Durante la discusión en tribuna de una iniciativa de punto de acuerdo en el Congreso del Estado de Zacatecas, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez cuestionó la congruencia de las autoridades estatales al señalar una presunta criminalización del sector campesino por el incendio en las bodegas de Alimentación para Bienestar, en contraste con el respaldo legislativo expresado hacia los productores.
“Me llama la atención que este exhorto salga a casi 36 horas de una muy lamentable declaración (…) donde se esté criminalizando nuevamente a nuestros campesinos”, expresó la legisladora, al referirse a recientes declaraciones del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, tras el incendio de una bodega que dejó pérdidas estimadas en alrededor de seis millones de pesos.
La intervención de la diputada se dio en el marco de la lectura de la iniciativa presentada por el diputado Jesús Padilla Estrada, mediante la cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), para que instruya a su directora general a emitir y entregar, a la brevedad, la carta de liberación de no adeudo a las y los productores de Zacatecas que ya liquidaron sus compromisos con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Ávila Valadez inició su participación reconociendo la pertinencia de la propuesta, al considerar que responde a una problemática que por años ha afectado al campo zacatecano. “Quiero felicitarlo por esta iniciativa (…) me parece muy pertinente y muy congruente con la realidad (…) que desde hace muchos, muchos años han estado viviendo nuestros compañeros y compañeras campesinas”, señaló.
En su posicionamiento, la diputada destacó que la situación no solo involucra a productores con adeudos ante la financiera rural, sino también a quienes han enfrentado dificultades con cajas populares, poniendo en riesgo su patrimonio. Subrayó que, particularmente, los productores de riego han sido de los más afectados por estas circunstancias.
No obstante, insistió en la contradicción que, a su juicio, existe entre el respaldo expresado en el Congreso y las declaraciones emitidas desde el ámbito estatal. Recordó que, de acuerdo con lo señalado por la presidenta de la República, las investigaciones sobre el incendio aún no concluyen, por lo que consideró prematuro atribuir responsabilidades.
“Todavía ni siquiera terminan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (…) y ya en Zacatecas (…) salió a criminalizar a nuestros compañeros campesinos”, enfatizó.
Asimismo, planteó que, así como se promovió el exhorto en favor de los productores que aún no reciben su carta de liberación de no adeudo, también debió impulsarse un punto de acuerdo dirigido a las autoridades estatales para evitar la criminalización de la protesta social.
“Así como hoy se sube este punto de acuerdo (…) se hubiera subido un punto de acuerdo para llamar a las autoridades estatales (…) que no siga criminalizando la protesta social”, expresó.
Finalmente, reiteró que se desconocen las causas del siniestro y advirtió que los señalamientos anticipados afectan a un sector históricamente vulnerable. “Todavía se desconoce cuáles fueron los motivos (…) y aquí en Zacatecas nuevamente, como es costumbre, se sigue criminalizando”, concluyó.
