De acuerdo con los convenios financieros entre el gobierno federal y la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), la institución excede la cantidad de bases de tiempo completo, medio tiempo y espacios laborales por horas-semana-mes autorizada en el presupuesto.
La federación autoriza en la BUAZ un total de mil 7 plazas de tiempo completo, pero en este momento se ejercen más de mil 700, además de aquellos que cuentan con acreditación del Programa de Desarrollo del Profesorado (Prodep), los cuales también están avalados.
Mientras tanto, en el rubro de espacios de medio tiempo la federación reconoce 270, pero se ejercen más de 500, y en lo que respecta a espacios de hora-semana-mes, equivalente a las categorías de trabajo denominadas “obra determinada” o “tiempo determinado”, el gobierno federal autoriza en su presupuesto 14 mil 404, pero la BUAZ ejerce 42 mil 725.
Por otra parte, la federación autoriza a la BUAZ 236 espacios para mandos medios y superiores en la administración central, pero la institución ejerce más de 400. Cabe mencionar que, en el año 2015, en el rectorado de Armando Silva, la institución creció de 163 a 384 funcionarios. Después, en el 2019 se redujo a 323 y posteriormente, con Rubén Ibarra Reyes aumentó a la cantidad mencionada.
El rectorado de Francisco Javier Domínguez Garay, entre 2008 y 2012, ha sido el que más ha contratado personal docente (aunque lo hizo de manera bilateral, en conjunto con el sindicato), mientras que el de Rubén Ibarra Reyes, entre 2021 y 2025, es el que ha hecho más movimientos de nómina de forma unilateral.
En el periodo del 2008 al 2012 se registró la contratación y movimientos de nómina de 830 personas, pero el proceso se hizo bilateralmente, con la participación del Sindicato de Personal Académico (Spauaz); entre el 2021 y el 2025, por su parte, hubo casi mil movimientos de nómina (contrataciones, recategorizaciones y basificaciones), todos unilateralmente.
Asimismo, en el periodo de Antonio Guzmán Fernández, del 2016 al 2021, se realizaron 350 movimientos de nómina, incluyendo contrataciones, mientras que en la administración de Armando Silva Chairez, del 2012 al 2016, fueron alrededor de 300.
El crecimiento en la nómina registrado entre 2008 y 2012 ha sido justificado y argumentado en varias ocasiones por el exrector Domínguez Garay, quien ha explicado que la universidad debía expandirse para que más jóvenes tuviesen la oportunidad de cursar la educación superior y para ello era necesario contratar más personal.
Al no haber autorización para ello en el convenio de financiamiento, la institución ha recurrido a recursos que originalmente debían destinarse a la seguridad social, lo que ha generado déficit presupuestal cada año y el crecimiento de la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que en este momento es de 4 mil millones de pesos.
En años posteriores a su administración, Domínguez Garay ha defendido su política con el argumento de que la institución debía cumplir con la función social de ofrecer educación a más jóvenes y entonces era necesario abrir más espacios y programas académicos.
Para atender el déficit generado cada año, su postura ha sido que el gobierno federal tiene la responsabilidad de otorgar recursos extraordinarios, ello mediante la gestión de las autoridades universitarias y el gobierno del estado.
