Es julio y los memes no esperaron: el mes del orgullo ha terminado. ¿Ha terminado? Hace un año arrancó este espacio de opinión, que ante todo ha persistido en la importancia de reconocer el conocimiento como un eje primordial para que las luchas sexodiversas se vuelvan agencia de sí mismas. Hablar de agencia implica reconocer la capacidad de las personas para actuar de manera independiente, tomar decisiones propias y generar una transformación real en el entorno, para desafiar las estructuras opresivas. Este concepto, fundamental para las ciencias sociales modernas, fue acuñado y desarrollado de forma clave por el sociólogo británico Anthony Giddens a través de su teoría de la estructuración, donde postula que los individuos no somos sujetos pasivos, sino seres conscientes con el poder de moldear la realidad social.
A la par de haber madurado el reto de escribir sobre lo sexodiverso en Zacatecas, un espacio de decisiones y acciones ha abanderado una lucha única en su clase, no antes vista en el contexto local: la generación e intercambio de conocimiento. Todo ello en articulación con la búsqueda de la resistencia y la libertad. Me refiero al colectivo Sangre de Tuna, que ha sido tan original como adelantado a su contexto. Tal ha sido su logro, que los pares activistas ya han articulado la variable de la educación como bandera de la próxima marcha del orgullo en la capital del estado. Y es que no es gratuito. Sangre de Tuna ha demostrado una incidencia clara desde el día de su fundación; ha persistido en sus objetivos y, sobre todo, está compuesto por personas cuya trayectoria se encuentra profundamente atravesada por la vida académica.
Sin embargo, cabe hacer una precisión: no todo universitario es académico, y no todo académico lo es a la inversa. La academia es, en esencia, un rigor ético, metodológico y crítico que no se limita a las paredes de un aula o a la obtención de un título conceptual; es la producción activa de pensamiento que cuestiona el statu quo. Sangre de Tuna encarna esta distinción, pues ha sabido trasladar ese rigor de la teoría a la praxis comunitaria. Ante los retos venideros, auguro a este colectivo una posición necesaria para el futuro del activismo local. Porque retos hay muchos y el recién presentado Índice de Inclusión LGBTIQ+ en México ha demostrado que la articulación entre activismo y gobierno no ha logrado avances sustantivos en la realidad LGBTIQ+ del país, más bien, y como ya he referido antes, se ha promovido un lavado institucional.
¿Qué arroja el PNUD en este primer Índice de Inclusión LGBTIQ+ en México? Una realidad que no por esperada deja de ser dolorosa. Mostró una calificación general de 0.64, cifra que evidencia la enorme brecha entre el papel y la vida cotidiana. Vivimos entre el discurso oficial que celebra leyes de vanguardia y la experiencia diaria que nos reprueba en lo básico. Los rubros más alarmantes son, precisamente, aquellos donde la “agencia” individual se ve más coartada por el miedo y la ignorancia: seguridad personal (0.43) y educación (0.48). Que la educación esté reprobada confirma que la apuesta de colectivos como Sangre de Tuna es una urgencia de supervivencia. De nada sirve el matrimonio igualitario si el 40.7% de la población LGBTIQ+ reporta depresión y casi un tercio ha intentado suicidarse, cifras que triplican a las de la población general. El “lavado institucional” nos ha dado derechos para ejercer en el vacío, pero nos ha negado las condiciones materiales para habitarlos.
¿Qué sigue? ¿Cómo afrontar estos retos desde una vinculación entre la academia y la realidad? Paulo Freire lo explica a través de su concepto de la praxis, entendida como la unidad indisoluble entre la teoría y la práctica, la reflexión y la acción sobre el mundo para transformarlo. Para el pedagogo brasileño, una academia que se encierra en sí misma cae en el verbalismo estéril; pero un activismo que actúa sin reflexionar se reduce al pragmatismo ciego. El reto actual reside en derribar los muros de la educación bancaria tradicional, aquella que solo deposita datos en los sujetos,para dar paso a una pedagogía de la liberación, donde el conocimiento de la realidad LGBTIQ+ sea un acto colectivo de concientización.
Afrontar un panorama nacional reprobado en inclusión implica que las investigaciones universitarias no se queden en los libreros, sino que se conviertan en herramientas de diagnóstico para el territorio. Admiro y respeto a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) por ser mi alma mater, pero es innegable que se ha concentrado tanto en campañas políticas internas y externas que ha descuidado su esencia y su impacto dentro del territorio zacatecano. No dudo de la intención genuina de ciertos sectores por comprometerse con la inclusión, pero cabe hacernos una pregunta incómoda: ¿qué entiende la universidad por inclusión y por compromiso?
Poco a poco vemos cómo más universidades se suman al discurso público de la diversidad. Lo lamentable es que su posicionamiento en la agenda local casi nunca nace de una convicción proactiva, sino de la reacción obligada ante casos mediáticos de abusos en condiciones de género e identidad dentro de sus propias aulas. Falta, de manera urgente, dejar de trasladar la crítica como un ataque al ámbito puramente personal, político o de facciones, y comenzar a atravesarla como una emergencia colectiva que llama con números fríos por su atención. La inclusión no es un pabellón aislado ni una cuota discursiva para calmar las aguas de la opinión pública; o es transversal, auditable y de acceso libre en todo el territorio, o no es más que otra campaña política.
Y entonces vuelvo a circular este espacio de hoy en miras al primero que publiqué en 2025. El orgullo no se acaba con un mes, porque el pride comercial muchas veces solo responde a un nombre, a una marca o a un lavado de cara institucional. Lo que realmente está en juego es la vida digna de las personas, y eso solo se logra desde el agenciamiento y la educación. Mientras escribo estas líneas, hoy 3 de julio de 2026, se ha presentado el informe Violencias que persisten: los crímenes por prejuicio contra personas LGBT en México 2025, coordinado por Fundación Arcoíris y el Observatorio de Crímenes LGBTI+. Los datos son devastadores y nos recuerdan la urgencia de dejar de jugar a la política de simulación: México ocupa el deshonroso segundo lugar en crímenes de odio contra la población LGBT+ en la región, solo después de Brasil.
Durante 2025, el Observatorio documentó 59 asesinatos, de los cuales la mayoría se concentran en adultos jóvenes de 25 a 34 años (22 casos), truncando vidas en su etapa de mayor plenitud productiva y social. A esto se suman 34 desapariciones, 16 atentados y 6 suicidios; es decir, una dolorosa diversificación de la violencia. Lo más alarmante para quienes creemos en la incidencia pública es que casi el 17% de las víctimas se dedicaba a la defensa de los derechos humanos y el 15.3% colaboraba activamente en organizaciones de visibilidad. Como bien señala Gloria Careaga, la exposición pública y el activismo comunitario se están desarrollando bajo un riesgo mortal debido a la persistencia de los discursos de odio. Y el problema de raíz, como ella misma reclama, vuelve a ser el mismo: la falta de educación. Sin datos oficiales precisos porque la gente en los censos aún no comprende los conceptos de orientación o identidad de género, la sociedad civil tiene que hacer el trabajo que el Estado y la Universidad abandonan.
Como bien concluye Kenlly Pacheco, coordinador del Observatorio, detrás de las cifras hay historias y familias que debemos nombrar para evitar que desaparezcan del debate público. A un año de distancia de haber abierto este espacio en La Jornada Zacatecas, la consigna no cambia, más bien se recrudece ante la urgencia: politizar el saber y exigir educación real para emancipar el orgullo. Porque en un contexto de simulación institucional, construir nuestra propia agencia no es una mera postura política; se nos va la vida en ello.
