El sportwashing puede entenderse como una estrategia de poder orientada a la gestión simbólica de la legitimidad. A través del deporte, gobiernos y liderazgos en contextos de crisis buscan reposicionar su imagen pública, desplazar la atención y reconstruir narrativas favorables sin atender necesariamente las causas de fondo de los conflictos que enfrentan.
El mecanismo no implica la negación de la realidad, sino su reconfiguración en el espacio público. La centralidad del espectáculo deportivo permite que problemáticas estructurales pierdan visibilidad relativa, sin desaparecer. En términos políticos, ese desplazamiento de la atención resulta funcional.
México ofrece un antecedente significativo en 1968. La organización de los Juegos Olímpicos proyectó una imagen de estabilidad y modernidad en un momento marcado por la represión interna. El evento no eliminó la crisis, pero sí contribuyó a modular su percepción a nivel internacional. Desde entonces, el uso del deporte como instrumento de proyección política se ha mantenido como una constante.
En el contexto contemporáneo, esta práctica se ha sofisticado. Organismos como la FIFA operan no sólo como entes rectores del deporte, sino como actores con capacidad de incidir en la construcción de legitimidad global. La cercanía con liderazgos políticos, así como los gestos simbólicos que emanan de estos espacios, adquieren una dimensión que rebasa lo estrictamente deportivo.
La contradicción se vuelve evidente en el caso de Estados Unidos, donde el crecimiento del fútbol depende en gran medida de la comunidad latina, al mismo tiempo que las políticas migratorias generan condiciones de hostigamiento hacia ese mismo sector. Se trata de una relación funcional que evidencia el carácter instrumental del fenómeno.
En el plano internacional, el deporte coexiste con escenarios de alta tensión geopolítica. Países con conflictos abiertos mantienen simultáneamente vínculos deportivos activos. Esta dualidad no es accidental; permite sostener espacios de interacción simbólica mientras las disputas se desarrollan en otros niveles.
Los casos de Rusia y Catar ilustran esta dinámica. Ambos organizaron Copas del Mundo en medio de cuestionamientos relevantes en materia de derechos humanos. Durante el desarrollo de los torneos, la conversación global se concentró en el ámbito deportivo, reduciendo la presión pública sobre estos temas. Esa capacidad de redistribuir la atención es uno de los principales efectos del sportwashing.
El Mundial de 2026 se inserta en esta lógica. Con Estados Unidos como sede principal y México y Canadá en un papel complementario, se articula una narrativa de cooperación regional que también cumple una función de validación política. La organización del evento no puede leerse únicamente en términos deportivos.
En el ámbito local, estas prácticas encuentran eco. En Zacatecas, la promoción de eventos deportivos de alto perfil puede interpretarse como impulso al deporte, pero también como un intento de amortiguar el desgaste político acumulado en los últimos años. Ignorar esta segunda dimensión no es un ejercicio de neutralidad, sino una forma de omisión.
Es importante subrayar que el problema no radica en el deporte. Su valor social, cultural y formativo es incuestionable. La discusión se centra en su utilización como herramienta para desplazar la atención pública de conflictos, deficiencias institucionales o crisis de gobernabilidad.
En este momento en que se escriben estas líneas, el escenario internacional se encuentra marcado por una escalada de tensión en Medio Oriente. El presidente Donald Trump ha declarado que “toda una civilización podría morir esta noche” en referencia a la situación con Irán. Se trata de una afirmación de enorme gravedad, cuyas implicaciones trascienden el ámbito discursivo.
Ante este tipo de posicionamientos, la discusión no puede limitarse a la geopolítica en abstracto. Existen consecuencias humanas concretas que no pueden ser desplazadas del centro del análisis. La dimensión ética de estas declaraciones exige una lectura crítica que no puede ser sustituida por agendas paralelas.
Sin embargo, la agenda deportiva global continúa su curso sin alteraciones. Esta coexistencia entre crisis y espectáculo responde a una lógica en la que la atención pública se distribuye de manera estratégica.
El uso político del deporte no es un fenómeno nuevo. La cuestión de fondo es su normalización. Aceptarlo sin cuestionamiento implica reducir los márgenes de exigencia pública en contextos donde la rendición de cuentas resulta indispensable.
Jaime Enrique Cortés Acuña
