En sesión de la Comisión Permanente de la 65 Legislatura de ayer, el diputado Eleuterio Ramos Leal (PRD) presentó una iniciativa para garantizar el derecho a la audiencia y defensa de trabajadores del Estado, a través de un abogado particular, frente a procedimientos de rescisión laboral.
El diputado señaló que actualmente se garantiza la intervención sindical para acompañar a la persona trabajadora ante una rescisión, pero que esta no siempre garantiza una defensa adecuada. Por ello, la iniciativa propone modificar el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil para que, desde la instancia administrativa y no solo en la jurídica, la persona trabajadora acceda a una defensa “real, técnica, oportuna y efectiva”. La iniciativa fue suscrita por dos diputadas y un diputado presentes en la sesión, y fue turnada a la Comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.
Señalando omisiones en la conservación de inmuebles históricos, la diputada Ana María Romo Fonseca (MC) propuso adicionar un párrafo al artículo 9 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados para establecer la obligatoriedad de medidas especiales de conservación, mantenimiento y resguardo cuando un inmueble quede bajo custodia del Estado, por ejemplo, en el caso de aseguramientos en procesos penales. La iniciativa fue suscrita por el diputado Marco Vinicio Flores y turnada también a la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.
La diputada Ma. Teresa López García (PAN) presentó una iniciativa para el fortalecimiento de la soberanía nacional, basada en el decreto de reforma federal publicado el 1 de abril de 2025. La iniciativa señaló que la obligación de armonización para los congresos locales vencía el 28 de septiembre de 2025 y que, para el 12 de noviembre del mismo año, ninguna entidad federativa había cumplido con el proceso. La reforma obligaría a las autoridades locales a aplicar la prisión preventiva oficiosa ante delitos que atenten contra la soberanía nacional, homologando el mandato del artículo 19 federal. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La sesión concluyó tras la presentación de estas tres iniciativas. Durante el punto de asuntos generales, la panista López García pidió que su intervención titulada “Reflexiones” se agendara para la sesión del próximo 28 de julio.
Durante la lectura de la correspondencia, se mencionó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) requirió un informe de autoridad al alcalde del municipio de Pánuco, derivado de una queja presentada por el ciudadano Tadeo de Jesús López Sánchez.
La Coordinación General Jurídica del gobierno estatal solicitó la devolución de la escritura pública que se adjuntó en la iniciativa para desincorporar al Hotel Parador del patrimonio del ISSSTEZAC, así como la expedición de copias certificadas de todas las constancias del expediente.
El magistrado con licencia José Luis Hernández Ugalde, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, solicitó una aclaración sobre su período de licencia sin goce de sueldo. Mientras que el mismo tribunal informó que la secretaria de acuerdos, Ana Luisa Prieto Castañón, fue elegida por el pleno para cubrir la ausencia de Hernández Ugalde.
