El Tribunal de Disciplina Judicial se encuentra en una etapa de consolidación tras su reciente creación, con el objetivo de fortalecer la transparencia, supervisar el desempeño de los funcionarios y recuperar la confianza ciudadana en la impartición de justicia. Así lo señaló la magistrada Celia Nayeli Juárez Castro, quien explicó que este organismo surgió a partir de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 y que entró en vigor un año después, cuando sus integrantes rindieron protesta.
De acuerdo con la magistrada, el nuevo tribunal es un órgano especializado encargado de vigilar la conducta del personal que realiza funciones jurisdiccionales dentro del Poder Judicial, con el propósito de garantizar que su actuación se apegue a la legalidad y a principios éticos. “Es un organismo especializado encargado de vigilar las conductas de todo el personal dentro del Poder Judicial… para garantizar que actúen con estricto apego a la legalidad, a la ética y a la transparencia hacia la ciudadanía”, puntualizó.
Este, se encuentra integrado por el magistrado presidente José Luis Hernández Ugalde, la magistrada Vania Arlette Vaquera Torres y la magistrada Celia Nayeli Juárez Castro. Sus oficinas se encuentran en Cerro del Gato, en el edificio que anteriormente ocupaba el Tribunal de Justicia para Adolescentes.
La creación de esta instancia representa un cambio significativo en la estructura del control judicial. Antes de la reforma, las funciones administrativas, jurisdiccionales y disciplinarias estaban concentradas en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, ahora estas responsabilidades se dividieron entre órganos especializados: el Tribunal Superior se enfoca en la función jurisdiccional, el Tribunal de Disciplina en la supervisión y sanción, y un órgano de administración judicial se encarga de los aspectos financieros y materiales.
Según Juárez Castro, esta división permite mayor imparcialidad y transparencia en los procesos disciplinarios. “Al no estar concentradas todas las funciones, ello permite que exista más imparcialidad en los procesos disciplinarios”, afirmó. Asimismo, explicó que cualquier procedimiento se desarrolla bajo un esquema legal que contempla investigación, derecho de defensa, presunción de inocencia y resolución, lo que fortalece la certeza jurídica.
En cuanto a las irregularidades que pueden investigarse, la magistrada indicó que van desde faltas menores hasta actos graves. “Las fallas pueden ser desde cuestiones mínimas, como retrasos injustificados, hasta actos de corrupción o ejercicio indebido”, señaló. En caso de comprobarse responsabilidades, las sanciones pueden ir desde amonestaciones y suspensiones hasta inhabilitación o destitución, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El organismo supervisa a todos los servidores públicos que realizan funciones jurisdiccionales, como jueces, magistrados y secretarios, aunque el personal administrativo queda bajo la supervisión del órgano interno correspondiente. La magistrada explicó que las acciones del tribunal buscan detectar áreas de oportunidad y corregir prácticas inadecuadas antes de que se conviertan en faltas graves.
Actualmente, el tribunal realiza visitas a los distintos juzgados del estado para evaluar su funcionamiento. “Estamos acudiendo a todos los distritos y estamos revisando todos y cada uno de los juzgados”, indicó. Durante estas revisiones se han detectado retrasos injustificados y problemas en el manejo de documentación, los cuales se están corrigiendo mediante la implementación de controles más estrictos.
Como ejemplo, mencionó la reorganización de archivos para llevar un registro preciso de quién accede a los expedientes. “Se está tratando de esquematizar un orden en todos los archivos… para saber quién exactamente tiene acceso a un expediente, cuándo y en qué fecha”, explicó.
La magistrada señaló que hasta el momento se ha revisado alrededor del 30 por ciento de los juzgados del estado, proceso que inició en febrero y que continuará durante el año con el objetivo de elaborar un diagnóstico integral del Poder Judicial.
Otro mecanismo implementado es la “excitativa de justicia”, que permite a los ciudadanos denunciar retrasos injustificados. Según la funcionaria, este procedimiento ha sido efectivo. “Normalmente, en el 90 por ciento de los casos… cuando nos llega el informe del juez, ya viene diligenciada la actuación que el justiciable estaba pidiendo”, comentó. Esto ha contribuido a disminuir la percepción de corrupción, pues muchos retrasos se debían a falta de atención más que a conductas indebidas.
Además de la excitativa, los ciudadanos pueden presentar quejas por posibles responsabilidades administrativas. Estas se investigan en varias etapas: investigación, sustanciación y resolución. “Una vez que se desahoga el procedimiento en su totalidad, entonces pasa a la fase de resolución donde se puede dictar una sentencia”, explicó.
En este sentido, informó que se pueden presentar denuncias o solicitar información directamente ante el tribunal, tanto de manera presencial como vía telefónica. Precisó que quienes deseen reportar alguna irregularidad pueden comunicarse al número 492 491 4168, extensión 3102, donde se les brindará orientación y seguimiento a sus quejas.
Juárez Castro reconoció que uno de los principales retos es consolidar la estructura del tribunal y generar una cultura disciplinaria. “Existe mucha inconformidad, pero no existe la cultura de la denuncia”, afirmó, al señalar que el miedo o la desconfianza impiden que los ciudadanos reporten irregularidades.
Por ello, hizo un llamado a la sociedad a acercarse a la institución. “Invito a la ciudadanía a que confíen en nosotros, los invito a que denuncien y a que confíen en sus instituciones”, expresó. También subrayó que los datos de los denunciantes pueden mantenerse reservados para garantizar su seguridad.
