El magistrado en retiro Arturo Nahle García consideró que la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo central “controlar al árbitro electoral” al plantear que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos por voto popular, lo que calificó como “el punto más delicado, más importante y más peligroso” de la iniciativa.
“Lo que quieren es que ahora los consejeros del INE se elijan por voto popular, como se eligieron los jueces y magistrados del bienestar. Estoy absolutamente en contra de repetir el proceso vergonzoso de la elección judicial”, sostuvo.
En entrevista con La Jornada Zacatecas, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), repasó las principales reformas electorales de las últimas décadas y advirtió que, a diferencia de las impulsadas por los partidos de oposición y desde la izquierda —como las de 1977, 1990 o 1996—, “esta es una reforma que impulsa el gobierno, y eso ya de entrada la hace distinta, cuando menos sospechosa”.
Explicó que la reforma de 1977, encabezada por Jesús Reyes Heroles, fue la que le dio voz y voto a las minorías al crear la representación proporcional y permitir el registro de nuevos partidos. Desde entonces, dijo, las reformas han buscado ampliar derechos políticos, no restringirlos.
Respecto a la propuesta de reducir de 500 a 300 los diputados federales, Nahle aclaró que sólo estaría a favor si no implica eliminar la representación proporcional.
Advirtió que eliminar esa figura o reducirla de manera sustancial sería antidemocrático pues afectaría a las minorías políticas, dejándolas sin voz ni voto en el Congreso o en el Senado.
También se manifestó “parcialmente a favor y parcialmente en contra” de eliminar a los senadores de lista nacional, al señalar que esa medida podría dejar sin representación a partidos que, aunque no obtuvieron el primer ni el segundo lugar, registraron entre 10 y 20 por ciento de la votación nacional.
Sobre la posible reducción del tamaño de los congresos locales y de los cabildos municipales, se dijo a favor por motivos de eficiencia y costos: “Hay congresos que bien podrían compactarse; el debate sería más ágil y la construcción de acuerdos más sencilla”.
Nahle respaldó además reducir el financiamiento público a los partidos y eliminarlo en años no electorales. Explicó que actualmente se gasta demasiado dinero en los partidos: “Imagínese darles recursos en un año sin elecciones. Estoy totalmente a favor de esa reducción”.
Rechazó que se eliminen los organismos electorales locales (OPLE), pues considera que eso debilitaría el federalismo y la soberanía de los estados. “Si usted se jacta de ser federalista, fortalezca a las entidades federativas, no las debilite. Quitarles la facultad de organizar sus propias elecciones locales es fortalecer el centralismo, y el centralismo en nuestro país ya es brutal”, afirmó.
Añadió que el INE puede organizar tanto elecciones federales como locales, pero que hacerlo todo desde la federación significaría concentrar poder y restar autonomía a los estados. “A los estados hay que darles facultades, no quitárselas”, subrayó.
El exsecretario de Gobierno se pronunció a favor de eliminar los distritos electorales para sustituirlos por listas estatales, argumentando que con ello se reflejaría de manera más exacta la proporción del voto ciudadano: “Zacatecas tiene cuatro distritos federales. Morena ganó los cuatro con el 36 por ciento de los votos en cada uno. Si fuera por lista, tendría el 36 por ciento de la representación, no el 100”.
También apoyó la propuesta de reducir los tiempos de radio y televisión para propaganda electoral, tanto para partidos como para autoridades. “Se llega al extremo del hartazgo: millones y millones de spots. Es absurdo que se promocione el árbitro”, dijo, aludiendo al INE y al Tribunal Electoral.
En cuanto a la propuesta de que funcionarios públicos puedan opinar sobre las campañas fuera de su horario laboral, se manifestó a favor en defensa de la libertad de expresión: “¿Por qué coartarles su derecho a opinar? Cualquier ciudadano puede expresarse libremente y un funcionario no”.
Sobre la intención de endurecer los requisitos para ser candidato y evitar vínculos con la delincuencia organizada, se dijo de acuerdo, pero recordó que “ya está en la ley”, y que quien tiene antecedentes penales no puede ser candidato.
Expresó que le resulta insustancial y no se opone a cambiarle el nombre al INE. Sin embargo, sobre la reducción del presupuesto aclaró que se opone a dejar al instituto “cojo o manco, en condiciones de hambruna”. Añadió que, si la medida es para eliminar gastos superfluos, estaría a favor.
