Durante décadas, el salario mínimo en México fue sinónimo de injusticia. Atrapado en una lógica de contención y precariedad, se utilizó como ancla inflacionaria en lugar de ser una herramienta para el bienestar. Los gobiernos neoliberales —de PRI y PAN— mantuvieron congelado el ingreso real de millones de trabajadores, lo que profundizó la desigualdad, obligó a muchas familias a vivir con menos de lo básico, y normalizó la pobreza laboral como si fuera destino inevitable.
Pero hoy, el panorama está cambiando. El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de un nuevo incremento al salario mínimo confirma que en México se está construyendo una nueva lógica económica: poner al trabajador en el centro de la política pública. Aunque aún falta conocer el porcentaje exacto del aumento para 2025, la trayectoria ya es contundente: desde 2018, el salario mínimo ha crecido más del 110% en términos reales, lo que no tiene precedente en la historia moderna del país.
Y los resultados están a la vista. Más de 13.4 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos cinco años, según cifras del CONEVAL. Hay récord histórico en inversión extranjera directa, y México es hoy uno de los países más atractivos para relocalizar industrias, gracias al llamado nearshoring. Es decir, salarios más justos no espantan la inversión: la fortalecen.
En este contexto, vale la pena recordar que el logro más reconocido por la población no son solo los programas sociales, sino el aumento al salario. Porque dignifica. Porque llega sin intermediarios. Porque valora el trabajo diario de millones de personas que construyen este país desde la fábrica, el campo, el comercio o los servicios. Un salario que permite vivir, no sobrevivir, es un acto de justicia.
Este avance se da además en un clima donde otros derechos laborales están en discusión. La posible reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales representa otra conquista posible. Lejos de ser una ocurrencia, esta medida —ya implementada en países como Chile, Francia o Colombia— tiene un enfoque profundamente humanista: más tiempo libre, más salud física y mental, más vida familiar y comunitaria. Un Estado que protege el tiempo de sus ciudadanos es un Estado que los reconoce como personas, no como recursos.
Zacatecas no está ajeno a este cambio. En una tierra con historia minera, migrante y trabajadora, los aumentos salariales han permitido que muchas familias empiecen a tener un respiro económico, que puedan volver del norte, que compren en el mercado local, que paguen mejor la educación de sus hijos o que inviertan en pequeños negocios. La transformación se nota cuando la dignidad empieza por el ingreso.
Por supuesto, queda mucho por hacer. Aún hay brechas enormes entre el norte y el sur del país, y sectores como el trabajo informal, el campo o las mujeres jefas de familia siguen teniendo retos mayúsculos. Pero el rumbo es claro, y como sociedad debemos defenderlo y profundizarlo. Porque un país donde se paga bien, es un país donde se vive mejor. Y eso —más allá de ideologías— es el futuro que todos merecemos.
