En Zacatecas vivimos tiempos inéditos de movilizaciones sociales masivas en el espectro político de la izquierda; por un lado, las muestras de respaldo a la presidenta Sheinbaum en el marco de la defensa de la soberanía y por el otro lado los miles de maestros que se manifestaron con la exigencia de mejores condiciones laborales y de retiro.
Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han vuelto a colocar sobre la mesa una de las contradicciones más complejas que enfrentan los gobiernos surgidos de movimientos populares: ¿qué hacer cuando una demanda legítima de los trabajadores se confronta con las limitaciones materiales, presupuestales del Estado y al mismo tiempo la derecha estadounidense intenta desestabilizar al gobierno?
La historia de las luchas obreras enseña que los derechos laborales, las conquistas sindicales y las mejoras en las condiciones de vida no han sido producto de concesiones espontáneas del poder, sino resultado de la organización colectiva, la movilización y la presión social. En ese sentido, el reclamo de miles de maestras y maestros que exigen una jubilación digna, mejores condiciones laborales y la revisión de reformas que consideran lesivas para sus derechos debe ser entendido como parte de una larga tradición de lucha social que ha contribuido a democratizar al país.
Sin embargo, también es cierto que México atraviesa una etapa política inédita. Por primera vez en muchas décadas, las demandas de los trabajadores no se dirigen contra un gobierno abiertamente neoliberal, sino contra una administración que se reivindica heredera de las luchas populares y que, bajo el liderazgo López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, han mantenido políticas de recuperación salarial, reducción de la pobreza laboral, disminución de la jornada laboral, fortalecimiento de programas sociales, inversión pública y ampliación de derechos sociales que contrastan con las políticas de austeridad y privatización impulsadas durante el periodo neoliberal.
La contradicción, por tanto, no es menor. De un lado se encuentra un movimiento magisterial que considera insuficientes los avances logrados y exige transformaciones más profundas; del otro, un gobierno que reconoce la legitimidad de diversas demandas, pero que sostiene la existencia de restricciones financieras para satisfacerlas en los términos y tiempos planteados por la dirigencia sindical.
Ante este escenario, el peor desenlace posible sería la ruptura definitiva entre dos actores que históricamente han formado parte del mismo campo social y político. La experiencia internacional demuestra que cuando los gobiernos progresistas y los movimientos populares pierden la capacidad de diálogo, quienes suelen beneficiarse son las fuerzas conservadoras que esperan pacientemente el desgaste mutuo para presentarse como alternativa y Argentina hoy mismo es un recordatorio permanente.
No se trata de un riesgo hipotético. América Latina y Europa ofrecen numerosos ejemplos de cómo las fracturas entre gobiernos progresistas y sus bases sociales terminaron abriendo las puertas a proyectos que, una vez en el poder, desmantelaron conquistas laborales, debilitaron sindicatos y redujeron derechos sociales. La derecha rara vez llega al gobierno prometiendo eliminar beneficios; generalmente arriba aprovechando el desencanto, la fragmentación y el agotamiento de los sectores populares.
Por ello, la discusión de fondo no debería reducirse a quién gana o pierde una negociación específica. La pregunta central es cómo avanzar en la ampliación de derechos sin debilitar la correlación de fuerzas que hizo posible los cambios alcanzados en los últimos años, se es responsable de las finanzas del país y se evita que el vecino del norte se infiltre con fines de desestabilizar al país.
Ello exige responsabilidad de ambas partes. El gobierno debe evitar la tentación de descalificar o minimizar las demandas magisteriales. Ningún movimiento social con la historia y el arraigo de la CNTE puede ser reducido a una caricatura política o a una conspiración opositora. Los trabajadores movilizados merecen respeto, interlocución y respuestas concretas.
Pero también corresponde a las dirigencias sindicales reconocer que la construcción de transformaciones profundas requiere no sólo voluntad política, sino también condiciones materiales que hagan sostenibles las conquistas alcanzadas. La historia demuestra que los avances más duraderos son aquellos que logran consolidarse mediante acuerdos sociales amplios y mecanismos de implementación viables.
La izquierda mexicana enfrenta hoy una prueba de madurez política. No se trata de exigir obediencia de los trabajadores ni de pedir al gobierno que renuncie a sus responsabilidades fiscales. Se trata de encontrar un punto de equilibrio que permita avanzar en la justicia laboral sin fracturar el pacto social que hizo posible el cambio político iniciado en 2018.
Las maestras, maestros y todos los mexicanos tenemos el derecho a luchar por mejores condiciones salariales y de jubilación. El gobierno tiene la obligación de escuchar y buscar soluciones. Ambos comparten, en última instancia, un mismo desafío histórico: evitar que las diferencias legítimas entre quienes buscan transformar al país terminen siendo aprovechadas por quienes aspiran a restaurar un modelo que durante décadas precarizó el trabajo, debilitó los derechos sociales y convirtió la desigualdad y el saqueo en política de Estado.
