Cristina Sacristán, investigadora del Instituto Mora, presentó en la capital del estado su libro “El ruido y el velo. Perder los derechos civiles en el México liberal: el caso Raigosa, 1872-1879”, en el que aborda el tema de los juicios de incapacidad por salud mental en esa época.
Comentó que en estos juicios normalmente hay un patrimonio qué proteger y se entiende que, si una persona se cree que es incapaz de dirigir su vida o administrar sus bienes, podría malgastar un patrimonio y llevar a la ruina a toda una familia o a sí misma.
No obstante, este tipo de juicios también se prestan al despojo, es decir, casos de herencias, propiedades, de manera que suelen estar bajo sospecha y es justo el caso abordado en su libro, ya que hay un asunto patrimonial.
Comentó que en la Ley del Código Civil de 1870 de la Ciudad de México se establecía que todas las sentencias de incapacidad tenían que hacerse públicas con el fin de proteger a la sociedad, no tanto al supuesto incapacitado.
Entonces Sacristán relató que empezó a leer las sentencias de esos casos una a una e identificó algunos juicios de interdicción y el caso de Reigosa lo eligió por la gran cantidad de médicos que fueron llamados por los jueces para establecer si el sujeto en cuestión estuvo loco o no.
Participaron 16 médicos en el caso y rindieron 20 informes, lo que significa que cuatro médicos cambiaron de opinión en el padecimiento que en la época se le llamó “locura parcial” en donde planteaba el problema de si un loco razona.
Con este caso, se reflexiona entonces qué se hace con personas a las que a veces cuesta conocer su voluntad, ya que el tema es precisamente que puedan decidir por sí mismos ante un juez, ante un notario o ante cualquier acto jurídico y que puedan comunicar sus deseos.
Desde su perspectiva, se tiene que crear un sistema de apoyos para que esas personas puedan tomar decisiones, además de que estas deben de decir qué apoyos necesitan, si es de un psicólogo, de un abogado, de un familiar, etcétera.
Sin embargo, Sacristán indicó que el problema es que en muchos rubros todavía no se implementan estos mecanismos y, por ejemplo, los notarios siguen con la modalidad de que acuda el tutor, pero debería ser consciente de que la persona va a tomar la decisión con el apoyo que haya solicitado.
El libro fue comentado por la gestora cultural Jánea Estrada y la investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) Isabel Terán, con la moderación de Mariana Terán Fuentes.
