El diputado federal José Narro Céspedes encabezó este domingo una conferencia de prensa en Zacatecas, en la que abordó la situación que enfrenta el campo mexicano, particularmente en lo relacionado con la comercialización del frijol, además de exponer avances legislativos y denunciar presuntas irregularidades en la operación de programas públicos.
Inició reconociendo como positiva la estrategia del gobierno federal de destinar 10 mil toneladas de frijol a Zacatecas como parte del programa de acopio; sin embargo, advirtió que el precio fijado en 16 pesos por kilogramo resulta insuficiente para cubrir los costos de producción de los agricultores. En este sentido, sostuvo que el precio justo debería oscilar entre los 22 y 23 pesos por kilo, considerando el incremento en los insumos, el combustible y otros factores que han encarecido la actividad agrícola.
“Plantear un precio de 16 pesos es estar por debajo de los costos de producción”, afirmó, al tiempo que subrayó que esta situación coloca en desventaja a los productores, quienes enfrentan dificultades para recuperar su inversión. Explicó que el aumento en los costos no ha sido acompañado por políticas de apoyo suficientes, lo que agrava la vulnerabilidad del sector.
En ese contexto, Narro Céspedes denunció la persistencia de prácticas de intermediación abusiva, conocidas como “coyotaje”, en las que algunos actores adquieren el frijol a precios muy bajos (incluso de hasta 8 pesos por kilo) para después venderlo a precios considerablemente más altos, generando ganancias desproporcionadas. Señaló que estas prácticas no solo se presentan en el mercado informal, sino que también podrían estar vinculadas con estructuras gubernamentales y redes delictivas.
“El problema es que los coyotes están en el gobierno y también en la delincuencia, aprovechando la necesidad de los productores”, expresó. Añadió que la inseguridad y la extorsión han generado un clima de miedo entre los agricultores, obligándolos en muchos casos a vender sus cosechas por debajo de su valor real.
Asimismo, el diputado hizo referencia a la ruptura de las negociaciones con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, lo que, advirtió, podría derivar en movilizaciones en los próximos días si no se atienden las demandas del sector. Ante este escenario, insistió en la necesidad de revisar a fondo el esquema actual de precios de garantía y plantear alternativas que permitan una comercialización más justa y transparente.
Entre las propuestas, mencionó la posibilidad de retomar mecanismos anteriores en los que se establecían acuerdos con empresas comercializadoras e industrializadoras, acompañados de esquemas de financiamiento para los productores. Este modelo, explicó, permitía garantizar precios más competitivos y reducir la dependencia de intermediarios.
Otro de los puntos que generó preocupación, dijo, es la reducción en los criterios del programa de acopio. Detalló que anteriormente se contemplaba la participación de productores con hasta 30 hectáreas y la compra de hasta 15 toneladas por productor; no obstante, en la actualidad estos parámetros se han reducido a 10 hectáreas y un máximo de 5 toneladas. Esta modificación, advirtió, dejará fuera a una parte importante de los productores, especialmente en una entidad donde cerca del 90 por ciento son pequeños agricultores.
En este sentido, cuestionó la capacidad operativa del programa para atender la demanda real del campo zacatecano, al señalar que muchos productores podrían quedarse sin posibilidad de vender su cosecha dentro del esquema oficial.
Por otra parte, informó que a partir de este lunes se prevé la apertura de 14 centros de acopio en el estado, lo que permitirá iniciar formalmente la recepción del grano. Sin embargo, reconoció que aún existen rezagos en la entrega de insumos como la costalera en diversas comunidades, lo que podría complicar el proceso para algunos productores.
El legislador también enfatizó la necesidad de llevar a cabo auditorías exhaustivas para garantizar la transparencia en la operación del programa, así como para combatir la corrupción y la impunidad. En este punto, criticó la posible politización del tema por parte de autoridades estatales y señaló que algunas irregularidades podrían estar relacionadas con actores cercanos a los grupos en el poder.
En el ámbito legislativo, Narro Céspedes destacó que el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se encuentra en su fase final, con poco más de dos semanas para desahogar una agenda que calificó como prioritaria. Entre los avances más relevantes, mencionó la aprobación de reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, orientadas a fortalecer la austeridad en el ejercicio del gasto público.
Explicó que estas reformas buscan evitar que funcionarios públicos perciban ingresos superiores al de la Presidencia de la República, incluyendo beneficios adicionales como bonos, seguros médicos y otros privilegios. “Se trata de poner un alto a los abusos y recuperar el sentido de servicio público”, puntualizó.
De igual forma, subrayó que las modificaciones constitucionales incorporan principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración de los órganos públicos, lo que representa, dijo, un avance importante hacia una mayor equidad en la vida institucional del país.
Finalmente, el diputado abordó otros temas pendientes, como la aprobación de leyes secundarias, el nombramiento de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la revisión de solicitudes de registro para nuevos partidos políticos. En este último rubro, advirtió sobre posibles irregularidades en la conformación de algunas organizaciones, particularmente en lo relacionado con la realización de asambleas y la afiliación de militantes.
