Investidos de santidad, todos los que actualmente conforman la estructura política del Estado, incluyendo al anterior y a la actual mandataria del gobierno de la 4T, llegaron al poder bajo las promesas: “por el bien de todos, primero los pobres”; “imponiendo la austeridad republicana o pobreza franciscana”; “el pueblo bueno y sabio ahora sí tiene derechos, ya no está olvidado”; “el pueblo pone y el pueblo quita”; “venimos del pueblo, gobernamos para el pueblo y por el pueblo”; “somos incorruptibles, no somos iguales a los de antes”; “no habrá impunidad para nadie”; “como decía Juárez, por encima de la ley nada ni nadie”; “ahora sí habrá justicia”; “el gobierno del bienestar”…
Sin embargo, el jueves 30 del pasado abril, estalló una bomba que destapó una cloaca y dejó al descubierto a nivel nacional e internacional, la putrefacción que existe en el gobierno de la 4T:
Se dio a conocer públicamente que la Oficina del Departamento de Justicia Sur de York, realizó la acusación formal en contra del gobernador por MORENA del Estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios y ex funcionarios del mismo gobierno: el senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez; el ex secretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; el vice fiscal, Dámaso Castro Zaavedra; los ex jefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez; el ex subdirector policial José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil y el ex comandante municipal Juan Valenzuela Millán.
Según Aristegui Noticias, a todos ellos se les acusa de 5 cargos:
Asociación delictuosa para la importación de narcóticos.
Acusación de conspirar para violar las Leyes Antinarcóticos de Estados Unidos. Específicamente se les señala de facilitar la fabricación, distribución e importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a territorio de Estados Unidos.
Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Presuntamente por utilizar, portar y poseer armas de fuego militares, durante y en relación con el delito de tráfico de drogas.
Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Se les acusa de conspirar y aliarse para violar las leyes federales de armas. Este cargo penaliza el acuerdo subyacente de utilizar armamento letal, para proteger al Cártel y asegurar el éxito del trasiego de drogas.
Secuestro y muerte de un informante de la DEA.
Al ex comandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán se le imputa haber participado directamente, en octubre de 2023, en el secuestro de Alexander Meza León, una fuente confidencial de la DEA y de uno de sus familiares de tan sólo 13 años. La acusación, detalla que este crimen resultó en la muerte de ambas víctimas como represalia por la información que la fuente entregó a Estados Unidos, sobre las operaciones de Iván Archivaldo Guzmán y otros miembros de los Chapitos.
Asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.
A Valenzuela Millán también se le acusa de conspirar de manera intencional con otros miembros del cártel para llevar a cabo secuestros, utilizando a sus agentes municipales y patrullas para detener a las víctimas y entregarlas a los sicarios del Cártel, quienes procedieron a torturarlas y asesinarlas.
Todos son señalados de haber puesto las instituciones para la protección de los “Chapitos”: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, abusando así de su autoridad, para beneficiar al Cártel de Sinaloa, sometiendo a víctimas a amenazas, violencia y han vendido cargos, a cambio de sobornos cuantiosos.
Además, Rocha Moya es acusado es acusado que siendo candidato a gobernador, se reunió con los “Chapitos” pidiéndoles apoyo electoral, a cambio de protección.
Como consecuencia Estados Unidos, envió solicitud al gobierno de México, para qué con carácter urgente, procediera a la detención de los 10 funcionarios, con fines de extradición, pues de acuerdo con los fiscales estadounidenses los acusados se habían aliados con uno de los cárteles más poderosos del continente.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha colaborado para dar cumplimiento a la solicitud. Eso implica que desea impunidad y por tanto que no se imparta justicia.
Se ha “cobijado” en una serie de palabrerías: “NO HAY NINGUNA PRUEBA”; “NO ENCUBRIMOS A NADIE, PERO DEBE HABER PRUEBAS”; “NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VIOLE LA SOBERANÍA”…
La presidenta ignora que los Tratados Internacionales, son en México Ley Suprema de toda la Unión, según indica el Artículo 133 de la CPEUM que a la letra dispone:
- “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de Toda la Unión…”
Las pruebas serán presentadas por las fiscalías, ante Tribunales estadounidenses, dentro de los juicios contra los ahora acusados. México no los va a juzgar. Por lo que. no se atenta contra la soberanía, porque la acusación y la solicitud, tienen fundamento en el Tratado de Extradición celebrado entre México y Estados Unidos.
¿Presidenta preocupada?
