La educación superior pública es una inversión estratégica para el desarrollo nacional. Forma profesionales, genera conocimiento, impulsa la innovación y contribuye a reducir las desigualdades. Garantizar su gratuidad y ampliar el acceso requiere, por tanto, algo más que voluntad política: exige recursos suficientes, sostenidos y oportunos.
La solicitud de las universidades públicas estatales de una ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos para 2027, de los cuales 23 mil 700 millones se destinarían al fondo de gratuidad, evidencia una deuda pendiente del Estado mexicano. Si la Constitución reconoce este derecho, el presupuesto debe garantizar las condiciones materiales para ejercerlo.
Sin embargo, defender el financiamiento público no significa extender un cheque en blanco a las instituciones. La responsabilidad gubernamental debe acompañarse de compromisos universitarios verificables. En la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), esto implica asumir una reforma educativa y administrativa, transparentar el ejercicio del gasto y recuperar la pertinencia social de sus funciones sustantivas.
La insuficiencia presupuestal es un problema real, pero no puede convertirse en justificación permanente para aplazar cambios internos. Tampoco sería válido atribuir las dificultades financieras exclusivamente a la gestión universitaria e ignorar las obligaciones de los gobiernos federal y estatal. Se necesitan ambas cosas: financiamiento adecuado y rendición de cuentas.
La universidad debe demostrar que sus recursos se traducen en mejores condiciones de enseñanza, investigación y difusión cultural; que sus programas responden a las necesidades de Zacatecas y que su conocimiento contribuye a resolver problemas del campo, la salud, la desigualdad y el desarrollo económico.
La experiencia de 1977 constituye un referente de movilización universitaria y vinculación social. Recuperar ese espíritu no significa repetir el pasado, sino reconstruir la relación con una sociedad que debe encontrar en su universidad una institución útil, abierta y comprometida con sus necesidades.
El respaldo social no se exige por decreto: se conquista con resultados, transparencia y congruencia. La autonomía protege la libertad académica, pero no exime de rendir cuentas y en eso la BUAZ está reprobada.
Los gobiernos deben garantizar recursos suficientes; la comunidad universitaria, impulsar las transformaciones necesarias. La pelota también está en la cancha de la BUAZ: ganarse el respeto y la solidaridad de Zacatecas exige demostrar que después del penoso paso de su ex rector, aún puede renovarse y responder a su responsabilidad histórica.
Defender la universidad pública implica financiarla adecuadamente pero también exigirle resultados, trasparencia y combate a los privilegios internos. Esas tareas son indispensables para que la gratuidad sea efectiva y la educación superior, un verdadero motor de desarrollo para Zacatecas.
