En asamblea informativa con productoras y productores, el diputado federal Ulises Mejía Haro afirmó que la reforma a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales representa “un cambio de fondo” para garantizar un campo más justo, productivo y con reglas claras en el acceso al recurso hídrico. El dictamen, que será discutido en la Cámara de Diputados esta semana, coloca en el centro el binomio agua-tierra, indispensable para la producción de alimentos y para la seguridad alimentaria del país.
Mejía Haro explicó que la reforma reconoce que la concesión de agua está ligada a la tierra y constituye parte esencial del patrimonio rural. Por ello, uno de los avances más relevantes es el fortalecimiento del mecanismo para heredar y transmitir concesiones a familiares directos. Por primera vez, dijo, se incorpora un procedimiento claro y verificable que permitirá a hijas, hijos, cónyuges y familiares en línea directa continuar usando el agua sin enfrentar trámites discrecionales. Esta medida protege el patrimonio de miles de familias, asegura continuidad en las actividades agrícolas y pecuarias y evita abusos en la transmisión de derechos.
El legislador morenista subrayó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum amplía el concepto de derecho humano al agua, reconociendo su uso agrícola, pecuario y acuícola además del personal y doméstico. Esto permite avanzar hacia una política hídrica integral que articule tierra, agua y producción de alimentos, bajo la premisa de que “sin agua suficiente, disminuye la producción”.
Entre los beneficios centrales, Mejía Haro destacó la ampliación de los plazos para solicitar prórrogas de concesiones, lo que ofrece mayor certidumbre a quienes dependen del agua para trabajar la tierra y evita la pérdida de derechos por trámites engorrosos o tiempos reducidos.
Otro punto relevante es la restitución del Órgano de Cuenca con mayores capacidades de planeación y vigilancia, así como con participación de usuarios y autoridades locales. Este rediseño permitirá una gestión territorial del agua más cercana a las necesidades reales de cada región.
El dictamen también incluye medidas para frenar el acaparamiento del recurso, al prohibir la concentración de grandes volúmenes en una sola persona física o moral y obligar a que el agua concesionada se use exclusivamente para su fin autorizado. Asimismo, contempla sanciones más estrictas para el desvío, renta o uso indebido de volúmenes y ordena la creación de un Sistema Nacional de Información Hídrica y de un padrón público actualizado, con mecanismos de monitoreo para asegurar transparencia y trazabilidad.
La propuesta fortalece, además, los Consejos de Cuenca, amplía la corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, establece normas más rigurosas para el reúso del agua tratada e incorpora criterios de protección ambiental para la recuperación de acuíferos y ecosistemas. También incluye procedimientos simplificados para pequeños productores y criterios diferenciados para comunidades rurales y pueblos originarios.
Mejía Haro subrayó que estas reformas buscan garantizar agua para las familias y para el campo mexicano, contribuir a la soberanía alimentaria y establecer bases sólidas para una gestión sustentable del recurso hídrico. Reiteró que continuará participando en los trabajos legislativos para que el dictamen avance “con equilibrio, justicia social y plena protección al patrimonio productivo de las y los zacatecanos”.
