Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno del estado, afirmó que la postura asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a su dictamen de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), sepultó la viabilidad del Instituto y afirmó que esta decisión acelerará el quebranto del sistema de pensiones.
“Creo que es una irresponsabilidad de la Suprema Corte de Justicia; creo que fue una decisión populista en donde no entienden el daño que se está haciendo. El instituto está quebrado, pero gracias a esta decisión de los ministros y ministras habrá miles de trabajadores que no tendrán una pensión”, expresó.
El funcionario consideró que la SCJN no estudió ni analizó adecuadamente el sistema de pensiones del Issstezac y entonces “le acaba de dar al traste, le puso el último clavo del ataúd” porque no se cuenta con 300 millones de pesos cada año para pagar un aguinaldo de 60 días a los pensionados.
Además, el secretario general de Gobierno recordó que la reforma que incorporó el pago de aguinaldo a pensionados fue aprobada por todas las fuerzas políticas en la pasada legislatura, lo que hoy tiene un impacto financiero severo para el instituto. Expuso que existen casos en los que un solo jubilado llegará a recibir hasta 220 mil pesos por concepto de aguinaldo, lo que incrementa de manera significativa la presión sobre las finanzas del Issstezac.
Reyes Mugüerza señaló que, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma aprobada en 2024 dejó de ser suficiente para dar viabilidad financiera al instituto, el cual -dijo- se encuentra actualmente quebrado. Ante este escenario, explicó que el Issstezac tendrá que buscar nuevos mecanismos de financiamiento para cubrir cerca de 300 millones de pesos anuales que se requieren únicamente para solventar esta prestación.
Recordó que el aguinaldo para pensionados no es una prestación que estaba autorizada en la ley y su pago se realizó durante mucho tiempo como una concesión política, hasta la reforma a la ley del 2015 que sí incluyó este pago.
Reyes Mugüerza reiteró que el instituto no cuenta con 290 millones de pesos para pagar 60 días de aguinaldo a los pensionados, y “si el Issstezac ya estaba en quiebra, ahora sí se aseguraron de acelerar la quiebra”.
De acuerdo con datos oficiales, para 2025 el Issstezac deberá cubrir el pago de pensiones y jubilaciones de 6 mil 574 personas, lo que representa una erogación mensual cercana a los 130 millones de pesos, un 30 por ciento más en comparación con el inicio de esta administración. Tan solo entre noviembre de 2021 y noviembre de 2025 se autorizaron 2 mil 490 nuevas pensiones, lo que ha incrementado de manera sostenida la presión financiera del organismo.
En contraste, la plantilla laboral del instituto se redujo de 808 empleados en septiembre de 2021 a 498 en noviembre de 2025, es decir, 310 trabajadores menos, lo que equivale a una disminución del 38.9 por ciento. Aunque en 2025 los ingresos del Issstezac crecieron 9 por ciento por mayores cuotas y aportaciones, los gastos aumentaron 8 por ciento, principalmente por el alza en pensiones y jubilaciones, generando un déficit de 82.72 millones de pesos. A ello se suma el cierre de 17 unidades de negocio durante esta administración y las pérdidas previstas en el hotel Mesón de Jobito, que al cierre de 2025 ascenderán a casi nueve millones de pesos.
Cuestionó que en el dictamen se establece que el gobierno del estado tendrá la responsabilidad de solventar ese quebranto, pero “no va a haber dinero que alcance para pagar al Issstezac, porque entonces va a ser un barril sin fondo en donde el gobierno solo se va a dedicar a pagar pensiones”.
En este escenario, dijo que ahora lo más sensato será plantear una nueva reforma a la ley como mecanismo para dar viabilidad, pero otra posibilidad que “está frente a nosotros” es la de la liquidación o quiebra del instituto.
Contrario al discurso de opositores y adversarios políticos, Reyes Mugüerza afirmó que esta resolución no es un golpe para el gobernador David Monreal Ávila, sino para la sociedad zacatecana y para los trabajadores, porque la reforma le había dado viabilidad al sistema de pensiones y ahora ya no la tendrá.
Por último, señaló que el esquema de pensiones solidarias ya no es equitativo en Zacatecas, pues las aportaciones de los trabajadores no son suficientes para pagar las pensiones, mucho menos para pagar 60 días de aguinaldo a los jubilados. En consecuencia, “hoy el instituto está quebrado y no tiene ningún tipo de viabilidad”.
