A más de 20 años de que estallara una de las historias judiciales más publicitadas y falseadas en los anales del crimen en México –el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda (o Hugo León, como aparece su primer apellido en su acta de nacimiento original)–, el llamado caso Wallace se ha ido desmoronando y las evidencias sembradas sobre las cuales se montó esta fabricación están documentadas.
Pero cinco de las seis personas que fueron “cazadas” personalmente por Isabel Miranda de Wallace –una adinerada empresaria dominante en el mercado de la publicidad y con fuertes vínculos en el bajo mundo de la policía– siguen sufriendo el rigor de las más duras experiencias carcelarias, a pesar de que en todos los casos se demostró que sus declaraciones auto inculpatorias fueron obtenidas bajo tortura.
La señora Wallace murió hace año y medio. ¿Por qué, entonces, el caso sigue en punto muerto sin que las autoridades muestren interés en revisar y depurar las cuestionadas carpetas de investigación?
Responde Brenda Quevedo Cruz, una de las víctimas de esta trama, ahora atrapada en una condición de prisión domiciliaria después de pasar 18 años en cuatro distintos penales.
–¿Cómo saberlo? Si se destapara toda la cadena de complicidades y corrupción que facilitó la fabricación del caso, de mínimo deberían caer unas cuantas cabezas de funcionarios que todavía están operando en el sistema judicial. ¿Cuántos servidores públicos estaban al tanto, los que daban órdenes de hacer cosas, los que fueron omisos, los que mintieron, los policías que realizaron las torturas? Casi todos están activos.
“Por ejemplo: hubo un acta de defunción sin cuerpo. ¿Quién lo permitió? ¿Gracias a quién logró imponer la falsa evidencia de la famosa gota de sangre? ¿Cómo le hacían los torturadores para entrar y salir de los penales donde estábamos sin dejar registro? ¿Quién hacía el espionaje telefónico con nuestras familias? Son delitos que se cometieron y alguien tendría que responder por ellos. Por eso les conviene seguir tapando todo, mantener la impunidad. El mismo sistema los protege.”
La Jornada acudió al departamento donde Brenda cumple su condena domiciliaria, acompañada siempre por su madre, Enriqueta. Es una mujer de 47 años guapa y juvenil. Se sumerge en su relato pródigo de detalles, pero llora cuando llega a la descripción de los dos episodios de tortura física y sexual que sufrió a manos de agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Santiaguito e Islas Marías
Otoño de 2009, 27 de noviembre. Brenda había perdido meses atrás la batalla legal para evitar la extradición desde Estados Unidos. Llevaba días en el Cefereso de Santiaguito. Era noche cuando una custodia fue por ella para llevarla, según dijo, a “una audiencia”. La escoltó, escaleras arriba, a un área donde había casilleros y luego a una oficina. Entraron tres hombres de traje, con la cara cubierta con pasamontañas y guantes de látex.
Patadas, gritos, intentos de asfixia con la bolsa en la cabeza, ofensas, tocamientos, humillación. Le arrancaron mechones de cabello. Los golpes en la cabeza le hacían zumbar los oídos. Las patadas en tórax y vientre la dejaban sin aliento. Grabaron todo.
“Querían que firmara una confesión admitiendo el asesinato, que les dijera donde estaba Jacobo Tagle, que era mi novio. Me decían que iban a lastimar a mi mamá y a mi hermano. Hasta las celdas se escucharon mis gritos. No firmé nada”, cuenta en una entrevista. Tenía entonces 29 años.
Hubo un certificado médico después de ese “interrogatorio”. Desapareció. No “se encontró” tampoco la bitácora que seguramente registró quiénes entraron y salieron esa noche del reclusorio.
“Cuando gritaba y me tapaban la boca se movió la venda de mis ojos. Pude ver un reloj en el puño de uno de mis torturadores que después, en otra diligencia, reconocí. También por los ojos”. Identificó al agente de la unidad antisecuestros de la entonces PGR, Osvaldo Jiménez Juárez. Ese policía siempre acompañaba a Wallace a todos lados.
La mujer de 47 años, con la tobillera electrónica que debe portar. Foto Yazmín Ortega Cortés
No fue la peor sesión de torturas. Hubo una más brutal. Había sido trasladada de manera ilegal a las Islas Marías. El 12 de octubre de 2010 la condujeron fuera de los campamentos de reclusión, hacia una zona remota y solitaria de la isla, jurisdicción de la Secretaría de la Marina. Encerrada en un cuarto oscuro de pronto se vio rodeada por cinco o seis hombres. La desnudaron. La esposaron, le vendaron los ojos y la envolvieron en una cobija “que olía fuertemente a orines”. Le echaban agua en boca y nariz hasta dejarla al borde del desvanecimiento. Uno de los sujetos, corpulento y velludo según pudo ver, se le echó encima, metió su puño en la vagina de la joven y la desgarró con repetidos golpes. “¿Qué se siente?”, le decía.
Cuando finalmente la dejaron sola sangraba profusamente. Veinte años después sigue con secuelas graves, por las lesiones en el área genital y porque le rompieron el implante de seno, que además de extremadamente doloroso es riesgoso para la salud. Durante los cinco meses que permaneció en la isla nunca la revisó un médico y siempre permaneció aislada e incomunicada.
Tortura, columna vertebral
De esos hechos también existen –además de sus declaraciones ministeriales– algunos certificados médicos, un peritaje del Protocolo de Estambul positivo que le ocultaron por varios años, amparos y recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (45/2020) y de la CNDH (VG127/2023) que confirman la tortura y recomiendan su liberación inmediata.
Además, en agosto de 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la preliberación de presos cuya única prueba condenatoria sea una confesión obtenida bajo tortura o que tengan 10 o más años en prisión sin recibir sentencia.
La columna vertebral de la fabricación del llamado caso Wallace se construyó con declaraciones autoinculpatorias de esos seis jóvenes: Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo.
En junio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia de 43 años de Juana Hilda González por comprobarse que la declaración que sostenía la acusación fue obtenida bajo tortura. El hilo conductor que relaciona a los otros cinco detenidos con la causa de Wallace se rompió ese día, ya que la pieza central de la acusación contra todos descansaba en una confesión firmada de esta mujer.
En la primera audiencia ante un juez, en 2006, ella se retractó. Su abogada de entonces, Ambar Treviño, alegó brutales torturas, amenazas contra su hija y el suministro de algún narcótico el día en que firmó la declaración que los incriminaba.
Sostiene Brenda: “Con esa resolución de la Corte mi mamá y yo brincábamos de gusto. Supuestamente debía impactar en cada uno de nuestros expedientes. Pero ya pasó un año (11 de junio 2025) y nada se movió”.
“Te vas a acordar de mí”
–¿A qué atribuyes la saña y el encono de Isabel Wallace contigo?
–Porque la reté. El día que me extraditaron de Estados Unidos, a donde me había ido a refugiar, ella estaba en el hangar de la PGR. Me propuso ‘un trato’. La rechacé, no quise hablar con ella porque me sabía inocente. Yo a su hijo ni lo conocía. Se ensañó. Me amenazó. Me dijo: “te voy a dejar 100 años en la cárcel. Te vas a acordar de mí”.
Y sí. Brenda se sigue acordando cada día de esa mujer.
Se acuerda cuando tiene que enchufar la tobillera electrónica que se le impuso cuando fue trasladada al régimen de prisión domiciliaria; cuando la alerta del dispositivo se dispara a media noche; cuando se asoma al balcón y e invariablemente ve a la patrulla de la Guardia Nacional que la vigila 24 horas siete días a la semana. Su mundo, desde hace año y medio, es un espacio de 80 metros cuadrados de un departamento del que no puede salir.
