Hace unos días Michoacán volvió a llamar la atención de todos debido a los ataques contra 18 instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. La prensa acusa episodios de violencia, aparición de grupos denominados de “autodefensa”, alcaldes despachando fuera de sus sedes de gobierno, bloqueos de caminos y carreteras, empresarios abandonando la región, es decir, una verdadera situación de emergencia y un Estado muy cercano a la incapacidad. Sin embargo, la postura de los gobiernos estatal y federal no corresponde a esa evaluación, pues oscila entre el silencio y una narrativa que minimiza lo que sucede en la entidad. Pero no apresuremos la crítica sentenciándolos por falta de estrategia, concedamos que ésta existe, ¿cómo podemos decir si está dando resultados o no?, ¿podemos objetivamente evaluar el avance del Estado ante lo que ocurre? ¿La situación en Michoacán refleja una crisis de la capacidad del Estado?
En el influyente libro Bringing the State Back In, se sugería a los estudiosos de las ciencias sociales devolver la noción de Estado al centro del análisis. Una de sus editoras, Theda Skocpol, acentúa para ello la capacidad del Estado, es decir, la habilidad de este conjunto de organismos administrativos y coercitivos para cumplir con su objetivo de extraer recursos y ofrecer seguridad. Tomando este concepto podemos buscar indicios de la existencia de un Estado capaz y evaluar si la estrategia de seguridad ha mejorado la capacidad del Estado.
El gobernador Fausto Vallejo apura a declarar que la crisis de violencia ocurre en una zona específica y desacredita cualquier intención de discutir sobre una eventual disolución de poderes. Priístas de la talla de Manlio Fabio Beltrones cierran filas para apoyar al gobernador y endosan la responsabilidad a los gobiernos anteriores y Gobierno federal se refiere a los hechos ocurridos el fin de semana como actos vandálicos.
La actitud de los gobiernos estatal y federal sugiere que los demás estamos sobre- reaccionando y que nos equivocamos al pensar que la administración de Enrique Peña Nieto se estrenó aletargando la que implementó su antecesor, replegándose y cediendo espacio a las organizaciones criminales, quienes sin reparo emboscaron a las fuerzas federales en Apatzingán en un episodio que muestra muy poco de estratégico.
Eventos como los del fin de semana pasado obligan al gobierno a desplegar militares, realizar sobrevuelos y patrullajes permanentes, pero no queda claro si se trata de acciones vinculadas a una estrategia o lo que toca hacer frente a una coyuntura tan escandalosa. En cualquier caso, la confianza en el Ejército se pone en riesgo con un despliegue que existe desde hace meses y que coexiste con grupos de civiles armados.
Si la apuesta principal de Gobierno federal aún está en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, entonces ya deberíamos conocer algunos avances sobre el trabajo articulado en la región Occidente, a la que pertenece Michoacán, según la regionalización del programa. Deberíamos tener claridad de los logros en el fortalecimiento de los esquemas de inteligencia, la atención a las causas estructurales del delito y las intervenciones focalizadas, si es que se ha llevado a cabo alguna. En cambio, por el SESNSP, sabemos que la Tasa de Incidencia Delictiva registrada en Michoacán en el periodo julio-septiembre de 2013 se ha incrementado 24 puntos porcentuales, comparado con el mismo periodo el año anterior.
Si el gobernador michoacano está en lo cierto y la crisis está acotada entonces eso nos recuerda una vieja pregunta que aún no tiene cabal respuesta: ¿cómo definió el gobierno las demarcaciones prioritarias del programa? La pregunta es especialmente relevante porque de Michoacán son dos los municipios considerados bajo esta etiqueta, Morelia y Uruapan. Bajo los criterios de selección, cualquiera que estos sean, quedan fuera Apatzingán, Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y otros municipios en los que los episodios de violencia no han dejado de ocurrir.
Nada mejor para aclarar nuestros errores de percepción que saber, por ejemplo, el destino de los más de 59 millones de pesos que la Federación otorgó a la entidad en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito y de los recursos del Subsemun, el FASP y demás aportaciones federales.
Este parece, además, un buen momento para recuperar los 58 compromisos asumidos en el Acuerdo por Michoacán firmado el 29 de agosto pasado. Para persuadir a quienes este acuerdo nos parecía un mero acto político sin mucho fondo, no se me ocurre coyuntura mejor para que la Secretaría de Gobernación se pronuncie sobre los avances del Acuerdo, a los que prometió dar seguimiento. En cambio, el silencio nos da espacio para recordarles que para que los acuerdos interinstitucionales, intersectoriales y plurales sean útiles hace falta mucho más que sostener reuniones.
Aunque hoy los gobiernos cuentan con más mecanismos legales e institucionales para la implementación de la política de seguridad, en Michoacán lo que es visible habla, sino de incapacidad, al menos de ineptitud. Cada nueva mala noticia amerita no sólo colocar la noción de Estado en el centro del análisis, sino traer al Estado de regreso. ■
