Transportistas afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) acusaron a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas (FJGEZ) de amedrentarlos en respuesta a los recientes ajustes en el precio de los materiales pétreos, rechazaron de manera tajante que se trate de actos de extorsión y denunciaron que el tema ha sido politizado por distintos actores.
En una rueda de prensa realizada este martes al mediodía en la entrada del fraccionamiento La Comarca, en Guadalupe, Guillermo Herrera, secretario general del Sindicato de Transportistas Guadalupano, sostuvo que el ajuste no alcanzó el cien por ciento, como se ha señalado, sino que se trató de una actualización derivada de los altos gastos de traslado desde puntos como Río Florido y Río Medina, en Fresnillo, hasta la zona metropolitana.
Aseguró que los costos fueron actualizados porque los traslados, con recorridos de hasta 240 kilómetros, hacían insostenible mantener los precios anteriores.
Indicó que el problema escaló a causa de que el gobierno desaprueba que el incremento de precios se realizara sin consultarlo y sostuvo que las autoridades han privilegiado la atención a quejas de «tres o cuatro constructores».
Señaló que el conflicto se originó porque los transportistas decidieron organizarse. “Ese fue nuestro pecado, que nos organizamos y que decidimos ya no prostituir nuestros precios, porque al final de cuentas el único que ganaba con los precios cuando andábamos peleando entre nosotros los transportistas eran los constructores”, afirmó el dirigente sindical.
Herrera acusó al gobierno estatal de responder con aseguramientos de patios y maquinaria, lo que calificó como hostigamiento contra el gremio. Reprochó además que, mientras otros sectores del transporte como los taxistas y “urbaneros” reciben subsidios, los materialistas han permanecido sin apoyo durante los últimos 15 años.
Respecto a las versiones de extorsión, afirmó que no existe ninguna denuncia que las respalde y pidió que, en caso de presentarse, sea la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) la que investigue.
Añadió que el gremio cuenta con amparos para defenderse de cualquier intento de detención o aseguramiento y advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse hasta detener el suministro de materiales a obras públicas y privadas en la región.
El dirigente señaló que los transportistas confían en ser atendidos de inmediato por la Secretaría General de Gobierno para frenar el conflicto y dar certeza al gremio. Subrayó que, de no abrirse el diálogo en Zacatecas, recurrirán a instancias federales en la Ciudad de México. “No se vale que nuestro mismo gobierno nos quiera apachurrar, eso no puede estar pasando”, concluyó.
