La propuesta impulsada por Movimiento Ciudadano para permitir que las y los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años abrió un nuevo debate sobre la participación política de las adolescencias en México. Mientras sus promotores sostienen que se trata de un paso hacia una democracia más incluyente, especialistas advierten que una reforma de esta magnitud requiere análisis profundos, adecuaciones legales y una preparación institucional que hoy todavía no existe.
La iniciativa forma parte de una reforma electoral más amplia presentada a nivel nacional por Movimiento Ciudadano y retomada en Zacatecas por los diputados locales Ana María Romo Fonseca y Marco Vinicio Flores Guerrero, quienes plantean modificar la Ley Electoral del Estado para reconocer el derecho al sufragio activo desde los 16 años de edad.
Sin embargo, detrás de la propuesta existe una discusión mucho más amplia que involucra aspectos políticos, sociales, jurídicos y operativos.
Una apuesta estratégica de Movimiento Ciudadano
Para el doctor en Ciencia Política y docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Noé Hernández Cortez, la iniciativa resulta congruente con la estrategia política que Movimiento Ciudadano ha desarrollado durante los últimos años.
Explicó que el partido naranja ha construido buena parte de su identidad política a partir de las redes sociales y de un discurso dirigido principalmente a la denominada Generación Z.
“Es lógico que la propuesta de votar a partir de los 16 años en México sea una propuesta de Movimiento Ciudadano”, señaló.
Recordó que la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez tuvo una fuerte presencia en universidades y espacios juveniles, buscando acercarse a un electorado joven que terminó convirtiéndose en uno de sus principales respaldos.
Como ejemplo, destacó que en Zacatecas la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano obtuvo el 17.35 por ciento de la votación en 2024, superando incluso los resultados alcanzados por PRI y PAN en la entidad.
Desde esta perspectiva, Hernández Cortez considera que la propuesta también tiene una lectura estratégica. “Movimiento Ciudadano ha logrado convocar el voto de las y los jóvenes, así que desde un punto de vista estratégico sabe que si votan los jóvenes de 16 años se le abre una oportunidad de un amplio mercado electoral con el cual podría crecer en el futuro”, afirmó.
Asimismo, señalo que la propuesta de permitir el voto a partir de los 16 años no es una medida inédita a nivel internacional, ya que diversos países han incorporado este derecho para las y los adolescentes bajo distintos esquemas. Mencionó que en Europa, Austria permite la participación electoral desde esa edad, mientras que en América Latina existen casos como Brasil, Argentina, Nicaragua, Ecuador y Cuba, donde los jóvenes de 16 y 17 años pueden ejercer el sufragio.
No obstante, el académico reconoció que el debate tiene dos caras. Por un lado, existe el argumento de que, si a los 16 años los jóvenes pueden enfrentar responsabilidades jurídicas, incluso de carácter penal, también deberían contar con representación política mediante el voto. Por otro, persiste la discusión sobre si a esa edad ya se ha desarrollado plenamente la socialización democrática necesaria para ejercer ese derecho.
Una reforma que requiere preparación
Una postura más cautelosa es la del en Estudios Contemporáneos e igualmente docente de la máxima casa de estudios, Edgar Francisco González Romo, quien considera que antes de modificar la edad mínima para votar es necesario construir las condiciones adecuadas para ello.
A su juicio, una reforma de este tipo tendría que ir acompañada de una revisión integral de diversas legislaciones relacionadas con las adolescencias.
Entre ellas mencionó la necesidad de analizar cómo se mantendrían los esquemas de protección jurídica para menores de edad y evitar que la ampliación de derechos políticos sea utilizada posteriormente para justificar cambios en materias sensibles, como la edad mínima de imputabilidad penal.
Asimismo, recordó que la Constitución establece que quien tiene derecho a votar también posee el derecho a ser votado, lo que abriría una serie de discusiones jurídicas adicionales.
González Romo señaló que México enfrenta una deuda histórica con este sector de la población, particularmente en materia educativa y de oportunidades laborales. “Creo que no es viable una reforma de este calado sin reflexión y preparación”, expresó.
Aunque evitó pronunciarse sobre si las adolescencias están o no preparadas para asumir esta responsabilidad, subrayó que las desigualdades sociales influyen profundamente en la construcción de la conciencia cívica y democrática.
En ese sentido, consideró que el principal beneficio de una eventual reforma sería acercar a las juventudes al debate público y fomentar una participación más activa en los asuntos colectivos. Sin embargo, insistió en que ello debe acompañarse de mecanismos de democracia directa, fortalecimiento institucional y mejoras en el sistema educativo.
También advirtió que en las democracias modernas existe el riesgo de que las campañas se centren más en la comercialización de candidaturas que en la discusión de propuestas, fenómeno que podría influir igualmente en los nuevos votantes.
Respecto al caso de Zacatecas, señaló que la participación política de las adolescencias depende en gran medida de los entornos familiares y educativos en los que se desarrollan.
Finalmente, fue contundente al señalar que los partidos políticos observan claramente una oportunidad electoral detrás de esta propuesta. “Me parece que es una oportunidad político-electoral que los partidos tienen clara”, sostuvo.
Los desafíos para el INE
Por su parte, la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Zacatecas, Aracely Frías López, señaló que la propuesta de permitir el voto a partir de los 16 años implicaría importantes retos operativos, administrativos y presupuestales para la autoridad electoral.
Explicó que actualmente el sistema está diseñado para ciudadanos mayores de 18 años que cuentan con credencial para votar y aparecen en la lista nominal, por lo que una eventual reforma obligaría a replantear los mecanismos de identificación y registro de nuevos electores.
Indicó que incorporar a miles de jóvenes de 16 y 17 años requeriría realizar estudios técnicos, adecuar procedimientos y prever recursos adicionales para la organización de los comicios. Entre los principales desafíos mencionó el aumento en la cantidad de boletas, urnas y casillas electorales, así como la necesidad de redistribuir a los votantes debido a que cada casilla tiene una capacidad limitada de electores.
Frías López precisó que el INE es una institución ejecutora de las leyes aprobadas por los órganos legislativos, por lo que no emite una postura a favor o en contra de la iniciativa; sin embargo, consideró que una reforma de esta magnitud debe analizarse con suficiente anticipación para evaluar sus impactos y garantizar certeza en los procesos electorales.
Asimismo, destacó que el instituto cuenta con programas de educación cívica y participación ciudadana enfocados principalmente en personas mayores de edad o próximas a cumplir los 18 años, por lo que ampliar el derecho al voto a adolescentes representaría también el reto de desarrollar estrategias específicas de formación y concientización para ese sector de la población.
Finalmente, hizo un llamado a que cualquier modificación de este tipo se realice con planeación, estudios previos y el tiempo necesario para su correcta implementación, especialmente ante la complejidad de los próximos procesos electorales.
