En el contexto de globalización en el que vivimos, y aún más, atendiendo a la geografía y la historia, es ingenuo, en el mejor de los casos, no dar crédito al riesgo que México enfrenta en materia de soberanía desde su nacimiento, con momentos en los que la convivencia con nuestro vecino del norte se vuelve aún más rígida de lo que suele ser y otros en los que se puede confiar en cierta colaboración y alianza entre ambos.
También es irresponsable no entender que, justo por las mismas razones y porque desde hace décadas anclamos nuestro proyecto nacional a la economía de los Estados Unidos, así como por las circunstancias demográficas, sociales y culturales, la integración entre ambas naciones hace que aún las agendas domésticas tengan repercusiones e impactos de interés en ambos lados de la línea fronteriza.
Lo último ha quedado demostrado en las consecuencias que se han derivado de la transformación institucional que ambas naciones viven. En ambos casos, el Estado de Derecho, como complejo jurídico e institucional, ha cobrado relevancia inusitada, por diferentes razones, que sin embargo han afectado la relación bilateral. Estados Unidos, qué duda cabe, experimenta la resistencia de sus añejas instituciones frente a un liderazgo que las ha puesto a prueba en sus cimientos, valores y reglas.
México, por su parte, se encuentra en medio de un proceso de cambios políticos que pueden calificarse de históricos, sin haber logrado consolidar el régimen surgido de su etapa transicional a una democracia liberal. Lo anterior no solo se suma a la complejidad patente de dicha vecindad, sino que agrega incertidumbre al futuro de la misma.
Por ello cabe dar crédito a la alerta respecto a la defensa de la soberanía que se ha hecho sonar desde hace semanas. Sin embargo, dicho llamado requiere sustancia para que no se vuelva retórica de partido.
Para que México goce de soberanía, debe fortalecer las capacidades institucionales de su Estado y no renunciar, sino enfocarse prioritariamente en consolidar su Estado de Derecho, en la nueva dinámica constitucional que se ha implantado en nuestro país.
Adecuar el entramado institucional que debe articularse con las nuevas disposiciones en materia de justicia, combate a la corrupción, seguridad y economía, así como desarrollar las estrategias y políticas públicas que atiendan los desafíos en materia fiscal, de política social y de federalismo, son la ruta para que el Estado mexicano haga frente a los múltiples retos que tiene enfrente.
Sin un Estado consolidado en su alcance, capacidades, consensos y normas, la soberanía efectiva será ilusoria. Un Estado capturado por poderes fácticos, legales e ilegales es peor adversario que cualquier extraño enemigo, pues vulnera la legitimidad, en materia de resultados y confianza, de las instituciones que deben garantizar las condiciones de desarrollo y aún más de vida.
En conclusión: defender la soberanía implica diseñar y exponer las iniciativas que darán sustancia y sentido a esa legítima pretensión y que, a su vez, enunciarán cómo el proyecto político que está en proceso de consolidación dará resultados, más que para blindarnos de las amenazas del exterior y de la derecha injerencista, para garantizar el bienestar en el día a día de nuestras comunidades, barrios, colonias y ciudades.
@CarlosETorres_
