Estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) tomaron sus instalaciones para denunciar violencia sexual y psicológica de parte de algunos docentes en contra de alumnas, motivo por el cual exigieron su rescisión laboral; como parte de las evidencias, reunieron testimonios de jóvenes de varias generaciones.
Señalaron que son cinco docentes los denunciados ante instancias como la Dirección de la escuela, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), la Secretaría de Educación de Zacatecas y la Secretaría de la Función Pública, pero en ninguna de ellas hubo respuesta.
Por tanto, exigieron la destitución inmediata y definitiva de los docentes formalmente denunciados y de los directivos que, por acción u omisión, permitieron un ambiente de violencia, discriminación, favoritismos o encubrimiento institucional.
También pidieron que sean organismos externos a la institución los que acudan a dialogar con ellos, ya que en el CAM hubo el antecedente de que las alumnas quisieron colocar un buzón de denuncias en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pero se los arrebataron y todos los testimonios desaparecieron.
En caso de que no haya atención a su demanda de rescindir a los docentes Salvador N, Jorge N, Rafael N, David N, y Juan N. informaron que seguirán con su manifestación en próximos días.
Además, pidieron una investigación externa, imparcial y con enfoque feminista, realizada por instancias ajenas al CAM, que no tengan conflicto de interés ni vínculos con los servidores públicos denunciados, así como acompañamiento feminista externo, ya que “las estudiantes no queden a merced de un área psicopedagógica que desaparece buzones, difunde información confidencial o actúa con presunción de culpabilidad hacia las víctimas”.
También pidieron garantía de que no haya represalias académicas o laborales, porque hablar dentro de estructuras donde el silencio ha sido la regla requiere valentía y protección.
De igual forma, otra petición es una auditoría independiente del manejo histórico de denuncias, que incluya la desaparición del buzón del 8M y la falta de actas de apertura o resguardo, así como el manejo irregular del buzón psicopedagógico, entregado sin registro ni canalización institucional.
Finalmente, exigieron que se apliquen medidas en contra de la difusión indebida de citatorios «confidenciales» por parte de personal directivo, especialmente las denuncias verbales que estudiantes y docentes realizaron directamente ante autoridades (Dirección, Subdirección y Psicopedagogía) que nunca fueron registradas, documentadas ni atendidas, dejando constancia de un patrón de omisión, silencio institucional y minimización sistemática de la violencia.
Por otra parte, la CDHEZ informó que, derivado de las recientes denuncias públicas por presunto acoso sexual en contra de estudiantes del CAM, inició una queja de oficio el 21 de noviembre del presente año.
La CDHEZ dará puntual seguimiento al caso, asegurando una actuación diligente, imparcial y con perspectiva de género, tal como lo establece el marco jurídico local, nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Maricela Dimas Reveles, presidenta de la CDHEZ, señaló que la violencia contra las mujeres adopta expresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas, obstétricas, digitales, políticas y simbólicas, muchas de ellas normalizadas en distintos entornos, por lo que “ninguna forma de violencia es aceptable, y ninguna debe considerarse normal”.
La Ombudsperson hizo énfasis en que, la institución que encabeza rechaza toda forma de revictimización y reafirma su compromiso de acompañar, orientar y proteger a las mujeres que buscan apoyo, así como, de promover una cultura basada en el respeto, la igualdad y la dignidad.
