■ Integrantes del Consejo General del INE discutieron sobre la honorabilidad del ahora funcionario

■ Otra de las propuestas para el cargo fue Adelaida Ávalos, por buen resultado en examen

José Virgilio Rivera Delgadillo es el nuevo consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) durante los próximos siete años y tomará protesta el 5 de enero de 2015. Así lo determinó una mayoría calificada de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tras una larga discusión acerca de la autoridad moral o no del ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Si bien el consejero Javier Santiago puso en duda la honorabilidad de Rivera, debido a que siendo parte de la Junta Local del entonces IFE, votó a favor de nombrar consejera distrital a su sobrina Marisol Moreira Rivera; además el representante del PRD, Pablo Gómez, cuestionó la baja calificación que el hoy consejero presidente obtuvo en el examen de conocimientos (penúltimo), ocho de los 10 votantes asistentes respaldaron el proyecto de resolución de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Dicho acuerdo propuso a Rivera Delgadillo como presidente y  por un periodo de seis años a Adelaida Ávalos Acosta, Elia Olivia Castro Rosales y J Jesús Frausto Sánchez, ex consejera del IEEZ, ex presidenta de un consejo distrital, y el todavía director de Organización del instituto, respectivamente.

Por un lapso de tres años se nombró a una ex integrante de consejos distritales, Elisa Flemate Ramírez; el todavía director de Capacitación del IEEZ, Fernando Eduardo Noyola Núñez, y el ex presidente del Tribunal Electoral de Zacatecas, José Manuel Ortega Cisneros.

Desde el inicio de la maratónica sesión, el representante del PRD solicitó que se retirara el punto del orden del día, puesto que no se difundió con 72 horas de anticipación como marca la ley, sino únicamente con 13, no obstante la propuesta fue rechazada y se aludió a la fatalidad del plazo que tenían para renovar al IEEZ (18 de diciembre).

“Pareciera que nos quieren agarrar con los dedos en las puertas, circulándonos fuera de tiempo los dictámenes para llegar a plazos fatales”. Y fue ante esa situación que el perredista calificó de “patética” la propuesta de la Comisión presidida por Marco Antonio Baños, desde donde dijo, se nombró a uno de los aspirantes peor calificados entre los 27 varones concursantes de la etapa de examen.

Al momento de la discusión, se recordó que en la convocatoria de renovación del Ople Zacatecas se registraron 90 personas, dos declinaron, 77 asistieron al examen y los acreditados fueron 26 mujeres y 26 hombres, para reducirse a un total de 23 que presentaron el ensayo.

La mayoría de los consejeros, entre ellos Baños, Adriana Favela, Ciro Murayama y Arturo Sánchez, consideraron que el acuerdo no tenía algún elemento e incumplimiento de un requisito electoral por parte de los electos.

No obstante, Gómez insistió el hecho de que Virgilio Rivera obtuvo un 74.16 en la calificación, pese a haber sido consejero nacional, mientras que el primer lugar (Adelaida Ávalos) tuvo un 95.51.

Además, el perredista refirió que el ahora consejero presidente está jubilado, pero a la vez es profesor de tiempo completo en la UAZ, lo cual es poco aceptable. Fue por ello que propuso que como consejera presidenta se designara a Adelaida Ávalos por su “examen brillante”, no obstante el planteamiento se rechazó.

Antes de la votación, la consejera Pamela San Martín anunció que se apartaría del proyecto, porque más allá de la trayectoria de las personas, no cumplió con lineamientos de nombrar órganos multidisciplinarios, pues seis de los siete son abogados.

El consejero Javier Santiago anunció su voto a favor de seis de las propuestas, no así de Virgilio Rivera, pues insistió que en diciembre de 2011, siendo consejero del entonces IFE, votó a favor de su sobrina Marisol Moreira Rivera para trabajar en el Consejo Distrital 3, y no se excusó como lo marca la ley, acuerdo que incluso fue impugnado.

De modo que dijo preocuparle la falta de integridad ética y profesional que debe caracterizar a cualquiera que se desempeñe en la función pública. “No puedo acompañar una designación que evada una consecuencia jurídica”, pues el cargo de consejero presidente del IEEZ exige honradez, actitud ética  y autoridad moral.

En respaldo al proyecto, Ciro Murayama aseguró que no hubo presiones de los partidos ni se buscó que dijeran quiénes deberían ser electos, “fue en plena libertad y autonomía”. De igual manera, el senador Carlos Puente opinó que la decisión se hizo sin presiones de partidos, por lo cual consideró que hoy Zacatecas tiene un órgano electoral independiente de las influencias políticas externas.

Por su parte, Horacio Duarte, representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó a Murayama y Lorenzo Córdova se excusaran de votar por Rivera, por el hecho de que los tres son parte de una misma asociación civil, y por tanto podrían incurrir en tráfico de influencias. Después de una larga discusión, se rechazó la propuesta, incluso se dijo que Rivera ya no formaba parte “porque no pagó sus cuotas”.

Nueva vocal del INE

Ayer también en la misma sesión, por unanimidad el Consejo General del INE designó a María del Refugio García López como la nueva vocal ejecutiva de la Junta Local del órgano comicial, quien llega a suplir a Olga Alicia Castro Ramírez, ahora encargada de la oficina de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

García se desempeñó como vocal del instituto local de Chiapas, además se dijo, es una de las funcionarias electorales que más merecen el reconocimiento porque ha tenido una destacada participación en el servicio profesional electoral. Con ella al frente, los puestos de dirección del INE ya están conformados por 27 por ciento de mujeres.

Los consejeros Benito Nacif, Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños reconocieron el desempeño de García López de quien dijeron, logra uno de los reconocimientos más merecidos por su carrera “ejemplar” en el servicio profesional y, por ende, se congratularon por su incorporación.

CONSEJO GENERAL DEL IEEZ

Cargo /Nombre /Temporalidad
Presidente- José Virgilio Rivera Delgadillo – 7 años
Consejera – Electoral Adelaida Ávalos Acosta – 6 años
Consejero Electoral – J. Jesús Frausto Sánchez – 6 años
Consejera Electoral – Elia Olivia Castro Rosales – 6 años
Consejera Electoral –  Elisa Flemate Ramírez – 3 años
Consejero Electoral –  Eduardo Fernando Noyola Núñez – 3 años
Consejero Electoral – José Manuel Ortega – Cisneros 3 años

■ De enero de 2010 a junio de 2014 se erogaron 888 mil 172 pesos en autos, combustible, comidas

■ Tiene nivel de confianza ciudadana, de 6.6: encuesta del Laboratorio de Estadística de la UAZ

El hoy ex Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), liderado por Leticia Soto Acosta, quien fungiera como consejera presidenta de 2010 a 2014, se despidió con una seria falta de credibilidad ciudadana y acumulando una serie de gastos en viáticos, conferencias y asesorías que, en algunos casos, resultaron estériles y excesivos.

De acuerdo con documentos oficiales obtenidos a través de una petición de información, se detalla que el Instituto destinó cerca de un millón de pesos para los viáticos utilizados durante su periodo. En total, 888 mil 172 pesos de enero de 2010 a junio de 2014, fue lo erogado en vehículos, combustible, comidas y hospedajes.

Es notorio el incremento en los gastos personales de la consejera presidenta durante el año 2013 e inicios de 2014, en comparación con años anteriores. La fecha coincide con el periodo de elección del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Soto Acosta estuvo nominada en dos ternas, una para consejera por seis años y otra en la elección del presidente del INE, en ambas no obtuvo el cargo.

Asimismo contrasta el gasto en viáticos entre los años 2010 y 2013, ambos de jornadas electorales. Mientras en 2010 la consejera presidenta gastó poco más de 150 mil pesos, durante 2013 la erogación se elevó a 266 mil pesos, es decir, 77 por ciento de aumento.

Por otra parte, durante los cuatro años de la administración, destaca el hecho de que Soto Acosta acudió a por lo menos 18 eventos relacionados con el análisis de la reforma electoral; no obstante, pese a esta serie de actividades, el IEEZ contrató el 20 de marzo de 2014, por 174 mil pesos, a José Luis Vargas Valdez para dictar una asesoría en torno a la reforma político electoral.

De igual manera, sobresalen las partidas erogadas desde el instituto, casi de medio millón de pesos, para la contratación del investigador de la UNAM, César Iván Astudillo, quien fuera invitado recurrente durante la referida administración. Además de ser parte de los jueces que evaluaron el ensayo de los aspirantes a consejeros electorales que ayer se seleccionaron.

El 28 de octubre de 2010 se le pagaron 29 mil pesos por una ponencia dictada en un evento académico; ya en 2012 por otra ponencia sobre candidaturas independientes, se le concedieron 16 mil 415 pesos; en otra fecha, pero de este mismo año, se le dieron 382 mil 800 pesos por la asesoría jurídica para la conformación del reglamento de candidaturas independientes, mismo que fue impugnado en 2013 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante el revés, el IEEZ volvió en 2014 a contratar a Astudillo para ofrecer una conferencia sobre las repercusiones de la Reforma Electoral. Se le volvieron a pagar en esta ocasión 16 mil 415 pesos.

Sobresale también el gasto que durante 2011 y 2012 el instituto realizó con la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, que fuera proveedora del órgano electoral en dos ocasiones, por 530 mil pesos en un convenio de capacitación al personal del IEEZ, y por 70 mil pesos en servicios de asesoría académica educativa.

Por último, destaca la erogación a inicios del presente año, de 98 mil 600 pesos, por una asesoría legal por concepto de “Instituto Mexicano del Seguro Social”. El beneficiario fue Ernesto Acosta Escalante, quien aparece en la página del Tec de Monterrey campus Zacatecas, como asesor de esta institución educativa.

El impacto de la asesoría se desconoce, sin embargo, hace unos meses se dio a conocer que la Sala Regional Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, le impuso al IEEZ una multa por 3 millones 567 mil pesos por evadir el pago de cuotas del IMSS a consejeros distritales y municipales durante el ejercicio fiscal 2010.

Sumado a esto, el Consejo General se despide con una falta de credibilidad ciudadana, pues de acuerdo con lo revelado en la encuesta realizada durante el pasado mes de octubre por el Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada de la UAZ, a petición de La Jornada Zacatecas, en una escala del cero al 10, el nivel de confianza que los zacatecanos tenían del IEEZ era de 6.6.

■ Sería objeto de exhaustivo análisis en comisiones; afecta decisión a 21 mil familias, señalan

■ De aprobarse, sería necesario elaborar un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo en 6 meses

Con la advertencia de un posible “albazo” legislativo en la aprobación de la iniciativa de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), ayer fue leída en el pleno de la Legislatura local la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal la noche de este miércoles.

El llamado que hicieron en sus diferentes intervenciones los diputados de todas las fracciones parlamentarias fue el de realizar un análisis “exhaustivo” al interior de las comisiones encargadas de conformar el dictamen y que son la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de la Función Pública, de forma que no sea una ley aprobada “al vapor” debido al impacto que tienen en cerca de 21 mil familias zacatecanas.

Entre los puntos criticados de la iniciativa se encuentra el de cambiar a los trabajadores del Estado del Apartado B al A, contemplados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicando esto la elaboración de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en un plazo máximo de 6 meses tras la aprobación del nuevo texto legal.

Ante esto, el diputado José Luis Figueroa Rangel, tanto en los asuntos generales de la sesión como en una conferencia previa, denunció que esta decisión conduciría a la precarización de las condiciones laborales. Esto, aseguró, porque el nuevo CCT se conformaría ya bajo la nueva legislación laboral del país que consideró desfavorable para los trabajadores.

Asimismo, otra de las críticas que se realizó por parte de varios legisladores fue el hecho de que no se exponen medidas concretas que permitan localizar y sancionar a las personas que llevaron a cabo “malos manejos” de los recursos del Issstezac, los cuales aseveraron que son una de las razones de la actual crisis financiera de la institución.

Al respecto, en la exposición de motivos de la iniciativa se menciona, como una acción que “sin duda” contribuirá a la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la “desincorporación” del director general de la Junta de Gobierno, que es el ente que se encargará de “supervisar y evaluar” el desempeño del instituto.

Además, en la iniciativa se “especifica claramente la obligación del director general consistente en rendir anualmente un informe sobre su gestión administrativa, en el que se incluyan detalladamente los estados financieros del Instituto (previamente certificados por un contador público autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)”.

Aparte del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y de la necesidad de incluir apartados que se enfoquen en no dejar impunes los malos manejos que advirtieron que ha habido en el Issstezac, también se expuso en la sesión la falta en el documento de medidas que busquen solucionar de fondo el problema financiero de fondo del organismo.

Varios legisladores comentaron que, para lograr una iniciativa que garantice la solvencia económica del instituto, se debe esperar a que lleguen los resultados de las auditorías que están llevando a cabo tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como una auditoría externa acerca de la situación actual del Issstezac.

Uno de los aspectos criticados en este sentido fue el de no plantear una reducción del número de trabajadores del instituto. Cuahtémoc Calderón calificó de “absurdo” el hecho de que esta dependencia tenga el mismo número de empleados que el ayuntamiento de Zacatecas, mientras que José Luis Figueroa sostuvo, igualmente, que no hay disminución de los puestos directivos que suponen un gasto mensual en salarios de 5 millones de pesos.

Otro de los cambios propuestos por el Ejecutivo estatal es el de incrementar hasta los 65 años la edad de jubilación, así como calcular la pensión de cada trabajador con base al promedio que se obtenga con el sueldo cotizado durante los últimos 5 años de servicio.

Además, se establecen los tabuladores para el incremento gradual de las cuotas de los trabajadores hasta llegar a 12 por ciento y de 6 por ciento en el caso de los propios pensionados.

También la aportación de los municipios aumentará paulatinamente hasta 14 por ciento y gobierno del Estado llegará a aportar 24 por ciento en el año 2020, previendo ya el inicio de este esquema en 2015, aunque aún no ha sido aprobada la ley y faltan menos de dos semanas para que el concluya el plazo máximo de cierre de las actividades legislativas del actual periodo ordinario.

En este sentido, el diputado Alfredo Femat cuestionó que se contemple la participación de todos estos actores pero no de la Federación. Al respecto, sostuvo que “por qué no involucrar a Gobierno federal cuando hay experiencias exitosas de rescate de problemas estructurales” y concluyó que “si se etiquetó una cantidad de recursos y se endeudó a México para los banqueros, por qué en el caso de los trabajadores ellos tienen que cargar” con estos costos.

De igual forma fue criticado el apartado en el que se establece que “los entes públicos que voluntariamente regularicen sus adeudos con el Issstezac gozarán por única vez del beneficio de la condonación parcial de recargos” con porcentajes que oscilan entre 30 y 80 por ciento.

En este sentido, Cuauhtémoc Calderón agregó que, por una parte, “hay muchas trabas para que (el trabajador) reciba su pensión, pero no hay la misma rudeza para que (el patrón) entregue las cuotas ya retenidas”.

Otra de las preocupaciones señaladas por los diputados fue la sentencia con la que se cierra el artículo 14 de la propuesta de Gobierno del Estado y en la que se asegura que “el otorgamiento de las prestaciones estará sujeta a la capacidad financiera del Issstezac”.

En cuanto al periodo de aprobación, Figueroa Rangel aseveró que existe la posibilidad de que, dependiendo del voto del diputado Rafael Gutiérrez, quien es el presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la ley se apruebe antes de cerrar el año. No obstante, expuso que es necesario que no sea así pues, al igual que otros legisladores, expuso que es indispensable conocer los resultados de las auditorías y tomar en cuenta la opinión de los trabajadores mediante la realización de foros.

En este sentido, la diputada Eugenia Flores agregó que se debe analizar y votar esta iniciativa “con profesionalismo y de cara a la sociedad, no de cara al gobernador Miguel Alonso Reyes”. Por su parte, Soledad Luévano, tomando como pregunta central de su discurso “¿Cuánto cuesta el voto de un diputado?”, señaló que “el PRI quiere modificar la Ley del Issstezac en menos de 15 días, quieren aprovechar la época navideña para votar la reforma y que nadie se entere”.

Claudia Anaya indicó que se requiere hacer la revisión “sin ponernos del lado de un partido, sino del lado del instituto y de los trabajadores” y Mario Cervantes comentó que “no es una ley sencilla” por lo que debería estar aprobándose, para tener tiempo de hacer los análisis correspondientes, en los meses de marzo o abril de 2015.

■ En Zacatecas se tienen documentados 185 casos de individuos extraviados: Claudia Anaya

■ Estas situaciones no serían problema de los familiares de las víctimas, sino del Estado, afirma

La diputada Claudia Anaya Mota presentó una iniciativa de Ley Estatal sobre los derechos de las personas ausentes por desaparición, con la que se busca que no sólo aquellos que estén en paradero desconocido por secuestro o desaparición forzada puedan acceder a los apoyos contemplados en la Ley Estatal de Víctimas, sino que estos lleguen a todos quienes están “ausentes por desaparición” en el estado.

En la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que fue creado en 2011, informó la diputada, se tienen documentadas “hasta el momento” 185 personas desaparecidas o extraviadas en Zacatecas, lo que se traduce en una tasa de 12.4 “ausentes” por cada 100 mil habitantes.

Anaya Mota sostuvo, en este sentido, que la intención es establecer como norma que estas situaciones no sean un problema de los familiares de las víctimas sino del Estado. Destacó que ahora la Ley Estatal de Víctimas no contempla indemnizaciones para este tipo de desaparecidos.

Concluyó su intervención asegurando que a los 185 desaparecidos en Zacatecas “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Al respecto, aseveró que actualmente “no hay mecanismos del Estado que se sumen a la búsqueda y acompañen a los familiares” de quienes están desaparecidos por razones ajenas a la autoridad o al secuestro. Expuso que ha quedado demostrado que hay otros actores, aparte del Estado, que cometen actos de desaparición forzada. Específicamente, puntualizó, “la mayoría casi absoluta de los casos de personas desaparecidas en la actualidad de nuestro Estado, se refieren a acciones del crimen”.

En ese tenor, Anaya Mota subrayó que “el secuestro, el rapto, la privación ilegal de la libertad, la sustracción con fines de homicidio, son otras causas que evidentemente conducen a la desaparición en contra de la voluntad de las personas”.

En la iniciativa presentada, se le obliga al Ministerio Público a elaborar un Registro Estatal de Personas Ausentes por Desaparición, conformado por Actas de Desaparición, que es un documento jurídico que certifica la “ausencia por desaparición” de una persona, el cual se elabora en caso de que, después de 30 días naturales desde la denuncia por desaparición, las autoridades aún no tiene información fidedigna sobre “la vida, el paradero o el fallecimiento” de la víctima.

Se precisa que estas actas “no eximen a las autoridades y al Ministerio Público de continuar con las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho y la búsqueda de la persona ausente, hasta que no se concluya con su aparición con vida o el hallazgo definitivo de su fallecimiento”.

Otra medida establecida en la propuesta de Anaya Mota es la obligación del Estado de hacer uso de medios electrónicos y demás espacios publicitarios para intensificar la búsqueda de los desaparecidos.

Además, entre los puntos también destacados en la ley presentada este jueves, y que fue suscrita por todos los diputados presentes en la sesión, se encuentra el derecho de los desaparecidos “a no ser señalado como sospechosa o responsable de la comisión de hechos delictivos relacionados con su desaparición”.

La diputada concluyó, en su exposición de motivos, que esta iniciativa “es un llamado de atención y una manera de visibilizar esta abrumadora problemática. (…) Por ello, desde el trabajo legislativo, es momento de emprender acciones específicas en torno a un tema que va en incremento, ya no podemos hacer caso omiso a las desapariciones forzadas o desapariciones involuntarias”.

Las dependencias señaladas por la ley como instancias responsables de los procesos de búsqueda, de otorgamiento de seguridad, de garantía de la economía familiar y de cumplimiento de esta legislación son el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Economía y la Secretaría General de Gobierno.