El control del gasto público ha representado, desde siempre, uno de los desafíos más constantes de toda democracia liberal a lo largo de la historia de este modelo de sistema político. La fiscalización del ejercicio del presupuesto es quizá el mecanismo más claro a través del cual se materializan los contrapesos en la lógica de la división de poderes. En nuestro país los antecedentes se remontan a la Colonia y nunca han dejado de ser una preocupación en todo régimen gobernante. Sin embargo, su protagonismo como un elemento indispensable del sistema de gobierno comparte lapso con el de la transición a la democracia y el agotamiento del régimen de partido hegemónico del México posrevolucionario. Es con la campaña del entonces candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid, recordemos, cuando el lema de la “renovación moral” da motivo a la creación de la Secretaría de la Contraloría. Dicha reforma administrativa, y la propia constitucional que la acompañó, son solo el punto en el que la política de combate a la corrupción, en la que la fiscalización es un eje fundamental, comienza a gozar de relevancia en la conversación pública. Dicha evolución, a su vez, tuvo otro impulso relevante con la conversión de la Contaduría Mayor de Hacienda a la Auditoría Superior de la Federación, a partir de lo cual podemos identificar con cierta claridad lo que Mauricio Merino llamó la “segunda transición”, que implicó la creación de diversos mecanismos, instrumentos e instituciones de rendición de cuentas. Puede verse entonces cómo el fortalecimiento del combate a la corrupción y con ello de la fiscalización, como una herramienta fundamental, tanto de ésta como de la mejora en el gasto público, tuvieron un avance paralelo a la pluralidad democrática en nuestro país.
En el contexto de los resultados que desde 2018 han traído los procesos electorales, en los que una coalición ha logrado de nueva cuenta aglutinar la fuerza suficiente para contar con mayorías legislativas y el control del aparato del Estado, la fiscalización se enfrenta al desafío de mantener sus características de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. No han sido pocas las voces que han criticado el rol de las instituciones responsables de tales funciones. Se ha señalado, por ejemplo, que la designación de los auditores por una mayoría legislativa afín al gobierno en turno compromete, al menos en apariencia, la independencia del ente fiscalizador frente a quien audita. Es una objeción legítima, que solo puede responderse con hechos: con resultados de auditoría que no distingan entre dependencias afines y opositoras, y con datos verificables que el propio ente ponga a disposición del escrutinio público.
Por lo anterior es destacable cómo se ha venido desempeñando la labor del principal ente de fiscalización en el país, la Auditoría Superior de la Federación, a partir del cambio de titular que ésta tuvo apenas en marzo. La institución se ha fortalecido con una ambiciosa reforma que ya ha puesto en marcha, y que le dotó, entre otras nuevas herramientas, de la posibilidad de recibir denuncias de parte de la ciudadanía e iniciar, a partir de éstas y no solo de sus actos de auditoría, investigaciones para que, en su caso, se determinen responsabilidades administrativas o se dé vista al Ministerio Público para el inicio de las carpetas penales que así sean procedentes.
También se consideró en esta reforma el retorno a la dinámica de colaboración entre el ente federal de fiscalización y sus homólogos locales. En este rubro, al igual que en el anterior, ya ha comenzado a dar los primeros pasos en la dirección correcta con la firma de los convenios correspondientes, además de una lógica colaborativa de puertas abiertas del actual Auditor Superior, tanto con los auditores estatales, como con los contralores de los gobiernos de las entidades y los titulares de las secretarías de finanzas. Estas acciones objetivas, así como el diálogo abierto que ha instaurado, permiten entender el modelo de fiscalización integral que se ha venido definiendo y defendiendo desde la ASF, como uno que atiende a la complejidad democrática, política, social e incluso estructural del país, descentralizando sus acciones con una lógica incluyente que respeta la pluralidad y concibe a la fiscalización no como un acto de gobierno, sino como uno de Estado, que implica el involucramiento responsable y responsivo de todos los actores facultados para tal función. La gestión que arranca en órgano de fiscalización superior de la federación demuestra que la astucia y el profesionalismo constituyen una fórmula que logra conquistar la confianza y credibilidad de las instituciones en democracia.
@CarlosETorres_
