Cada tres años sin excepción alguna, la gran mayoría de los gobiernos municipios, si no es que, en su totalidad, padecen la enorme problemática que es consecuencia del modelo neoliberal impulsado en nuestro sistema político desde hace décadas, pues los gobiernos municipales son vistos como agencias de colocación de amigos, allegados, cercanos o como pago de favores y o compromisos políticos a quienes participaron en la campaña. 

De esta forma, las administraciones municipales, como otros poderes y niveles de gobierno, se fueron alejando de sus funciones al grado de ser instituciones cuyo recurso, en su gran mayoría, se destina al pago de nómina, al pago de deudas con proveedores, al seguro social y a acciones que en nada impactan para cambiar la vida de los ciudadanos. 

Cada cambio de administración municipal, como sucede hoy en día, se ha convertido en algo normal, escuchar a los presidentes municipales entrantes, quejarse y acusar a quienes les presidieron, de dejarles finanzas comprometidas, deudas y un gran listado de trabajadores basificados o contratados de forma irregular, no renovando los contratos laborales para que se conviertan en relaciones laborales por tiempo indeterminado y así, quien obtuvo el triunfo en las urnas, se vea ahogado en el pago de laudos y se reduzca su capacidad de cumplimento de sus funciones legales. 

Las crisis que los ciudadanos escuchamos con cada cambio de administración municipal son resultado, entonces, de la visión neoliberal que fue arrojando gobernantes carentes de proyectos sociales y de bienestar para todos, convirtiéndose en administraciones que fueron convertidas en negocios a los que había que saquear mientras se pudiera, colocando incondicionales para futuras administraciones en lugar de pensar en cómo solucionar los problemas administrativos internos para poder mejorar los servicios públicos municipales. 

Así, cada tres años, si se da la transición de un partido a otro, quienes resultan electos, emprenden cacerías de brujas al buscar despedir o presionar a los trabajadores para que decidan renunciar, no para adelgazar el gasto en nómina, sino para poder cumplir a quienes los apoyaron en campaña y colocar a los allegados, para en tres años, heredar el mismo problema a sus sucesores. 

La falta de asesoría legal permite que alcaldes despidan a trabajadores sin respetar sus derechos laborales, creyendo que, gracias a la saturación de tribunales laborales se podrá evitar el pago de laudos durante la administración propia y que “el que siga que se las arregle”, pero también existe el problema de la permisividad y colusión para basificar a trabajadores violentando la norma para ello. 

La problemática de que viven los ayuntamientos administración tras administración, sólo se solucionará con reformas a los mismos, que hagan frente a la corrupción y faltas de los servidores públicos, a la impunidad y a cambios estructurales y trascendentales, como la modificación de elección para regidores, estableciendo reglas más rigurosas para la contratación y basificación de trabajadores, prohibiendo que los servicios públicos pasen a ser un negocio de unos cuantos al privatizarse en nombre de mejorarlos, empleando auditorías más rigurosas a todos estos procesos señalados, así como impulsando reformas que enfrenten de manera más eficaz el combate a la corrupción como fortaleciendo a nuestro poder judicial, eliminando el fuero, erradicando la prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos e incluso, considerando una reforma a nuestro sistema de partidos para evitar que la participación en la vida pública y política, siga siendo un negocio para unos cuantos. 

La solución a la problemática de la administración pública debe impulsarse con reformas estructurales al sistema que establecieron para poder saquear las finanzas públicas, deben impulsarse cambios de fondo para que quienes encabecen las administraciones municipales, lo hagan pensando en un proyecto que cambie la realidad del pueblo y no de unos cuantos, es un problema cuyo origen son el sistema de partidos y la impunidad que se ha venido planeando desde el mismo. 

Los jueces, magistrados y ministros pasarán por las urnas. Será el voto ciudadano el que los elija. Ya es precepto constitucional cristalizado. El primer domingo de junio del 2025 iremos a las urnas. Que la SCJN pretenda desconocer la parte de la Constitución vigente que no favorece sus intereses equivale a una usurpación de la función pública. A pretender ser un poder sobre el Legislativo y el Ejecutivo. Una dictadura judicial. Por suerte, en proceso de aborto.

Los jerarcas judiciales se van. Con ellos se extinguirá la casta dorada y sus privilegios. De eso no hay duda. En todo caso aspiran retirarse con la falsa narrativa de que son mártires de una tiranía, de la antidemocracia, del autoritarismo y de un control totalitario en el que ya no se permite discrepar, se pierden los derechos y las libertades, pero, además, se destierran los contrapesos.

No me he cansado de afirmar, porque cada día se corrobora, que la derecha corrupta de México y sus aparatos acusan de lo que tienen de sobra. Sin ser gobierno hacen y se comportan con lo que tanto critican. Su vocación embustera y autoritaria surge de su afán desesperado de detener el proceso de transformación del país que pasa por mayor y genuina democracia, ampliación de las libertades, de los derechos y mayor bienestar para los desposeídos.

La Cuarta Transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, logró poner como una de las últimas piedras de la regeneración nacional, la reforma al Poder Judicial. De los tres poderes que integran el Gobierno de México, el judicial es el único que no pasa por la voluntad popular, resulta de escoger a uno(a) de las ternas que envía el jefe del Poder Ejecutivo al Senado de la República.

Durante el período neoliberal mexicano (de 1982-2018) se realizaron reformas constitucionales enfocadas a facilitar el implante del patrón de crecimiento neoliberal extranjero. Sacrificaron a los sectores populares, a las familias del campo y a los trabajadores en general. En cambio, permitieron que algunos capitalistas mexicanos pasaran del anonimato a los más acaudalados del mundo. En ese escenario se formó e integró un equipo gobernante, entre ellos del Poder Judicial, que cumpliera con los propósitos del nuevo proyecto social del país. Así se integró la actual SCJN, cabeza principal del Poder Judicial, haciendo suya la defensa de los intereses de los que más tienen, tanto de nacionales como de extranjeros. En el momento en que la 4T decide priorizar a los pobres, rompe el esquema del actual Poder Judicial, en particular de la SCJN.

No son casuales los privilegios de jueces, magistrados y ministros, son resultado de una institucionalización de las prácticas utilizadas por los grandes capitales nacionales y extranjeros para lograr sus fines de acumulación y concentración de capital, en especial durante el neoliberalismo donde la corrupción se vuelve una herramienta. Por eso, la reforma al Poder Judicial no solo afecta a la casta dorada de ese poder, sino a los intereses a los que aún sirve.

Por casi 4 décadas, parte de la Constitución fue letra muerta. Se fingió que artículos como el 39 (relacionado con la soberanía) se aplicaban. El gran cúmulo de propaganda ideológica encubrió los objetivos reales de las acciones de gobierno. En caso de controversia, ahí estaba el Poder Judicial para otorgar amparos a diestra y siniestra. Y muchas veces la SCJN declaró reformas como anticonstitucionales y mandató regresar a las leyes reformadas.

Lo que el Poder Judicial no puede hacer, de manera legal, es modificar la Constitución. Esa es una atribución exclusiva del Constituyente Permanente (Artículo 135 Constitucional) que se integra como Poder Legislativo compuesto por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores más la mayoría de los Congresos de los Estados. Una vez aprobada una adición o modificación constitucional le corresponde al Jefe del Poder Ejecutivo firmarlas y publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Ya hecho, se convierte en parte de la Constitución.

Eso es lo que pasó con la reforma al Poder Judicial. Ya es norma de observancia por todos los mexicanos que, además, encuentra sustento en el artículo 39 constitucional en el que se expone que la soberanía reside en el pueblo y que éste puede, en todo momento, realizar las reformas que considere necesarias, incluyendo el cambio de gobierno. Que el Poder Judicial quiera darle marcha atrás es una usurpación de la función pública, una flagrante violación a la propia Constitución. También se violentó la Ley de Amparo (Articulo 61) que niega el derecho de suspensión tratándose de reformas constitucionales. Querer suprimir la parte constitucional que no les favorece equivale a construir una dictadura judicial. En mi opinión, es una intensión que está abortando.