Durante décadas, el modelo neoliberal intentó convencer a México y Zacatecas que la salud debía funcionar bajo la lógica del mercado: hospitales convertidos en negocios, pacientes tratados como clientes y el acceso a la atención médica condicionado por la capacidad de pago. Todo ese paradigma terminó por desmoronarse con la pandemia del COVID – 19.
La inauguración del nuevo hospital Agustín O’Horán en Mérida, así como la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel en Guadalupe, representan mucho más que nuevas obras de infraestructura; simbolizan la disputa histórica entre dos proyectos de nación: el de la salud como mercancía y el de la salud como derecho humano.
La nueva unidad hospitalaria, considerada una de las más grandes de América Latina y construida con una inversión de cinco mil millones de pesos, puede entenderse como emblema del viraje de la política pública sanitaria. La afirmación no es menor. Implica reconocer que el Estado tiene la obligación ética, política y constitucional de garantizar atención médica gratuita y de calidad para toda la población, especialmente para quienes históricamente fueron excluidos. De esa dimensión es el compromiso.
En una época donde aún persisten voces que promueven la privatización de los servicios públicos, el anuncio de que durante el actual sexenio se invertirán 180 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria marca una ruptura con la lógica de abandono institucional que predominó durante años. Para dimensionar la magnitud del esfuerzo, esa cifra equivale a aproximadamente cuatro años y medio del gasto total anual del estado de Zacatecas.
Los datos son interesantes. Desde octubre de 2024 se han construido 29 proyectos hospitalarios: siete del Instituto Mexicano del Seguro Social, 18 del IMSS-Bienestar y cuatro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Paralelamente, el país pasó de formar seis mil 500 médicos especialistas al año en tiempos neoliberales a una proyección de 14 mil en 2026. También aumentará la atención médica: de 37.5 millones de consultas en 2023 a 60 millones este año en hospitales incorporados al IMSS-Bienestar.
Sin embargo, pensar la salud pública desde una visión progresista también implica reconocer los enormes desafíos pendientes. No se debe dejar de lado que la expansión hospitalaria debe ir acompañada de una profunda reorganización del sistema sanitario: abatir el desabasto de medicamentos, reducir los tiempos de espera, garantizar personal suficiente en comunidades rurales, mejorar las condiciones laborales de médicos y enfermeras y fortalecer la atención preventiva.
A ello se suma el reto histórico de construir un verdadero sistema nacional integrado que supere la fragmentación entre instituciones y elimine las desigualdades regionales que persisten entre el norte y el sur del país. La infraestructura es fundamental, pero el derecho a la salud solo se consolida plenamente cuando existe acceso efectivo, trato digno y cobertura universal real.
La declaración de: “se cerrarán las cajas de cobro”. En esa frase se resume una visión de justicia social donde el acceso a la salud deja de depender del dinero y vuelve a colocarse en el terreno de los derechos. Ahí radica la función irrenunciable del Estado: proteger la vida, no administrar privilegios.
