No hace mucho tiempo visitó la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para impartir una conferencia relacionada con los representantes de elección popular.
Siempre he tenido la preocupación del por qué no se requiere la escolaridad para ocupar esos cargos. Basta con la edad; no desempeñar cargos en la administración pública (a menos de que se separe definitivamente 90 días antes de la elección); no ser ministro de algún culto religioso, tener la calidad mexicana, ser originario del estado donde se haga la elección, estar en pleno ejercicio de sus derechos, no ser funcionario del IFE, no estar en servicio activo en el Ejército federal (cuando menos 90 días antes de la elección) y no ser reelecto para el periodo inmediato.

Otro requisito no, sólo esos. Los artículos 55; 58, 115 y 116 de la CPEUM, así como los relativos de la Ley Electoral, y de la CPEZ, no hacen referencia que el Presidente de la República, los diputados federales, senadores, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores, síndicos y el jefe de Gobierno del D.F., deben reunir algún grado de escolaridad. Esta laguna, permite que todo ciudadano pueda aspirar a un cargo de representación popular sin la debida preparación.
Pregunté entonces al conferencista su opinión al respecto, y le argumentaba que en su mayoría esos representantes, sobre todos los legisladores, deben conocer de leyes porque constituye su herramienta de trabajo, para ello, no sólo deben saber leer sino también interpretar el contenido de las disposiciones para conocer y determinar sus alcances entre la población. Respondió que no se podía tomar en cuenta la escolaridad porque entonces se corría el riesgo de tener representantes de clases sociales. Es decir, unos para la clase que sí sabe leer y tiene preparación profesional, y otros para quienes no han tenido la posibilidad de cursar los estudios elementales, mucho menos una carrera profesional.

Ni antes ni después del comentario de Carbonell, he tenido convencimiento sobre la ausencia constitucional respecto de la escolaridad exigible para los representantes populares. Al amparo de esta situación, asumen cargos personas ajenas no sólo a la realidad, también desconocen el marco jurídico, y además, se encuentran desprovistas de toda lógica.
El acto que presidió en la Macroplaza Zaragoza de Monterrey, Nuevo León, la señora Margarita Alicia Arellanes Cervantes, alcaldesa de extracción panista de ese lugar, el sábado 8 de este mes y año, durante un evento religioso denominado Monterrey Ora, que fue realizado por Alianza de Pastores de dicha ciudad, no es más que una clara evidencia, de la necesidad que existe para que los representantes populares, acrediten un grado escolar mínimo, que permita garantizar, cuando menos, el sentido común en todas y cada una de las actuaciones que como funcionarios realizarán de cara o de espalda al pueblo.
Dicho acto consistió, en que simbólicamente la alcaldesa entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo, pidiendo que su reino de paz y bendición sea establecido. Señaló que el cambio positivo que han tenido es porque han abierto las puertas a Dios. Además, que una sociedad sin Dios puede tener: dolor, pobreza y violencia. Humildemente, extendiendo sus brazos, mirando al cielo entre ovaciones y gritos de júbilo de los asistentes, llamó a Dios para que entre a esa ciudad y la haga su habitación. Dijo también, señor Jesucristo, bienvenido a Monterrey, la casa que nos has edificado, ésta es tu casa. Gracias. Y le concedió el grado de máxima autoridad en el municipio.
Tal acontecimiento totalmente ilógico, es cuestionable además, por lo siguiente:

1.- Quiero suponer que para manifestarse como lo hizo en dicho acto religioso, la alcaldesa debe conocer perfectamente a Dios y le consta su existencia.
2.- Distingue por lo tanto, que existe una gran diferencia entre Dios y Jesucristo, como lo expone durante sus intervenciones.
3.- No declaró, ni ha declarado la fecha en la cual vendrá Jesucristo a la tierra y concretamente a Monterrey, a recoger las llaves de la ciudad que ella le entregó, y a ejercer su mandato como autoridad máxima con que lo distinguió.
4.- Tampoco ha dado a conocer cómo habrá de ser el evento.
Como vemos, tonterías fuera de lógica y sentido común.
Pero en toda esta exhibición se presentan varios aspectos jurídicos que cobran relevancia:
El primero.- Margarita Alicia Arellanes Cervantes, desconoce totalmente la aportación de las Leyes de Reforma y la repercusión que tuvieron en la redacción del artículo 130 de la CPEUM, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Este, de acuerdo con la disposición, es laico y no debe por tanto, intervenir en cuestiones eclesiásticas.

El segundo.- La señora alcaldesa desconoce asimismo, que el artículo 40 CPEUM, señala como voluntad del pueblo soberano, constituirse en una república democrática, representativa, federal y laica.
El tercero.- Desconoce también que ella, como particular puede profesar cualquier religión, pero que la investidura de autoridad que ostenta, le impide participar en actos religiosos públicos.
Hasta ahora, es uno de los absurdos que ha presenciado el pueblo mexicano de sus gobiernos panistas. ¡Lástima! ■

Apoco más de tres semanas de que tengan celebración las elecciones locales del domingo 7 de julio, las campañas de los partidos y de los candidatos independientes no levantan. Es la percepción de muchos. Los únicos que cifran expectativas en ellas y se hacen ilusiones de ganar son los candidatos, no creo que todos, pero sino son ellos, ¿quiénes? Uno de ellos ganará, pues en política no existen vacíos, y en los cargos menos. Sin embargo, lo que hasta ahora se observa es la falta de interés y la modorra como el signo y la constante. Los medios de comunicación nos bombardean a diario con espots en la radio y la propaganda en las calles y principales vías de tránsito, contribuyen a la contaminación visual con las caras y mensajes variopintos de candidatos y partidos en los que aparece la mejor sonrisa o pose y frases prometedoras, pero ni así levantan.
Desde la óptica del ciudadano común, como la de quien esto escribe, sólo se puede apreciar la generalidad de la contienda electoral. Sin embargo para los pocos o medianamente enterados, no escapan evidencias como la de que los partidos con registro adolecen de una alarmante carencia de cuadros políticos. Cuando no son los mismos que en cada elección se suceden y lo que hacen es sólo contender por cargos diferentes, alternándose las candidaturas de diputados a presidentes municipales y a la inversa (en el clásico trampolineo), aparecen nombres del todo desconocidos y sin trayectoria. Otro rasgo que se viene repitiendo en los últimos comicios es el de personajes que sin el mínimo pudor y sin escrúpulos al no ser considerados en su instituto se ofrecieron o se dejaron comprar cual meretrices de la política con el partido que les llegó al precio, les concedió lo que pedían y terminaron registrándose en el anhelado cargo que aspiraban. Chapulines les llaman. Especialmente en esto último se lleva las palmas el llamado Partido Verde Ecologista. Que lo mismo cacha y recibe en su seno a un roto que a un descocido. En esta ocasión en que el partidazo le hizo el desaire, va solito. Aunque los votos que le otorguen sus candidatos postizos no representarán su verdadera fuerza, pues más que de este partido, el mérito será de los candidatos, se verá cuál es su presencia entre el electorado. Cortado el cordón umbilical que en los últimos comicios lo amarró al PRI, por sí solo se verá qué tanto peso tiene. Algo parecido con el Panal, partido creado por la chamuscada Elba Esther Gordillo y cuyo desprestigio alcanza a los candidatos en ésta y futuras contiendas electorales.
La alianza entre panistas y perredistas es toda una incógnita. Lo que en la superficie se observa es que pareciera estarse confirmando que eso de tranzar y traicionar los principios tiene su precio. Hasta ahora, fuera de los vehículos lujosos con cargo a los contribuyentes que han estrenado, no se ve un despliegue de recursos humanos y propagandísticos de alto impacto donde se observe que la suma de militantes, prerrogativas e ideas fuerza provoquen el entusiasmo y la movilización que de esta coalición se esperaba. Pareciera con el experimento entre azules y amarillos que más que unirse para tener más peso, se estuvieran enfrentando fuerzas de signo opuesto que se repelen.
Las candidaturas independientes con todo y lo meritorio de quienes hicieron punta para abrir brecha, al parecer serán un dato para el anecdotario histórico. Estas prenden y pegan entre la gente cuando están depositadas en ciudadanos con carisma, liderazgo y trayectoria notable entre la población. No parece ser el caso de los que se registraron con esta fórmula. En este primer experimento no hubo candidatos con gran arrastre. A los más destacados que contienden por los ayuntamientos de la capital y Guadalupe, les hacen sombra su hermano y padre respectivamente. Tampoco abona a su favor la cultura política y el grado de educación cívica entre la ciudadanía, acostumbrada a ver a candidatos registrados por los partidos. Además, los independientes escasos de recursos y con bajos presupuestos no dan despensas ni incurren en prácticas de compra y cooptación del voto, como si lo hacen sus adversarios.
Mientras tanto, si hemos de creerle a las encuestas, en los principales municipios y distritos, el PRI aparece a la cabeza. En una de las últimas publicadas por Imagen, apenas el lunes pasado, para la elección de ayuntamiento de Guadalupe, el tricolor aparece arrasando, barriendo materialmente a sus más próximos adversarios, con 58.7 por ciento de las preferencias, el candidato que tiene mucho parecido con el presidente del Banco de México, le saca 36 puntos porcentuales al candidato de la alianza PAN-PRD, que aparece en segundo lugar y más de 50 al independiente. De no ser una encuesta patito de ésas que se acostumbran mandar hacer como traje a la medida, si su confiabilidad y metodología son serias, ésta como otras anteriores, anuncian un triunfo aplastante del priísmo. Lo que no tendría nada de extraño en una elección intermedia, a mitad del sexenio, donde la inercia del gobernador en turno aun prevalece y, los errores, desviaciones y corruptelas del titular del Ejecutivo y de sus funcionarios, que se van acumulando, es hasta el final del sexenio cuando se los cobra el electorado. ■

Hace unos días, el politólogo José Antonio Crespo hacía referencia en una de sus columnas al compromiso que deben mostrar los actores políticos para que funcione y se consolide una democracia. En ella menciona dos posturas divergentes o, como él las llama, “apuestas antagónicas”. Cualquiera que adopte cada partido político tendrá un impacto en el devenir democrático de un
país.

De acuerdo con Crespo, estas dos apuestas son la democrática, en oposición a una “añeja ideología revolucionaria de inspiración marxista”. La primera juega a lograr acuerdos sobre puntos en común. En ella, los actores están conscientes de las deficiencias institucionales, pero muestran una disposición proactiva de reforma y mejora continua, siempre con acato a la ley. La revolucionaria busca lograr objetivos para transformar a la sociedad, aunque para esto llegue a utilizar recursos fuera de la legalidad y de desacato institucional.

Para justificarse emplea la búsqueda de igualdad social, situación que, según sus convicciones, jamás se lograría a través del ejercicio de la democracia y en la que participa de modo meramente pragmático y temporal. Señala el autor que esta postura deja de lado el evidente fracaso del socialismo real del siglo 20 y menosprecia el éxito de equidad social logrado en lugares como Japón y los países escandinavos por la vía democrática.
En este sentido, vale la pena analizar las posturas de los principales actores políticos de nuestro país y que, seguramente, serán cruciales para que cumplan los compromisos adquiridos ante la sociedad. El “Pacto por México” representa un claro ejemplo de las posturas que puede adoptar cada uno de los partidos integrantes e, incluso, muestra las divergencias al interior de cada uno de ellos.

Hace unos días se anunció por parte del Ejecutivo federal la iniciativa de “Reforma financiera”, como parte de los compromisos pactados en enero por las principales fuerzas políticas del país. Con este acuerdo, dichos actores buscan las reformas necesarias para darle a México la (muy ansiada) oportunidad de entrar y mantenerse dentro del terreno económico internacional, por demás competido.
Un día antes se había firmado un adéndum al pacto, que establece el compromiso de blindar los programas sociales de usos electoreros. Pero, ¿en qué parte se refleja la postura revolucionaria o democrática de cada uno de los actores?
En el evento de presentación de la reforma financiera, los integrantes del pacto tuvieron la oportunidad de exponer sus posturas, incluyendo al Ejecutivo. Las diferencias en las formas y mecanismos para llegar a los determinados objetivos de cada uno de los partidos se reflejó en los discursos de sus voceros.
Como era de esperarse, el discurso del Ejecutivo, a cargo del titular de la Secretaría de Hacienda, así como del mismo Presidente de la República, se centró en puntualizar los beneficios que se obtendrían con esta reforma. Asimismo, enfatizaron el compromiso que hicieron como partido político en la campaña. Ahora bien, los discursos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) se enfocaron en alinear los beneficios y motivos de dicha iniciativa de reforma financiera con los postulados e ideales de cada uno. El PAN se dijo abierto al diálogo, externó su apoyo y cooperación para el logro de los acuerdos y resaltó el compromiso de humanismo y de cohesión que, como partido, busca para el logro del bien común. Resaltó el beneficio que conllevaría dicha reforma y prometió revisar a detalle su contenido para procurar ser congruente con su misión institucional.
De igual manera, el PRD, haciendo alusión a sus ideales, también externó su apoyo hacia la propuesta de reforma financiera. Como partido de izquierda expuso su inconformidad ante lo que ellos consideran como una práctica “agiotista” por parte de la banca (pública y privada) en nuestro país. Asimismo, hizo alusión a la supuesta indiferencia del Banco Central (Banxico) para corregir y ordenar dichas prácticas de la banca comercial. No obstante, y aún con las diferencias en sus posturas, todos los integrantes firmaron el pacto.

Quizá pueda sonar a pragmatismo puro, o incluso al logro de “acuerdos en lo oscurito” entre las cúpulas partidistas (no se tiene la suficiente información para afirmar o desmentir una u otra posibilidad) pero, pese a las diferencias ideológicas, se pone de manifiesto una forma de diálogo democrático.
En este contexto hubiera sido preocupante que los discursos vertidos por cada partido político hubieran imitado al del Ejecutivo (o partido en el poder), lo cual se hubiera reflejado en la limitación de su libertad de expresión. Es evidente que no es así. Por el contrario, cada partido expresó sus desacuerdos y diferencias, y desde su muy particular perspectiva, busca sacar provecho de cada logro, según el marco de sus propios dogmas.
En las democracias avanzadas, se requiere de consensos entre la diversidad de ideologías (partidos políticos) a fin de lograr acuerdos sobre puntos en común. Lo anterior no significa ceder por completo en todo ni el abandono de intereses propios. Mucho menos significa un “entreguismo” político y sí, muy por el contrario, visión política en pro de los propios ideales, pero a favor de la sociedad. ■