Durante el segunda de la 8° Semana Nacional de Ciencias Sociales, se llevó a cabo la mesa de conferencias “Violencia político-académica hacia el sector estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ)”, con la participación de Aylin Michelle Gallardo Lara, Alfonso Alejandro Pérez Ortiz, Claudia Patricia Almaraz Muñoz, Xel Ha Moira Fernanda Tortti Galán, Karen Victoria González Llamas y Diego Francisco Vásquez Aguilar, todos integrantes del Movimiento Estudiantil de la BUAZ. La sesión fue moderada por Claudia Navarrete Reyes y se convirtió en un ejercicio de memoria, denuncia y reflexión sobre las estructuras de poder, las represalias institucionales y las violencias que persisten dentro de la universidad.
El movimiento que emergió en mayo tuvo su origen en la indignación social provocada por el caso del exrector Rubén Ibarra Reyes, acusado y condenado por abuso sexual contra una menor. Aunque la sentencia fue de cuatro años de prisión, el exfuncionario obtuvo su libertad mediante un proceso abreviado y el pago de una fianza, lo que desató la inconformidad de la comunidad universitaria. Mientras seguía al frente de la BUAZ, estudiantes (principalmente mujeres) organizaron protestas, paros y mesas de diálogo que derivaron en su destitución y rescisión laboral.
Entre los logros también se encuentra la creación del protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual, así como el compromiso de las autoridades de no ejercer represalias contra los participantes del movimiento. Sin embargo, a partir de entonces, estudiantes denunciaron haber sido víctimas de violencia político-académica, que incluyó deslegitimación, amenazas, hostigamiento y amedrentamiento dentro y fuera de las aulas.
Durante la mesa se subrayó que la universidad reproduce estructuras de poder y prácticas simbólicas que perpetúan la violencia y la impunidad. Los ponentes explicaron que la violencia en el ámbito universitario no sólo es física o directa, sino también simbólica, cultural e institucional. En este sentido, se destacó que la BUAZ, al proteger figuras de poder, mantiene un “monopolio simbólico” que obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos del estudiantado y limita la libertad de expresión.
Los universitarios resaltaron que la movilización estudiantil representó un punto de inflexión en la historia reciente de la institución, ya que transformó la rectoría en un espacio de disputa simbólica e institucional. A través de asambleas, comisiones y mesas de negociación, los estudiantes lograron reconfigurar las relaciones de poder, obligando a las autoridades a entablar un diálogo horizontal. Este proceso, afirmaron, fue un ejemplo de autogestión y resistencia frente a la violencia estructural que persiste en las instituciones de educación superior.
Una parte importante del análisis abordó el papel de los medios de comunicación y las redes sociales durante el conflicto. Se explicó cómo ciertos sectores utilizaron plataformas digitales, particularmente Facebook, para difundir discursos que deslegitimaban el movimiento. Se emplearon perfiles falsos, notas manipuladas y narrativas que presentaban a los estudiantes como desestabilizadores.
De acuerdo con el análisis del discurso presentado, se trató de una estrategia para construir una narrativa institucional el “nosotros” del poder, en oposición al “ellos” de los estudiantes, caracterizados como caóticos e irracionales. Este discurso, señalaron, funcionó como un mecanismo de control ideológico y de preservación del poder.
Además de los análisis teóricos, la mesa dio voz a testimonios que evidenciaron las represalias contra quienes participaron en el movimiento. Estos testimonios revelaron cómo la violencia institucional afecta directamente la trayectoria académica, emocional y profesional de los estudiantes. Los participantes coincidieron en que las omisiones de las autoridades, la simulación de apoyo y la falta de protocolos eficaces contribuyen a perpetuar un entorno de impunidad.
Entre los principales señalamientos se mencionó la ausencia de comunicación entre las autoridades, la inexistencia de un consejo de unidad que funcione como instancia de defensa y la falta de mecanismos que aseguren el derecho a la educación sin represalias. En algunos casos, los afectados fueron reubicados en otras unidades académicas como una medida aparente de solución, lo que alteró sus proyectos personales y profesionales, sin que se les garantizara una verdadera reparación del daño.
A pesar de estas dificultades, los estudiantes reconocieron los avances logrados mediante la organización colectiva. Gracias a su movilización, se reconocieron públicamente las fallas institucionales, la rectoría ofreció disculpas y se establecieron rutas de restitución de derechos vulnerados, entre ellos el acceso a la educación y la recuperación de apoyos económicos.
Los participantes coincidieron en que el reto actual de la Universidad Autónoma de Zacatecas es construir una institución libre de violencias, basada en los principios de igualdad, transparencia e inclusión. Destacaron que la libertad, la autonomía y la legalidad deben ser pilares fundamentales de la vida académica, pero también debe añadirse la transparencia y la erradicación de la violencia estructural.
En la reflexión final, se subrayó que las aulas deben ser espacios de diálogo, crítica y formación, no escenarios de miedo o represión. La defensa de la dignidad universitaria, tanto individual como colectiva, fue presentada como una tarea permanente que compete a toda la comunidad educativa.
El encuentro concluyó con un mensaje de esperanza y compromiso: la justicia y la transformación universitaria no son concesiones de las autoridades, sino conquistas derivadas de las luchas estudiantiles y docentes. Las y los jóvenes reafirmaron su propósito de construir una universidad más justa, donde la voz del estudiantado sea escuchada y donde ninguna forma de violencia tenga cabida.
