Hablar del magisterio mexicano es hablar de una de las columnas históricas sobre las que se ha construido el país. En cada comunidad rural, en las colonias populares, en las sierras y ciudades, han sido las maestras y los maestros quienes, muchas veces en condiciones adversas, han sostenido la educación pública como un auténtico acto de compromiso social y de servicio colectivo.
Durante décadas, el discurso neoliberal intentó reducir esa labor a simples indicadores administrativos. Bajo la lógica tecnocrática que dominó el país desde los años ochenta y que alcanzó uno de sus momentos más agresivos con la llamada reforma educativa de 2013, el magisterio fue injustamente señalado, perseguido y estigmatizado. Se quiso responsabilizar a las y los docentes del deterioro educativo mientras se abandonaban las escuelas, se precarizaban las condiciones laborales y se debilitaba deliberadamente la inversión pública en educación.
Aquella reforma, impulsada bajo el argumento de “elevar la calidad educativa”, escondía en realidad un modelo profundamente punitivo. La evaluación dejó de entenderse como herramienta pedagógica para convertirse en mecanismo de control laboral. Miles de docentes fueron sometidos a campañas de desprestigio mediático y a una narrativa que pretendía presentar a los maestros como obstáculos para el desarrollo nacional. En diversos estados del país se vivieron episodios de persecución administrativa, despidos y criminalización de la protesta social magisterial.
No debe olvidarse que hubo maestras y maestros que resistieron no solamente por la defensa de sus derechos laborales, sino por la defensa misma de la educación pública como un derecho social. La resistencia del magisterio democrático frente al embate neoliberal forma parte de la historia reciente de las luchas populares de México.
Con la llegada del proceso de transformación iniciado en 2018 comenzó también una etapa distinta para el sector educativo. La derogación de los aspectos punitivos de la reforma de 2013 significó un reconocimiento político a las demandas históricas del magisterio. Se restituyó la centralidad de las maestras y los maestros en el debate educativo y se abandonó, al menos desde el discurso gubernamental, la lógica de confrontación permanente.
A ello se suman avances salariales que durante años parecían imposibles. En los últimos años se han impulsado incrementos sostenidos al salario docente, particularmente entre quienes perciben menores ingresos. El salario promedio del magisterio ha mejorado de manera importante respecto al periodo neoliberal y hoy existe una política que reconoce que ningún maestro debería ganar menos que el salario promedio registrado ante el IMSS. Además, se han fortalecido prestaciones, procesos de basificación y mecanismos para reducir prácticas discrecionales heredadas del viejo régimen burocrático.
Sin embargo, sería un error pensar que la deuda histórica con el magisterio mexicano está completamente saldada. Persisten enormes desafíos estructurales. Las condiciones de infraestructura educativa continúan siendo precarias en miles de planteles; la carga administrativa sigue absorbiendo tiempo pedagógico; y muchas maestras y maestros enfrentan todavía contextos laborales complejos, especialmente en regiones marginadas.
Pero quizá el tema que hoy concentra una de las mayores inconformidades del sector es el sistema de pensiones. La reforma de 2007 al ISSSTE, aprobada en pleno auge neoliberal, transformó radicalmente el esquema solidario de retiro para convertirlo en un modelo de cuentas individuales administradas bajo criterios financieros. Para amplios sectores del magisterio, aquella reforma representó una condena a jubilaciones insuficientes y a una vejez marcada por la incertidumbre.
Por ello, las demandas actuales de miles de trabajadores de la educación no pueden reducirse a una simple disputa presupuestal. Lo que está en juego es el derecho a un retiro digno después de décadas de servicio público. El reclamo por revisar el sistema pensionario expresa una exigencia de justicia social largamente postergada.
El desafío para el gobierno de la transformación consiste precisamente en encontrar rutas viables que permitan avanzar hacia un esquema más justo y solidario sin comprometer la estabilidad financiera del Estado. No se trata de una discusión menor: implica definir qué lugar ocupa realmente el trabajo docente dentro del proyecto nacional.
Porque una nación que desprecia a sus maestras y maestros termina condenándose a la desigualdad y al atraso. Pero un país que dignifica la educación pública y reconoce plenamente a quienes la sostienen cotidianamente construye bases más firmes para la democracia, la soberanía y la justicia social.
En tiempos donde persisten intentos por mercantilizar la enseñanza y reducir la educación a criterios de rentabilidad, defender la escuela pública sigue siendo un acto profundamente transformador. Y en esa defensa, las maestras y los maestros de México continúan siendo protagonistas imprescindibles de la vida nacional.
