Exinternas del centro de rehabilitación Agua Viva, que el domingo se manifestaron para denunciar abusos, fueron citadas el pasado jueves a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) tras una denuncia por amenazas interpuesta por la directora del lugar, que opera sin registro sanitario.
La colectiva Dignidad no Castigo denunció simulación por parte de la pastora Julia Adriana del Muro Troncoso, directora del centro, quien presuntamente llevó camiones de comida previo a una inspección por parte de la Fiscalía el pasado martes.
Recordaron que entre las denuncias se ha señalado que las usuarias son alimentadas con comida echada a perder o caducada. Advierten que el lugar no cuenta con personal de enfermería, medicina, psicología ni ningún otro profesional de salud; que aplica terapias de conversión contra internas LGBT, y que acumula más de 80 testimonios de malos tratos por parte de mujeres de distintas generaciones, con 20 personas dispuestas a testificar ante instancias judiciales.
Janeth Calderón Ortiz, vocera de la colectiva, declaró frente a la Fiscalía que la denuncia de la pastora Julia del Muro contiene referencias discriminatorias hacia el físico de las manifestantes. «Hace precisión a nuestros cuerpos, dice que nos tiene miedo por nuestro tamaño», señaló. Las cuatro mujeres que encabezaron la manifestación del domingo fueron notificadas mediante llamada telefónica de que debían comparecer este jueves a la una de la tarde, sin contar aún con asesoría legal.
Calderón Ortiz detalló que los castigos dentro del centro incluían limpiar el piso con cepillos pequeños a altas horas de la madrugada, ayunos de hasta 12 horas y pláticas de conversión para «sacar el espíritu del lesbianismo», práctica que en Zacatecas constituye un delito. También denunció que a las internas se les llevaba a limpiar la casa y el rancho de la directora, y que, siendo menores de edad, de 14 y 15 años, eran enviadas a vender garapiñados a diferentes comunidades. Señaló que fue castigada por practicar el culto a la Santa Muerte.
El costo del internamiento es de 14 mil pesos por un proceso de seis meses, monto que se cobra completo, aunque la persona no concluya el tratamiento, detallaron.
Laura Saldaña relató que ingresó al centro sin ningún problema de adicción, después de haber sido violentada por su pareja. «Ingresé llena de moretones, con una crisis de ansiedad, y en vez de recibir empatía, recibí más violencia», declaró.
Otra manifestante precisó que cuando su madre llevó el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), el centro la instruyó para no revelar detalles bajo amenaza de extender su encierro: «Va a venir Derechos Humanos, no les digas esto, no les digas lo otro, no le digas aquello, porque, si no, se te va a disciplinar y tu proceso se va a hacer más largo.»
Entre las exigencias de la colectiva están la regularización de todos los centros de rehabilitación del estado, la apertura de un centro femenil público similar al que existe para hombres en Jerez, y que las investigaciones vayan «a fondo, no por arriba del agua».
Las jóvenes lamentaron la muerte de un hombre de 26 años en un centro de rehabilitación Ministerios Agua Viva en Chihuahua, en enero de este año, además de un incidente en el que otro interno se fracturó ambas piernas al intentar escapar saltando por las azoteas de viviendas cercanas. Subrayaron la responsabilidad de las autoridades de regular y supervisar estos centros.
