Tras el paro estudiantil registrado en el Campus 2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), derivado de denuncias por presunto acoso sexual y falta de atención institucional, el Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria emitió un posicionamiento en el que condena la respuesta de las autoridades y exige acciones inmediatas, eficaces y con perspectiva de género.
La movilización fue encabezada por una alumna de la Unidad Académica de Antropología, quien denunció la falta de seguimiento a señalamientos contra un docente con más de 20 años en la institución, sobre quien, aseguró, existen antecedentes de conductas inapropiadas y acusaciones de acoso sexual por parte de diversas generaciones de estudiantes.
De acuerdo con su testimonio, los hechos que detonaron el paro se remontan al 9 de marzo, cuando estudiantes colocaron un “tendedero” de denuncias para visibilizar los casos. Sin embargo, la directora de la unidad retiró el material y, posteriormente, la estudiante fue llevada a un salón sin posibilidad de comunicación, donde se le exigió revelar la identidad de quienes participaron en la protesta.
La alumna señaló que, tras estos hechos, se realizaron reuniones con autoridades, quienes propusieron canalizar las denuncias a la Coordinación de Género; no obstante, aseguró que el proceso no avanzó y no se concretaron acciones. Indicó que, ante la falta de respuesta, acudió a instancias como la Defensoría universitaria, Derechos Humanos y la Fiscalía, sin obtener resultados claros.
Asimismo, denunció que existe omisión por parte de la dirección, al referir que, pese a tener conocimiento de señalamientos previos durante años, no se actuó bajo el argumento de falta de pruebas. Añadió que, aunque ella no fue víctima directa de acoso por parte del docente, decidió encabezar el movimiento tras los hechos de intimidación que vivió.
La estudiante también afirmó que existen al menos tres casos recientes dentro de su entorno cercano, así como más de una decena de denuncias de alumnas que, según dijo, no han podido concluir sus procesos académicos. Además, refirió que hay testimonios que datan desde 2016, lo que evidenciaría un patrón prolongado.
En este contexto, el Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria expresó su “profunda preocupación e indignación” ante la respuesta institucional a las denuncias públicas, al considerar que ha prevalecido la omisión, la negligencia y la falta de actuación efectiva por parte de las autoridades universitarias.
El colectivo subrayó que el hostigamiento y acoso sexual son formas de violencia de género que vulneran la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente en entornos donde existen relaciones de poder desiguales. Asimismo, advirtió que la inacción institucional contribuye a la impunidad y a la reproducción de dinámicas de violencia, silencio y revictimización.
En su posicionamiento, señalaron que las denunciantes enfrentan no solo la agresión inicial, sino también prácticas de desprotección, dilación en los procedimientos y riesgos de represalias que obstaculizan el acceso a la justicia.
Por ello, el grupo emitió una serie de exigencias, entre las que destaca la atención inmediata, real y no simulada a las denuncias, con perspectiva de género, garantizando investigaciones exhaustivas y la sanción efectiva de los agresores.
También demandaron la implementación urgente de medidas de protección integral para las denunciantes, que resguarden su integridad física, psicoemocional y académica, evitando cualquier forma de revictimización o estigmatización.
Otro de los puntos centrales es la erradicación de represalias derivadas de las denuncias, particularmente aquellas que puedan afectar evaluaciones, trayectorias escolares o el acceso a oportunidades académicas.
El colectivo insistió en la necesidad de institucionalizar los procesos de atención, mediante la creación de mecanismos formales, permanentes y vinculantes que permitan el seguimiento de casos, la generación de antecedentes y la implementación de políticas efectivas de prevención y no repetición.
Asimismo, exigieron garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito universitario, así como el respeto al marco jurídico vigente que obliga a las instituciones de educación superior a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
Finalmente, advirtieron que la universidad no puede ser un espacio de tolerancia a la violencia ni a la impunidad, por lo que reiteraron su llamado urgente a la acción institucional. Subrayaron que sin justicia no es posible hablar de comunidad universitaria, ni de inclusión, igualdad o democracia.
