Por unanimidad, con 27 votos, la 65 Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Salud que adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, con el propósito de que las actividades de atención médica se apoyen en guías de práctica clínica avaladas por la autoridad federal.
En la presentación del dictamen se explicó que estas herramientas buscan mejorar la práctica médica y promover el uso eficiente de recursos en áreas como nutrición, cuidados neonatales, trasplantes, control prenatal y reanimación cardiovascular, entre otras.
En asuntos generales, la diputada Dayanne Cruz Hernández (PRI), se refirió a la toma de instalaciones del Ayuntamiento de Villa González Ortega, por parte de trabajadores que denuncian el incumplimiento en el pago de salarios desde el mes de enero.
La priísta, representante del Distrito 11, informó que durante el desalojo de las instalaciones municipales una servidora de la Nación advirtió que los programas sociales podrían suspenderse como consecuencia de las acciones de los trabajadores. La legisladora calificó estas expresiones como una práctica incompatible con el artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines distintos a los institucionales.
Por tanto, Cruz Hernández exhortó a la titular de la Delegación de Programas para el Bienestar en Zacatecas a garantizar que su personal actúe con imparcialidad y que la continuidad de los programas federales no se condicione a la disponibilidad de instalaciones municipales ni se utilice como instrumento de presión.
Tres diputadas de Morena tomaron la palabra para deslindar a su partido de la conducta de la presidenta municipal, a quien señalaron de actuar con «desdén», «falta de oficio político» e incluso «burla» hacia los trabajadores.
Susana Barragán Espinosa, presidenta de la Comisión de Gobernación, anunció que la próxima semana se someterá a votación el dictamen de la iniciativa para revisar, auditar y transparentar el uso de recursos públicos en el municipio. Barragán Espinosa también subrayó estar convencida de que la delegada federal de Programas para el Bienestar, Adilene Rosales, desconoce las declaraciones de la servidora señalada y que actuará conforme a los principios del movimiento. En el mismo sentido se pronunciaron las diputadas Imelda Esparza y Maribel Villalpando.
Por último, la diputada Ana María Romo Fonseca (MC) participó con el tema «Niñas, niños y violencia digital, proteger infancias en redes», advirtiendo que, aunque Zacatecas fue el primer estado del país en prohibir la violencia digital por inteligencia artificial, reconocida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 80/2024, la ley aún no contempla mecanismos de reparación del daño ni el derecho al olvido digital para menores víctimas de ciberacoso, grooming, sextorsión o difusión no consentida de imágenes. La emecista anunció reformas para establecer un protocolo de atención con plazos perentorios y el reconocimiento expreso del derecho a solicitar la eliminación de contenidos dañinos en plataformas digitales.
