Verónica Aguilar Vázquez, abogada y activista feminista adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), denunció un vacío de protección institucional para prestadoras de servicio social ante casos de acoso y hostigamiento sexual, al señalar que ha acompañado casos en los que la institución receptora se deslinda bajo el argumento de que la persona “no es su trabajadora”, mientras que en la universidad se les responde que “ya no es estudiante”.
En la primera jornada del simposio “El feminismo en las instituciones de educación superior: entre las batallas y simulaciones”, Aguilar Vázquez advirtió que esta situación coloca a las prestadoras en relaciones asimétricas de poder y puede inhibir las denuncias, ante el temor de perder los meses acumulados de servicio social.
Añadió que han encontrado autoridades que las desaniman a iniciar procedimientos con el argumento de que están próximas a graduarse y podrían ser etiquetadas como personas “conflictivas” que posteriormente no serían contratadas.
La universitaria citó el caso de un grupo de estudiantes de Medicina que en el año 2020 solicitó apoyo por acoso y hostigamiento vivido durante su servicio social dentro de su unidad académica, en las poblaciones a las que acudían a realizar el servicio social y en las propias instituciones receptoras. Señaló que por parte de las autoridades de Medicina Humana nunca recibieron atención y las declaraciones públicas se limitaron a mencionar que se trabajaba en un reglamento.
Después de señalar que el servicio social es un requisito para obtener el título profesional y que en algunas unidades académicas incluso forma parte de la calificación, la académica consideró que el lugar donde ocurra la violencia “no puede ni debe determinar la competencia protectora de la universidad”.
Afirmó que el Reglamento General de Servicio Social de la BUAZ no establece que la Universidad deje de tener obligaciones una vez que el alumnado concluye sus materias.
Sin embargo, la ponente explicó que el mecanismo de queja previsto en los artículos 51 y 52 del reglamento fue diseñado para controversias generales del servicio social y no garantiza confidencialidad, perspectiva de género, no revictimización ni medidas de protección inmediatas.
Ante la falta de mecanismos para prevenir, atender y sancionar el acoso u hostigamiento sexual en el servicio social, la abogada propuso incorporar un capítulo específico en el Reglamento de Servicio Social.
También planteó la creación de un padrón de instituciones receptoras que incumplan con la protección de prestadoras y prestadores de servicio social, y modificar las sanciones previstas actualmente, pues consideró que impedir temporalmente a una institución recibir estudiantes puede terminar afectando más al alumnado que a la institución sancionada.
Al inicio de su ponencia, Aguilar Vázquez retomó las declaraciones pronunciadas durante la inauguración por el secretario académico de la BUAZ, quien, según relató, reconoció como reto pasar “del discurso a la acción”. La ponente interpretó ese señalamiento como un reconocimiento de la simulación institucional y urgió a cambiar la inercia institucional: “Él dijo ‘somos simuladores’, pues entonces hay que transformar esa realidad”.
