La explosión tecnológica y la consecuente digitalización masiva han transformado radicalmente el entorno social en México. Con 88.6 millones de usuarios de internet mayores de 12 años, según datos del INEGI, una porción significativa de nuestra vida se desarrolla hoy en el ciberespacio. Sin embargo, esta migración trae consigo una problemática ineludible para las instituciones: la violencia digital, un delito que desdibuja las fronteras tradicionales de tiempo y lugar.
Es fundamental, tanto desde la perspectiva jurídica como social, abordar con seriedad esta realidad. Los actos de violencia perpetrados a través de medios digitales no son meras abstracciones; son agresiones concretas que impactan negativamente la salud mental, la dignidad y el desarrollo integral de las víctimas. Estos comportamientos dañinos o intimidatorios se ejecutan mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), cuya inmediatez y alcance masivo facilitan una propagación del daño que a menudo resulta rápida e incontrolable.
En nuestra entidad, la gravedad del problema es innegable y requiere atención prioritaria. El Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI indica que el 22.5% de los usuarios de internet en Zacatecas ha sido víctima de ciberacoso. No obstante, al examinar esta estadística con enfoque de género, emerge una disparidad estructural preocupante: la incidencia es superior en mujeres (24.5%) que en hombres (20.4%). Este patrón demuestra que la violencia digital no es un fenómeno aislado, sino una nueva manifestación de las violencias de género ya existentes. El algoritmo se ha convertido en un nuevo canal para este tipo de delito, evidenciado en agresiones que atacan directamente la sexualidad y la imagen de las mujeres, a través de conductas como la Difusión No Consentida de Contenido Íntimo (DNCII) —castigada por la Ley Olimpia— y la Sextorsión.
Para un combate efectivo, la precisión jurídica es esencial. Las autoridades en Zacatecas han tipificado y persiguen diversas modalidades de atentados contra la seguridad digital, incluyendo:
- Ciberacoso: Hostigamiento sistemático y repetitivo.
- Sextorsión: Chantaje que utiliza material íntimo como herramienta de extorsión.
- Doxing: Publicación maliciosa de información personal sensible con el fin de comprometer la seguridad física o moral de la víctima.
- Suplantación de Identidad: Usada frecuentemente para fraudes o difamación.
La respuesta institucional no puede limitarse a marcos legales; debe complementarse con educación digital profunda y medidas preventivas de ciberseguridad. Es imperativo facilitar mecanismos de denuncia accesibles y ofrecer soporte psicológico especializado, entendiendo la complejidad del proceso de victimización digital. Se reitera a la ciudadanía que, aunque la tecnología sea el medio, la intención de dañar es esencialmente humana y, por ende, sancionable. En Zacatecas, el esfuerzo se centra en garantizar que la dignidad humana sea respetada con idéntico rigor tanto en el ámbito físico como en el virtual.
