Ayer, desde el Foyer del Teatro Calderón, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una reunión pública de información ante los “riesgos potenciales de desequilibrio ecológico grave, afectación a los ecosistemas y daños a la salud pública” del proyecto de la Presa Milpillas que, señalan, no están ponderados adecuadamente en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que Semarnat publicó el pasado 25 septiembre.
Señalaron que la MIA 2025 retoma casi íntegramente la documentación presentada en 2015 y que, a pesar de reconocer el déficit de los acuíferos del centro del estado, no ofrece una justificación técnica ni ecológica sólida.
Advirtieron que el proyecto propone extraer 41 millones de metros cúbicos anuales, equivalentes a más del 90 por ciento del caudal del río Milpillas, lo que provocaría un desequilibrio ecológico severo.
En ese sentido, señalaron que el estudio omite el caudal ecológico mínimo del río Atenco y no evalúa los impactos aguas abajo, lo que contraviene los principios de gestión ambiental.
Ejidatarias y ejidatarios de Jiménez del Teul afirmaron que la presa significaría “la muerte del río” y que su única fuente de agua es también la que abastece a decenas de comunidades aguas abajo. Varias participaciones insistieron en que, sin el río, la región perdería su base de subsistencia agrícola, ganadera y doméstica.
Añadieron que es irrealista la promesa en el discurso gubernamental de abastecer de agua a Zacatecas capital y a la zona conurbada. Compararon el proyecto de la presa Milpillas con casos en otras entidades donde las presas terminaron secas o no cumplieron su propósito, pese a las inversiones millonarias realizadas.
Las y los ponentes aludieron al libro Hidroextractivismo en la región centro de Zacatecas, la presa Milpillas y las alternativas, publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, para señalar que existen alternativas a la crisis hídrica que incluyen: la vigilancia de concesiones, la reconversión productiva con agroecología, la recarga de acuíferos, la eficiencia hídrica, la priorización del agua subterránea de mejor calidad y la participación comunitaria en la gestión.
Enfatizaron que esas alternativas implican menor costo público y mayor eficacia frente a una presa cuyo presupuesto estimado se ha triplicado desde 2015.
El libro mencionado, bajo la autoría de Darcy Tetreault y Elvira Ivonne Muñoz Morales —quienes participaron en la conferencia de prensa—, critica que los Estados suelen preferir megaproyectos antes que medidas de gestión más efectivas debido al alto costo político asociado.
Tetrault y Muñoz Morales señalan que, de acuerdo con Molles y Closas (2020), las acciones que realmente reducen la sobreexplotación de los acuíferos incluyen “ajustar los precios de la energía, las estructuras tarifarias y los esquemas de incentivos; restringir o prohibir ciertos cultivos sedientos y generar conciencia sobre la problemática”.
“Es un grande proyecto que pretende proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua para facilitar la acumulación de capital y darles a los administradores ese presupuesto de casi 9 mil millones, la oportunidad de repartir con cierta discreción”, expuso Tetreault.
Subrayó que la presa depende de una infraestructura costosa y vulnerable a fallos debido a la necesidad de elevar el agua a centenares de metros verticales, lo cual —señaló—no está incluido dentro de la MIA.
Además de solicitar la reunión pública de información —prevista en el artículo 34 del Reglamento en materia de Impacto Ambiental— e invitar a la población a sumarse, las y los activistas dirigieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que el gobierno federal revise la MIA, escuche a las comunidades y frene un proyecto que, afirmaron, responde a intereses privados más que a la justicia hídrica.
