En reunión de la Coordinadora de Delegados del Sindicato de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), el secretario general Carlos Fernando Aréchiga Flores informó el inicio de una auditoría financiera, administrativa y patrimonial de este gremio.
Expuso que en esta ocasión se contrató un despacho de contadores fiscalistas de Zacatecas que ofreció la mejor propuesta económica para llevar a cabo dos auditorías, una al sindicato y otra a la Fundación.
Detalló que ese despacho se eligió porque otros dijeron que no podían tener listas las auditorías antes de 45 días, pero el sindicato solo tiene esa cantidad de días para hacer observaciones, además de que su propuesta de trabajo es más amplia.
También precisó que ese despacho no tiene relación alguna con la universidad ni con sus autoridades, de manera que se garantiza que no habrá conflicto de intereses en esta auditoría.
Asimismo, Delia Araceli Valadez Sánchez, coordinadora de Asuntos Laborales, detalló que la auditoría se aplicará por separado al sindicato y a la Fundación, y cada una tendrá un costo de 94 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Otro tema discutido durante la reunión fue el de la reforma estatutaria del SPAUAZ, tema pendiente debido a que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral calificó como improcedente el proyecto que el sindicato registró.
Vladimir Viramontes Cabrera comentó que, en el documento de improcedencia de estos estatutos se establece que debe llevarse a cabo de nuevo el proceso de registro, lo que implica que el sindicato debe iniciar desde cero con un proceso de construcción y posteriormente una nueva votación.
Por su parte, Solando Alvarado desmintió que deba iniciarse un nuevo proceso para la reforma estatutaria, pues el tribunal no objetó los procedimientos mediante los cuales el sindicato avaló la propuesta ganadora, sino solamente algunos puntos de su contenido, de manera que es suficiente con corregirlos.
Al respecto, Enrique Viramontes Cabrera recordó que el proceso consiste en el registro de un proyecto integral de estatutos y eso significa que, en caso de modificarlo debido a que resultó improcedente, entonces la nueva edición debe someterse a votación ya que ahora se trataría de un proyecto distinto.
Por ejemplo, expuso que el proyecto de estatutos que fue improcedente no cuenta con sanciones, pero sí se le agregan, entonces habrá que convocar a referéndum porque ya no sería la misma propuesta que la original.
