Cuando observamos una cierta conformación del espacio urbano, no se ve directamente lo que lo hace ser justo así, y por tanto, da la impresión de neutralidad o naturalidad. Pero esa naturalidad oculta la realidad o la esencia del espacio, y por lo mismo, lo dota de una autonomía que no tiene. Por el contrario, mirar la esencia del espacio nos permite visualizar aquello que lo conforma: las relaciones sociales. Es decir, la estructura urbana es la forma espacial de las relaciones sociales. Lo cual significa que para modificar las formas urbanas hay que cambiar los patrones sociales; pero lo más interesante es que se puede pensar al contrario también: modificar formas urbanas puede detonar cambios en las relaciones sociales. Y será justo esto último, lo que nos permitirá pensar una estrategia de reforma urbana.

Para hacer posible que la dinámica urbana se convierta en un movilizador del aumento del desarrollo humano, deberemos pensar en un tipo específico de reforma de la estructura de las ciudades. Con ello, tendremos claridad de cuáles programas deberemos de promover para impulsar el desarrollo humano en y desde la ciudad.
Estamos de acuerdo en concebir el derecho a la ciudad como el derecho a transformarla en una estructura generadora de desarrollo humano. Y como el proceso generatriz de dicha transformación es la capacidad de agencia de sus pobladores, entonces la pregunta se dirige a las dinámicas y estructuras urbanas que potencien la capacidad de agencia de los actores sociales proclives al desarrollo humano. La pregunta la podemos expresar de la siguiente manera, ¿qué programas e instrumentos de reforma urbana pueden inducir la distribución social del poder, la desfragmentación social, la dotación universal de infraestructura y la planeación estratégica con ordenamiento territorial? Esta relación entre estructura social y agencia, la debemos cuestionar en dos niveles, ¿qué estructuras-estructurantes pueden provocar los cambios esperados para detonar una reforma urbana? Y ¿qué hacer para llegar a la conformación de dichas estructuras-estructurantes?
Creo que debemos pensar en tres ejes programáticos para lograr hacer de la ciudad un móvil de Desarrollo Humano, les llamo a cada eje de la siguiente manera: (1) conformación de centros urbanos de integración social; (2) impulsar estructuras de representación social de enlace Estado-sociedad civil en el municipio; y (3) cambios legislativos orientados al presupuesto
participativo.

Centros urbanos de integración social. Pasamos de una ciudad mono-céntrica a poli-céntrica. El centro-histórico fue disminuyendo su importancia ante la emergencia de Distritos Centrales de Negocio (DCN), en donde, a partir de la ubicación de las élites en zonas periurbanas, centros de comercio y servicios se agrupan y forman economías de aglomeración. De hecho, la ciudad se estructura a partir de estos nuevos centros; y a partir también de los procesos de segregación espacial de los pobres, como fenómeno inverso a los centros. Pues bien, estos centros no se estructuran con ningún criterio de Desarrollo Humano, al contrario. En contraste, debemos pensar en conformar polígonos urbanos que conformen un distrito urbano, y crear en estos últimos, Centros de Integración y Servicios (CIS), que estimulen el mercado interior (por corredores de economía solidaria), espacios deliberativos y
conversacionales, difusión de la cultura y formación de competencias, el cuidado de la salud y la conexión digital. Un CIS organiza y estructura un Distrito o polígono territorial alrededor de la distribución de mercancías locales, y estrategias de reconstrucción de lazos sociales y formación de competencias para formación de actores sociales para el Desarrollo Humano. Es ingresar el concepto de comunidad en la estructura urbana. El diseño de la arquitectura del CIS es de la mayor importancia, porque los espacios deliberativos, conversacionales y de mercado, con los de formación, deben tener una conexión tal que provoquen sinergias en dichas funciones.

Nuevas estructuras de representación social. Los espacios de deliberación anteriores, deben dar paso a una estructura que no represente a partidos políticos, sino directamente a los territorios y sectores. Actualmente, el cabildo es una representación de partidos políticos, y con lo cual las decisiones no van orientadas a la aprobación de proyectos de desarrollo humano, sino a la reproducción de la clase política. La estructura puramente partidaria de la representación está atorando el flujo de iniciativas de desarrollo orientado a la equidad. Una estructura donde se represente a los territorios y los intereses sectoriales, puede modificar radicalmente los criterios en las decisiones tomadas. La estructura que se puede construir es un Parlamento Municipal. La unión de los Distritos de Integración Territorial con el Parlamento, reconforma las dinámicas de la ciudad en función de los espacios urbanos construidos para la democracia, el mercado interior y la educación.
Cambios legislativos para el presupuesto participativo. Si no se impacta la hacienda municipal, será imposible que camine el enfoque propuesto. La estructura de ingreso que impulse los ingresos propios y el presupuesto de egresos definido no por el cabildo, sino por el parlamento, construye una dinámica participativa que permite afianzar la capacidad de agencia promovida desde los CIS. El presupuesto participativo impulsa la necesaria conformación de un plan municipal técnicamente justificado y avalado democráticamente.
Con estos tres ejes programáticos, es muy probable la reconformación de la estructura urbana, que a su vez, impulse proyectos y dinámicas sociales orientadas al Desarrollo Humano: equidad, cohesión social, ingreso y agencia permanente. ■

Desde los años 70 del siglo pasado, el fenómeno de las desapariciones forzadas, bajo la sombra de las autoridades de seguridad del Estado, comenzó a manifestarse en el marco de la lucha contra las guerrillas con un número aproximado de mil 500 casos.

Dos décadas después, sobre todo a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, este fenómeno se ha incrementado gravemente al punto de que los registros oficiales hablan de 26 mil casos, aunque el número podría ser mayor porque una buena parte no se denuncia por temor.
A partir de 1997 la agrupación Human Rights Watch comenzó a señalar las desapariciones forzadas en el norte de México. En ese año, el estado con mayor número de casos era Baja California, pronto siguieron sus pasos Chihuahua y Tamaulipas, y luego Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Morelos y Michoacán.

En algunos de estos estados, las leyes que establecían el tiempo para declarar a una persona como desaparecida fueron cambiadas en un intento de alargar ese periodo y de esa manera diluir el espinoso problema que ya tenía, con el aumento de casos y las demandas de miles de familias por encontrar a sus seres queridos.
Algunos de los casos de desapariciones eran de gente especializada en oficios o profesiones que interesaban especialmente a los grupos del crimen organizado. Se trata de electricistas, albañiles, ingenieros civiles, arquitectos, campesinos, químicos, médicos y técnicos en cibernética, a los cuales ponían a trabajar en sus campos, laboratorios y centros de producción.
A pesar de las miles de denuncias expuestas en organizaciones nacionales e internacionales, la oleada de desapariciones forzadas ha continuado tomando nuevos perfiles y nuevos rumbos.
Ya no se trata ahora de gente especializada en algún oficio, ahora son grupos de campesinos, migrantes y muchos jóvenes que son extorsionados u obligados a trabajar bajo sus órdenes.

Tampoco se ha centralizado en algunos estados. Otras regiones del país ya sufren este problema, una de ellas la Ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México.
La reciente desaparición de los jóvenes de Tepito en el bar de la Zona Rosa y los otros cinco del bar en la colonia 18 de marzo al norte de la Ciudad de México, son dos casos que se han denunciado públicamente y que muestran que este fenómeno que va aparejado con el empoderamiento del crimen organizado no se detiene.

Es casi seguro que hay más desapariciones forzadas en el Distrito federal y el Valle de México que hasta el momento no han sido denunciadas o hechas públicas. Pero es evidente que distintas bandas del crimen organizado están operando en toda esta enorme mancha urbana que potencialmente representa el mercado de consumo más atractivo del país porque la mayor parte de la población es joven.
Paradójicamente, las autoridades capitalinas y mexiquenses están más preocupadas por aparentar que tienen controlada la situación y que el crimen organizado no está instalado en la sede del poder federal.
Pero las evidencias muestran lo contrario: colonias y barrios como Tepito, Iztapalapa, Ecatepec, Cuautepec El Alto, San Felipe, Tacuba, Atizapán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, entre otras, están controladas por distintos grupos. Otros más se dedican a dominar el mercado de consumo en bares y restaurantes de colonias, como Condesa, Roma, Centro, Aragón, Anáhuac, Morelos, Doctores y Juárez, bajo la mirada complaciente o corrupta de las autoridades.

Las desapariciones que se han registrado en la ciudad de México no son casos aislados como las autoridades pretenden hacer ver, son parte de un fenómeno nacional que no ha podido ser detenido por una simple razón, por la incapacidad que los tres niveles de gobierno han mostrado para combatir al crimen organizado y la impunidad que reina en todas las instancias de seguridad y procuración de justicia. ■

Por definición, las elecciones intermedias sirven para conocer de primera mano el nivel de aceptación del gobierno en turno, en cualquier administración (ya sea estatal o federal). Igualmente, por su naturaleza, la elección intermedia define la integración legislativa más importante en los sexenios de gobernadores y presidentes. Son los últimos tres años para comenzar a forjar los resultados de un programa de gobierno, y dar paso al reacomodo de fuerzas políticas en busca de la sucesión o la alternancia..

Bajo esas premisas, la ambición de los grupos de poder por colarse en la recta final de un gobierno, exige mayores costos y consensos clave a la hora de generar las estrategias que los lleven a posicionarse hegemónicamente, o al menos como la contraparte que legitimará la siguiente administración.
El desafío no es menor que la madre de las elecciones a nivel local, cada seis años. Por las condiciones específicas en que se encuentra un gobierno, aquí el análisis prospectivo sirve de herramienta facilitadora para construir escenarios a favor o en contra de la continuidad, o el cambio de grupo o partido en el poder.

Para la elección local del próximo 7 de julio, esta vez me remitiré a exponer elementos prospectivos esenciales que permitan visualizar las condiciones con que se enfrentará el grupo de poder alonsista, una vez que ha trazado algunas directrices hacia la sucesión. Son las mismas condiciones que enfrentarán, a su vez, los grupos políticos antagónicos que pretendan encabezar la próxima administración estatal.
El primer elemento, y de mayor preocupación –incluso por encima de los índices de violencia en el territorio– es la deuda que acarrean los municipios del estado. En 2012, la Asociación de Alcaldes del Estado de Zacatecas mencionaba que según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cerraríamos el año con una expansión de la deuda, alrededor de los 256 millones de pesos.
Porcentualmente, la SHCP encontró que la deuda total de municipios creció 43.9 por ciento del último trimestre de 2009, al tercer trimestre de 2012, al pasar de 85 millones 200 mil pesos a 122 millones 600 mil pesos. Esto debido al decrecimiento que tuvieron los municipios en las transferencias efectuadas desde la Federación por concepto de participaciones, y que tuvieron que suplir mediante compromisos crediticios.

Con ello dejamos fuera cualquier argumentación que explique que el recorte de participaciones se debió al escenario electoral federal del año pasado. En su momento podría haber incidido la hipótesis electoral, pero cuando las cifras reflejan un crecimiento del endeudamiento desde 2009, entonces el problema debe de buscarse en la economía y finanzas locales.
Trasladando estos obstáculos a la lógica de las elecciones intermedias, pintar de tricolor la mayoría de los municipios zacatecanos le permitiría al grupo alonsista gestionar –so pretexto de amistad con el presidente– que la deuda de buena parte de la administración municipal sea subsanada desde las arcas públicas, celosamente vigiladas por Luis Videgaray.
Apenas un intento por no dejar en condiciones desfavorables a quien pretenda instalarse en el gobierno, en 2016. Lamentablemente, en el fondo, la dinámica de la dependencia de las participaciones, y la contratación de deuda ante el panorama de los números rojos, no alcanza a replantear el horizonte económico de nuestra región.
El PRI zacatecano debió de elegir a cuadros probados en la gestión de recursos municipales, que no es otra cosa que la capacidad de consenso con los diputados federales de oposición –con quienes el gobierno se comunica con tajantes mutis–, para poder armar paquetes presupuestales pertinentes que mantengan a flote los huecos monetarios del estado.

El grupo en el gobierno parece no desprenderse si quiera un poco de la política y el rumor interno. Sus esfuerzos han buscado dividir a la clase política (esa misma que necesita para poder gobernar), y con ellos lograr amasar en un gran partido (a su vez también dividido) a todas las expresiones cercanas de quienes administran la gestión del actual mandatario.
Lejos de ser un partido local sin identidad (como muchos otros alrededor del mundo), muestra uno de los síntomas realmente graves en esta forma de vida política auspiciada por el pragmatismo: la carencia de objetivos concretos que permitan redirigir la mancuerna política económica de la población zacatecana. Al final el pragmatismo –usado de manera inteligente– sólo es un medio para conseguir un fin.
Para completar el panorama complejo en que se encuentra el estado, la estrategia de contención de la delincuencia organizada vive dislocada en los tres órdenes de Gobierno. La falta de un poder institucional incuestionable ha permitido que los vacíos se sigan llenando desde las trincheras del crimen transnacional. Como ejemplo las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial, que ha puesto a Zacatecas como una de las rutas de traslado de mercancías más peligrosas en la actualidad. ■

[email protected]

La actual pugna sobre la reforma educativa se inscribe en el largo trayecto neoliberal al fin de prefigurar para el capital y el estado, un futuro despejado de problemas y gastos respecto a las pensiones del magisterio, acotadas desde hoy, ¿o desaparecidas? Es un trasfondo de la pugna SEP-Chuayffet V/S magisterio/SNTE-CNTE. A la oficialidad no interesa debatir sobre educación, su presente, problemas o futuro. Tampoco le importa la diversidad de ambientes ni dónde ni cómo ocurre la educación, cuando ocurre, sino recortar desde hoy el futuro presupuesto y gasto, que sustentarán con precariedad las condiciones de trabajo y vida, de millones de maestros en activo o liquidados, o jubilados, ¿los menos? Hoy no se percibe la futura infraestructura de salud ni de servicios que se ofrecerá como contra peso a las magras, ¿cuán efímeras? percepciones monetarias. Las cifras que dibujan el futuro, apabullan: si en México, durante el sexenio de Calderón H. 7 millones de personas transitaron hacia la pobreza, ¿qué será de ellas y cuántos millones más se sumarán con esa condición, al final del sexenio de Peña Nieto? Con todo y los problemas de método para hacer la estimación, habrá millones de mexicanos con inseguridad alimentaria, pobres ingresos o sin ingresos y un acceso limitado a servicios de salud. Ni qué decir de su pobreza en infraestructura urbana o cultural.

A sabiendas de que los jóvenes de hoy, serán los seres humanos maduros del mañana, Armando Bartra afirmó que los movimientos sociales juveniles que estallan en todo el mundo son la esperanza para transformar la incertidumbre y la angustia, generadas por la crisis del sistema económico. De hecho, para él la crisis también es una práctica social transformadora, ya que el surgimiento de movimientos sociales simboliza la posibilidad de un mejor futuro. A pesar de que los gobiernos sigan anclados en su visión política y económica, hay jóvenes que se rebelan ante las recetas del Banco Mundial, y del Fondo Monetario Internacional, basadas en el Consenso de Washington. La cuestión de si los jóvenes transitan de la acción colectiva contestataria a una lucha revolucionaria y reivindicativa por las demandas que quieren satisfacer o si eso es “algo fundacional en las nuevas experiencias de la crisis” y despuntara una cultura en remplazo a la anterior. Citó para ilustrarlo a un joven de Grecia: “vivimos dentro de su sistema, vivimos entre ellos, pero pensamos, actuamos, respiramos, como si estuviéramos más allá de su mundo cerrado”.
¿Hasta dónde se puede llegar a intervenir el actual mundo neoliberal y su decadencia, desde esa particular lucha por la dignidad? Y la mente evoca el actuar del EZLN, ¿será una “utopía”, ‘como experiencia presente’, diría Bartra? Una en movimiento, sobre su territorio y sus pies. ¿Una lucha cotidiana por existir, construir y vivir culturalmente de manera distinta al arquetipo neoliberal de desarrollo? ¿Hasta dónde, hasta cuándo?
Sergio Zermeño aporta a la reflexión: “Las sociedades que mejor viven, son aquellas en las cuales las personas tienen poder en lo social”. ¿Los caracoles podrán ser un ejemplo? Sí, muestran que son sociedad y en ellos hay densidad social. ¿Qué los sostiene? Su localidad y su densidad que implican
comunicación, organización para el trabajo o la lucha, si se requiere. Y todo para trabajar y vivir bien, incluso con las restricciones asumidas y procesadas por el estar en lucha y hacer al mismo tiempo lo que se hace en paz: una vida social y cultural, ¿que resulta de tener y cultivar “una relación de tú a tú con la política”, cuyo movimiento, a la vez sencillo y complejo, equilibra y estabiliza a los sujetos, los construye a ellos y a su “inmediata” sociedad? Estado de guerra, economía y sociedad, están juntos sobre la base política que desarrollan y sostienen. ¿Con todos los riesgos, los integrantes de los caracoles así construyen su calidad de vida, posible por los equilibrios de poder que se dan, al estar incluidos todos sus integrantes?

Esa otra forma de hacer política despunta en los límites, en los pequeños espacios cotidianos, sin necesidad de echar mano de todo el aparato que traen miles de candidatos zacatecanos en búsqueda, a través del voto, de un trabajo seguro y bien remunerado por los próximos tres años. ¿En qué momento iniciarán a colaborar a resolver los problemas económicos, sociales y políticos de manera distinta, a sólo gestionarlos por el tiempo que dura su representación? Resolverlos exige otra mentalidad o disponibilidad y darse a intentar construir un modo de vida distinto que despunte una novedad sustentable en las ásperas tierras de nuestro estado, justo donde están plantados, el corazón y mente de nuestros paisanos. ¿Ahí yace su potencia política para cambiar e innovar, su capacidad de trabajo y sus posibilidades de futuro? ■