México se encuentra frente a una de esas discusiones que durante décadas se han evitado por razones políticas, pero que tarde o temprano terminan imponiéndose por la fuerza de la realidad: la necesidad de una reforma fiscal profunda, progresista y orientada a combatir la desigualdad.
Mientras el debate público suele concentrarse en coyunturas electorales, disputas partidistas o el conflicto magisterial, la verdadera pregunta sigue sin responderse: ¿cómo financiar un Estado capaz de garantizar derechos sociales universales, pensiones dignas, educación pública de calidad, salud suficiente e infraestructura para el desarrollo?
La respuesta inevitable, entre otras más, conduce a la política fiscal.
México continúa siendo uno de los países que menos recauda impuestos entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2024, los ingresos tributarios representaron apenas 18.3 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras el promedio de las naciones de la organización alcanzó 34.1 por ciento. Nuestro país ocupa el último lugar en recaudación respecto al tamaño de su economía. (OECD)
Esta realidad tiene consecuencias concretas. Un Estado que recauda poco dispone de menos recursos para invertir en escuelas, hospitales, carreteras, vivienda, ciencia, tecnología y sistemas de protección social. También enfrenta mayores dificultades para responder a demandas legítimas de amplios sectores de la población.
En ese contexto debe entenderse la falta de condiciones presupuestales que le den salida a las exigencias del movimiento magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que más allá del error estratégico de sus dirigentes, la CNTE ha logrado colocar sobre la mesa una discusión que trasciende al sector educativo: la insuficiencia del modelo actual para garantizar jubilaciones dignas.
Las demandas del magisterio encuentran límites reales en la estructura presupuestal del país. No porque sean injustas, sino porque durante décadas México construyó un sistema de bajos impuestos para los grandes capitales y de limitada capacidad redistributiva. El resultado es un Estado que frecuentemente se ve obligado a administrar escasez.
Por ello, el debate de fondo no debería reducirse a si existen o no recursos para atender determinadas exigencias sociales. La discusión verdaderamente estratégica consiste en definir cómo generar esos recursos y cómo distribuirlos de manera más justa.
Una reforma fiscal de avanzada tendría que partir de un principio elemental: quien más tiene debe aportar más. Ello implica forzosamente tocar al capital financiero, revisar privilegios fiscales, fortalecer la progresividad del sistema tributario, combatir la evasión y la elusión de grandes contribuyentes, gravar adecuadamente las ganancias extraordinarias y construir mecanismos que permitan reducir la enorme concentración de riqueza existente en el país y avanzar a tocar el tema de manera global.
La reforma fiscal también debe vincularse con un nuevo modelo de desarrollo. Durante décadas se privilegió una visión donde el crecimiento económico era un fin en sí mismo. Hoy resulta evidente que el crecimiento, por sí solo, no garantiza bienestar. El objetivo debe ser colocar a las personas en el centro de la política económica.
La humanidad enfrenta el desafío de construir economías capaces de generar prosperidad sin excluir a grandes sectores de la población. En México, ello significa avanzar hacia un sistema que permita financiar derechos sociales universales y garantizar que quienes dedican toda una vida al trabajo puedan acceder a una jubilación digna.
Ese es el debate de nuestro tiempo. Y quizá uno de los aportes más importantes del movimiento magisterial haya sido revivir un debate necesario porque sin una reforma fiscal progresista y sin un nuevo pacto de desarrollo, las demandas de justicia social seguirán chocando una y otra vez contra el muro de las limitaciones presupuestales y la permanencia de un capital financiero que es intocable aun en tiempos de la transformación.
