan la concentración de los estudiantes y su capacidad para aprender. El taller enfatizó que los docentes deben estar conscientes de estas realidades y actuar no solo como transmisores de conocimiento, sino como agentes de apoyo emocional que puedan identificar las necesidades de sus alumnos y contribuir a su bienestar general.

En este sentido, la educación es un pilar fundamental para la construcción de un entorno seguro y protector. Los educadores no solo deben ser transmisores de conocimiento, sino también agentes que fomenten valores de respeto, empatía, convivencia pacífica y tolerancia. Al promover una cultura de paz desde las aulas, los maestros contribuyen a la formación de ciudadanos comprometidos con la no violencia y la resolución pacífica de conflictos. Además, deben ser capaces de reconocer las realidades sociales y emocionales de sus estudiantes, entendiendo que muchos de ellos pueden estar viviendo en situaciones de vulnerabilidad que afectan su desarrollo y bienestar. 

Por otro lado, los funcionarios públicos y las dependencias tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas de manera coordinada y con acciones realmente integradas, para evitar intervenciones excesivas. Estas políticas deben ir más allá de responder a las crisis inmediatas de violencia, y enfocarse en abordar las causas profundas de la inseguridad, como la desigualdad social, la falta de acceso a servicios básicos, la pobreza y la discriminación. En este sentido, los esfuerzos para reducir la inequidad social, mejorar el acceso a la educación y fomentar espacios de participación inclusiva son fundamentales para crear un entorno de protección para todos los ciudadanos.