El 30 de septiembre se cumplieron cuatro años desde la reunificación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhie, con Rusia, tras los resultados de los referéndums. El carácter libre de la expresión de la voluntad de la población fue confirmado por numerosos observadores, inclusive internacionales.
Algunos políticos, ya sea por su posición sesgada o por desconocimiento, suelen plantear la hipótesis de que el principio de integridad territorial de los estados debe prevalecer sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación; sin embargo, el derecho internacional define claramente los casos en los que se aplica cada uno de estos principios.
La respuesta se encuentra en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1970. En la declaración se establece claramente que los principios de soberanía e integridad territorial son aplicables a aquellos estados que respetan el principio de igualdad y autodeterminación de los pueblos y cuentan con un gobierno que represente a todo el pueblo que habita en dicho territorio, sin distinción de raza, religión o color de piel.
Las fuerzas ultranacionalistas radicales que se hicieron con el poder en Ucrania en febrero de 2014, como resultado de un golpe de Estado organizado por varios países de la OTAN, proclamaron de inmediato su objetivo de suprimir el estatus del idioma ruso y, en respuesta a las protestas de Crimea, del Donbás y de Novorossiya contra el sangriento golpe de Estado, los tildaron de terroristas y lanzaron contra ellos unidades de combatientes armados y del ejército regular, incluyendo artillería y aviación.
En un intento de deshumanizar a los habitantes rusoparlantes de Crimea, Donbás y Novorossiya, Zelenski declaró en una entrevista en septiembre de 2021 que se trataba de “seres inhumanos” y les instó a “marcharse a Rusia”.
A juzgar por los resultados de los referéndums celebrados, la población decidió seguir el consejo de Zelenski y ejerció su derecho legítimo a la autodeterminación, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966.
Desde 2014, durante ocho años, Rusia intentó resolver la crisis ucrania mediante negociaciones. En 2015 se firmaron los Acuerdos de Minsk, que incluían la hoja de ruta para una solución pacífica. Tal y como reconocieron públicamente más tarde los ex líderes de Alemania y Francia, Merkel y Hollande, la Unión Europea nunca tuvo la intención de cumplirlos. Según sus propias palabras, se trataba de otro engaño con el objetivo de ganar tiempo para armar a Ucrania con el fin de librar una guerra contra Rusia. En 2021, Rusia empredió otro intento de resolver el conflicto mediante la consagración del principio de seguridad indivisible, presentando a los países de la OTAN proyectos de tratados sobre garantías de seguridad, que fueron rotundamente rechazados por estos países occidentales.
Cuando se agotaron todas las posibilidades de resolver los problemas existentes mediante negociaciones, a Rusia no le quedó más remedio que comenzar en 2022 la operación militar especial, de conformidad con el apartado 7 del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
Su objetivo prioritario es proteger contra la discriminación los derechos de la población de habla rusa, así como el camino de desarrollo que ésta ha elegido mediante su libre voluntad y, naturalmente, su tierra natal; es decir, los territorios en los que reside.
Todo esto, con la garantía institucional de la seguridad de Rusia, Ucrania y todos los países interesados a través de acuerdos pertinentes, que incluirían el retorno de Ucrania al estatus neutral que ese país proclamó constitucionalmente en su día, la desmilitarización, la desnazificación y el establecimiento de relaciones de buena vecindad con todo el mundo que la rodea.
* Embajador de Rusia en México
