Un grupo de taxistas del estado acudió a la Secretaría General de Gobierno para exigir la devolución de los recursos económicos que depositaron hace más de un año como parte del proceso de la convocatoria para concesiones de transporte público. Los trabajadores del volante denunciaron que, pese a no haber sido beneficiados, el dinero entregado como garantía no les ha sido reintegrado.
La inconformidad surge a raíz de la convocatoria emitida en septiembre de 2024 por el Gobierno del Estado, en la cual se solicitaba a los aspirantes aportar el equivalente al dos por ciento del valor de su vehículo para poder participar. Las cantidades variaron entre los seis y nueve mil pesos por persona, y el reembolso debía realizarse en enero del presente año a quienes no obtuvieron la concesión. Sin embargo, hasta la fecha, los afectados aseguran no haber recibido respuesta.
De acuerdo con el grupo inconforme, el listado de beneficiarios debió publicarse el 27 de noviembre de 2024, lo que habría permitido iniciar el proceso de devolución de los depósitos. No obstante, la Secretaría de Finanzas ha argumentado que no puede liberar los recursos mientras no se entregue dicho listado, lo que mantiene el trámite detenido desde hace meses.
Los transportistas calificaron esta situación como una falta de claridad en el manejo del procedimiento, ya que la convocatoria no contemplaba devoluciones por bloques ni plazos extendidos. Estiman que en Zacatecas hay al menos 500 taxistas afectados, aunque la cifra podría ser mayor al considerar la participación de conductores de otros municipios.
Después de varios meses sin atención, los trabajadores lograron reunirse recientemente con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, a quien entregaron un listado con los nombres de los afectados. La solicitud fue turnada a la Secretaría de Finanzas, sin embargo, aún no se ha definido una fecha para la devolución de los montos.
Además del reclamo económico, los taxistas expresaron su inconformidad por presuntas irregularidades en el proceso de asignación de concesiones. Según manifestaron, el procedimiento debía considerar la antigüedad laboral y la documentación como criterios de evaluación, pero aseguran que dichos factores no fueron respetados, dejando fuera a trabajadores con más de tres décadas de servicio.
El gremio también expuso la falta de actualización en las tarifas oficiales del servicio de taxi, lo que consideran un problema que afecta tanto la economía de los choferes como la confianza de los usuarios. Argumentaron que la ausencia de tarifas reguladas ha reducido la demanda y deteriorado la competitividad del transporte tradicional frente a otras opciones, por lo que pidieron una verdadera intervención de la Subsecretaría de Transporte.
Ante la falta de avances, los taxistas analizan emprender nuevas acciones conjuntas para exigir una respuesta inmediata. Insisten en que la devolución de los depósitos no es una petición extraordinaria, sino un derecho legítimo derivado de un proceso convocado por el propio gobierno estatal.
