En el marco del XXVIII aniversario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez), el magistrado de la Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación, José Antonio Troncoso Ávila, impartió la conferencia magistral titulada “Herramientas metodológicas para juzgar asuntos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad”, donde hizo un llamado a fortalecer la labor jurisdiccional con una visión más humana, incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales.
Durante su exposición, el magistrado destacó que la labor judicial actual no puede entenderse sin el marco constitucional y convencional de los derechos humanos, el cual, recordó, cobró fuerza a partir de la reforma constitucional de 2011, que obligó a todas las autoridades del país a ejercer sus funciones bajo esa perspectiva. “Juzgar con respeto a los derechos humanos implica no sólo aplicar la norma, sino entender el contexto social e histórico de las personas a las que impactan las decisiones judiciales”, puntualizó.
Troncoso Ávila reconoció la participación de magistradas, magistrados y representantes de partidos políticos en la conmemoración del aniversario, al tiempo que subrayó que la democracia y la paz social alcanzadas en Zacatecas son resultado del compromiso compartido entre instituciones y ciudadanía. “Sin la conciencia y el compromiso de las representaciones partidistas, no tendríamos el nivel de paz social y de democracia que hemos logrado”, afirmó.
El magistrado abordó el concepto de vulnerabilidad como un eje esencial para la impartición de justicia. Explicó que ciertas personas o grupos históricamente han enfrentado desventajas estructurales, lo que exige un trato diferenciado que los acerque a la igualdad sustantiva. Entre los principales sectores identificó a mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y población LGBTQ+, todos ellos con contextos específicos que demandan atención y comprensión judicial especializada.
“Juzgar con perspectiva de vulnerabilidad no es un acto de benevolencia, sino una obligación constitucional y moral del Estado mexicano”, expresó Troncoso, enfatizando que el principio de igualdad no debe interpretarse como un trato idéntico para todos, sino como la búsqueda de condiciones equitativas que permitan el ejercicio real de los derechos.
Uno de los ejes centrales de su ponencia fue la perspectiva de género, a la cual calificó como una herramienta indispensable para el análisis de los casos donde participan mujeres. Explicó que esta visión no debe limitarse a ponerse “en los zapatos del otro”, sino a comprender las razones históricas y sociales que han colocado a las mujeres en una posición de desigualdad.
“Vivimos en una sociedad que, aunque ha avanzado, sigue siendo patriarcal y androcéntrica. Las estructuras jurídicas y sociales se construyeron sin considerar plenamente a las mujeres, y eso se refleja incluso en los espacios físicos o institucionales”, ejemplificó.
Relató un caso resuelto por la Sala Regional Xalapa, en el que una presidenta municipal negó a una regidora su licencia por maternidad, argumentando que el embarazo no la inhabilitaba para ejercer funciones. El Tribunal determinó que la negativa vulneraba derechos fundamentales y ordenó corregir la decisión. “Incluso entre mujeres puede reproducirse la violencia de género, porque todas y todos hemos sido formados en una cultura patriarcal. Nuestra tarea como juzgadores es deconstruir esas concepciones desde las resoluciones judiciales”, explicó.
El magistrado extendió la reflexión a otros grupos vulnerables. Sobre la comunidad LGBTQ+, mencionó un caso en el que una persona fue juzgada bajo parámetros binarios (hombre-mujer), lo que invisibilizó su identidad. “Los jueces no podemos seguir aplicando las normas de forma literal cuando éstas perpetúan la exclusión. Debemos ampliar la interpretación para incluir todas las identidades y realidades sociales”, subrayó.
En relación con las personas con discapacidad, Troncoso Ávila resaltó la importancia de eliminar las barreras que limitan su acceso a la justicia y a la vida política. Criticó que, pese a existir un marco constitucional y tratados internacionales que protegen sus derechos, en la práctica aún se presentan omisiones. Recordó el reciente proceso electoral nacional, donde no se implementaron de forma adecuada las medidas afirmativas para garantizar la participación de personas con discapacidad. “Flexibilizar las reglas procesales no significa vulnerar la ley, sino hacerla verdaderamente justa y accesible”, dijo.
Asimismo, abordó la perspectiva intercultural como una herramienta necesaria para juzgar asuntos que involucran a pueblos y comunidades indígenas. Explicó que la justicia debe entender las relaciones sociales desde la cosmovisión de estas comunidades, no desde una mirada occidental. Recordó que la reforma constitucional de 2001, derivada del movimiento zapatista de 1994, marcó un parteaguas en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, aunque consideró que aún existen retos en su aplicación real. “Juzgar con perspectiva intercultural implica acercarse, escuchar, dialogar y comprender. En la Sala Xalapa hemos tenido que realizar diligencias en las comunidades para entender su sistema normativo y su forma de organización”, relató.
Para ilustrar este enfoque, mencionó que la Sala ha recurrido a dictámenes antropológicos y visitas “in situ” como instrumentos que permiten comprender las dinámicas internas de las comunidades y emitir resoluciones acordes a su realidad. “No podemos juzgar desde el escritorio sin entender el entorno; hacerlo sería imponer una visión ajena que termina siendo injusta”, advirtió.
Finalmente, el magistrado introdujo el concepto de interseccionalidad, que considera la coexistencia de múltiples factores de discriminación en una misma persona, como ser mujer, indígena, con discapacidad y en condición de pobreza. Explicó que estos elementos no deben analizarse por separado, sino en conjunto, para dimensionar el grado de desventaja y diseñar medidas de reparación efectivas.
“La interseccionalidad nos obliga a mirar la realidad con lentes más amplios, a reconocer que las desigualdades se entrelazan y que sólo con una justicia sensible y contextual podemos garantizar una verdadera igualdad”, sostuvo.
Troncoso Ávila concluyó su ponencia destacando que la labor jurisdiccional debe ser una herramienta de transformación social, orientada a construir una sociedad más justa e incluyente. “Las sentencias no sólo deben resolver conflictos, sino contribuir a modificar las estructuras que generan desigualdad. Los derechos humanos no se reproducen, se aplican con convicción y conciencia”, afirmó.
