Un día después de haber retomado el cargo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó al Congreso del estado que le conceda “licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”. En su carta al presidente de la diputación permanente local, el mandatario no ofreció ningún motivo y se limitó a fundamentar su petición en el artículo 50, fracción VIII, de la Constitución de la entidad.
Unas horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en redes sociales un mensaje en el cual critica a quienes ponen intereses personales por encima de los del pueblo y de la nación, sobre todo “cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”. Asimismo, advirtió que “el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia”.
Aunque la mandataria no dirigió la reprimenda a nadie, resulta evidente que su destinatario inmediato es quien el viernes retomó de manera sorpresiva el cargo tras la licencia solicitada cuando Estados Unidos pidió su extradición por supuestos vínculos con el crimen organizado en abril pasado. El propio Rocha Moya se dio por aludido al hacer pública su solicitud de licencia acompañada de la frase “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.
Apenas el martes, la Presidenta informó que las autoridades estadunidenses no habían enviado información sobre el caso del gobernador ni sobre la orden de detención urgente con fines de extradición que emitieron, y que el funcionario se mantenía en licencia por su propia determinación de no poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa mientras siguiera el proceso iniciado por Washington. En conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo reiteró que Rocha Moya debería tomar cualquier determinación sobre su cargo e informarlo de forma oportuna.
Cabe recordar que en México cada entidad federativa es soberana en su gobierno interno y que Rocha Moya no ha sido formalmente acusado de nada, ni en tribunales de México ni de Estados Unidos, por lo que en los planos jurídico e institucional su licencia fue una decisión estrictamente personal. Asimismo, está comprobado que los señalamientos provenientes de la Casa Blanca de Trump tienen más motivaciones propagandísticas que justicieras.
Sin embargo, el gobernador no puede ignorar que su regreso abrupto constituyó una bravuconada, una ruptura de sus compromisos con la estabilidad del gobierno sinaloense, un regalo a la oposición política y mediática y, lo más grave, un golpe al margen de maniobra de México en momentos en que se negocia un asunto de tanta importancia como el Tratado de Libre Comercio con nuestro principal socio.
El episodio también ofrece una reflexión pertinente para Zacatecas. En una entidad que durante años ha padecido los efectos de la inestabilidad económica, la inseguridad, la pérdida de población y la falta de oportunidades, la prioridad de cualquier gobierno debe ser garantizar continuidad, certidumbre y resultados, no alimentar disputas internas ni convertir los cargos públicos en escenarios para dirimir ambiciones personales.
Zacatecas atraviesa además una etapa en la que el gobierno estatal ha colocado como ejes de su proyecto la recuperación de la seguridad, la modernización de la movilidad mediante el Platabús, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, así como una mayor vinculación con la estrategia económica y social impulsada por la presidenta Sheinbaum. Son procesos que requieren estabilidad institucional y capacidad política para mantenerlos más allá de coyunturas y protagonismos individuales.
En ese contexto, el principio expresado por la Presidenta —que los cargos son pasajeros y la responsabilidad ante la nación es permanente— resulta particularmente pertinente para Zacatecas. La transformación de una entidad no puede depender de la voluntad, las aspiraciones o los cálculos personales de quienes temporalmente ocupan una responsabilidad pública. Los gobiernos deben responder a proyectos de largo plazo y a las necesidades de la población, no a las circunstancias particulares de sus funcionarios.
Con estos antecedentes, es claro que Rocha Moya conocía las consecuencias de su inopinado retorno y decidió pasarlas por alto por motivos que sólo él conoce. Al hacerlo, dio una muestra de frivolidad, de impertinencia y de una aguda carencia de la altura de miras que distingue a los estadistas de quienes usan la política como un instrumento al servicio de sus propios intereses.
La lección alcanza también a Zacatecas y al conjunto de la Cuarta Transformación. En momentos en que el movimiento gobernante busca consolidar una nueva relación entre el poder público y la sociedad, no basta con ganar elecciones: es indispensable que quienes ocupan responsabilidades de gobierno estén a la altura de ellas.
La política debe entenderse como servicio y no como patrimonio personal. El poder público pertenece a la sociedad y tiene fecha de caducidad para quien lo ejerce. Por ello, cualquier decisión individual que ponga en riesgo la estabilidad de una administración, un proyecto de gobierno o la confianza ciudadana termina siendo mucho más que un asunto personal.
Más allá del ruido mediático generado por el gobernador sinaloense y de su efímero regreso, el desfiguro debe servir como llamada de atención al partido gobernante para fortalecer los filtros en la selección de sus candidatos y funcionarios, con un énfasis mayor en los principios, la responsabilidad pública y la altura de miras por encima de las consideraciones electoreras.
También en Zacatecas conviene no perder de vista esa premisa: los proyectos de transformación deben estar por encima de las personas y el interés público por encima de cualquier ambición particular. Esa es, finalmente, la diferencia entre ejercer el poder y simplemente aferrarse a él.
