La Legislatura local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a garantizar el derecho a la libre manifestación el próximo 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y evitar cualquier acto de represión en contra de las participantes.
El punto de acuerdo fue propuesto por el Grupo Parlamentario del PT, en donde el diputado Alfredo Femat Bañuelos hizo un llamado a la Secretaría General de Gobierno (SGG), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Secretaría de las Mujeres (Semujer), a garantizar el derecho a la libre manifestación con motivo del 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”; así como a evitar cualquier acto de represión o uso indebido de la fuerza y a hacer públicas previamente las acciones de seguridad que implementarán en dicha fecha.
En tribuna, el legislador presentó cifras que reflejan un entorno donde la seguridad y la integridad de las mujeres continúan en riesgo, por lo que la protesta del 8 de marzo no debe entenderse como una alteración del orden público, sino como una reacción social frente a un problema estructural que no ha sido erradicado.
Asimismo, recordó los acontecimientos del 8 de marzo de 2024 en Zacatecas, cuando la policía reprimió la movilización con el uso de la fuerza, lo cual es un antecedente que no puede ignorarse.
Por otra parte, el diputado Martín Álvarez Casio hizo referencia a la remuneración de los servidores públicos y señaló que este no es un asunto menor e incluso la Constitución establece principios claros.
En ese sentido, mencionó el caso del alcalde de Fresnillo, Javier Torres, cuya percepción mensual es superior a la del gobernador del estado e incluso más que el edil de Aguascalientes y de Guadalajara, en el estado de Jalisco.
Ante el argumento de Torres de que la Legislatura del estado validó su incremento salarial al aprobar el presupuesto, consideró que pretende transferir al Congreso la responsabilidad de aumentarse esa percepción.
Por ello, anunció que solicitará a las instancias correspondientes que revise este caso y si se desprende que la percepción está por encima de lo permitido, que regrese el dinero excedente.
En otro tema, Álvarez Casio dio a conocer la Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, por conducto de la Secretaría de Educación y del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas del Gobierno del Estado; así mismo a los 58 gobiernos de los municipios en el Estado, para que expidan programas, signen convenios y destinen fondos económicos específicos en este ejercicio fiscal 2026, para llevar a cabo la construcción de infraestructura y garantizar la educación inclusiva en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, en beneficio de alumnos con discapacidad.
Detalló que en Zacatecas apenas el 26 por ciento de las escuelas cuentan con la adecuación necesaria para la educación inclusiva, por lo que aseveró en que, crear la infraestructura educativa necesaria para dar igualdad de condiciones a niñas, niños y adolescentes que viven en condición de discapacidad, significa no dejar a nadie afuera y no dejar a nadie detrás.
Por su parte, la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés propuso una refirma en materia de educación inclusiva, con la finalidad de dotar de contenido normativo exigible al concepto de educación inclusiva, incorporando un catálogo de medidas mínimas que orienten la actuación pública y permitan evaluar resultados.
Aseguró que la educación inclusiva constituye un eje indispensable para garantizar el derecho humano a la educación en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación. Si bien el texto vigente del artículo 44 define correctamente el sentido general de la educación inclusiva como un conjunto de acciones para identificar, prevenir y reducir barreras, su redacción actual, dijo, se mantiene en un plano principalmente declarativo, sin precisar los mecanismos mínimos que deben implementar las autoridades educativas para hacer efectivo dicho mandato.
Por su parte, el diputado Santos Antonio González Huerta presentó la iniciativa con proyecto de Decreto de reforma a la Ley para la Atención y Protección a las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado y Municipios de Zacatecas, a fin de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de atención y protección a las personas con la condición del espectro autista, alineándolo con los estándares constitucionales, científicos y convencionales vigentes.
El legislador expuso que se trata de una reforma orientada a garantizar diagnósticos oportunos, educación inclusiva, profesionalización institucional, apoyo familiar y accesibilidad social, consolidando un modelo de derechos humanos que permita avanzar hacia una sociedad verdaderamente incluyente.
