Docentes jubilados de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) exigieron a la Rectoría que se respete el gasto autorizado por la federación para el pago de funcionarios y que el excedente obtenido sea utilizado para cubrir el adeudo de 162 millones de pesos por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Según informaron, desde 2017 y hasta la fecha son 392 docentes jubilados a los cuales se les adeuda la cantidad de 152 millones de pesos, “por lo que resulta sumamente indignante y ofensivo, qué para dar respuesta a esta violación, el patrón nos ofrezca 10 millones de pesos, los cuales ofrece pagar a más tardar, el 30 de abril de 2026 y la cantidad de 2 millones de pesos, pagaderos al 15 de julio de 2026, quedándonos a deber la cantidad de 140 millones de pesos. Siendo optimistas, estas cantidades alcanzarían para cubrir el adeudo a 40 docentes quedándonos sin nuestro pago alrededor 352 docentes”.
A través de un pronunciamiento, señalaron que la crisis financiera de la universidad ha sido el pretexto para que las autoridades no cumplan con sus obligaciones contractuales, pero mientras el Gobierno Federal exige que las universidades públicas se conduzcan con austeridad, en la BUAZ el Consejo Universitario autorizó un gasto de 800 millones de pesos para salarios de funcionarios, pero la federación sólo le autoriza a la UAZ 267 plazas, que tienen un costo de 105 millones de pesos, lo que significa que hay un monto de 695 millones de pesos destinados a cubrir los compromisos políticos contraídos por los diferentes grupos políticos que administran la institución.
Por tanto, exigieron que la universidad se ajuste al esquema de austeridad autorizado por la federación para pago de funcionarios que son 105 millones de pesos para cubrir solo 267 plazas.
Asimismo, que de ese excedente de 695 millones de pesos que se genere por la eliminación de las plazas de funcionarios que no están autorizados por la federación, se destinen 152 millones para pagar a los jubilados de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, a quienes se les adeuda SAR y Fovissste y, que de acuerdo a la norma, nos deben ser entregados al momento de su retiro.
“Es sumamente preocupante y violatorio de nuestros derechos humanos, que después de toda una vida de trabajo y muchos de nosotros con condiciones de salud graves, en lugar de estar dedicados a cuidarnos, tengamos que batallar por un pago que la institución puede cubrir, pero que nos niega porque su prioridad son los compromisos políticos y sostener a un injustificable grupo de funcionarios que están por encima de lo que autoriza la federación y que no son necesarios para el funcionamiento de la institución”, concluyeron.
