A casi un año de la despenalización del aborto en Zacatecas, organizaciones feministas y personal médico coinciden en que la falta de publicación de las reformas y las carencias en insumos mantienen a las mujeres en un limbo jurídico y sanitario. Así se evidenció en una mesa de diálogo realizada en el Hospital de la Mujer, convocada por el Movimiento Feminista de Zacatecas.
Cristela Trejo Ortiz, representante de la organización, denunció que, aunque el Congreso aprobó la interrupción voluntaria del embarazo y las reformas a la Ley de Salud, la publicación oficial sigue pendiente.
“Seguimos sin que se publique en el Código Penal. Hay un vacío jurídico que limita el acceso de las mujeres y niñas a este derecho, a pesar de que ya existe un mandato constitucional”, señaló.
De acuerdo con Trejo, persisten prácticas de criminalización en hospitales públicos y privados. A pesar de que la ley protege a las menores víctimas de violencia sexual, en muchos casos se les niega el servicio o se retrasa su atención hasta que el embarazo está avanzado. “Hoy en Zacatecas, niñas están siendo obligadas a parir”, advirtió.
La activista también acusó a instituciones como IMSS-Bienestar, ISSSTE y Secretaría de Salud estatal de incumplir con la obligación de garantizar la atención. “Hay escasez de medicamentos como la mifepristona y el misoprostol. El presupuesto lo tiene la federación, pero no se aplica en el estado”, dijo. Esta situación, afirmó, no solo pone en riesgo la vida de las mujeres, sino que podría derivar en la devolución de recursos federales por falta de uso.
En respuesta, la directora del Hospital de la Mujer, Graciela Vázquez Sandoval, defendió el trabajo de la institución y presentó estadísticas que muestran la magnitud de la atención. Solo en 2021, dijo, se practicaron 805 abortos, de los cuales 10 correspondieron a menores de 15 años. En 2024, la cifra fue de 567 procedimientos, incluyendo 94 adolescentes de entre 15 y 19 años. En lo que va de 2025, el hospital ha atendido 357 casos.
“Sí hay falta de medicamentos, pero resolvemos los casos como podemos. No somos el único hospital que debería atender estas situaciones, también deben hacerlo IMSS e ISSSTE. La corresponsabilidad es de todo el sector salud”, afirmó Vázquez Sandoval.
La directora destacó que desde 2021 implementaron protocolos como el Código Naranja, que activa un equipo multidisciplinario para atender casos de violencia sexual sin revictimizar a las pacientes.
No obstante, reconoció que la centralización de servicios con IMSS-Bienestar ha complicado el abastecimiento de medicamentos y la coordinación interinstitucional. “Es difícil remar solo de un lado mientras otras instancias eluden su responsabilidad”, dijo.
Otro de los puntos críticos abordados en la mesa fue la aplicación de la objeción de conciencia por parte del personal médico. Trejo señaló que algunos profesionales confunden este recurso con un derecho absoluto para negar servicios, cuando en realidad se trata de una expresión acotada que no puede anteponerse a la atención médica. “La Corte ya aclaró que la objeción no puede usarse para negar un servicio de salud. Sin embargo, sigue siendo un pretexto muy usado en Zacatecas”, explicó.
En el mismo sentido, Vázquez Sandoval pidió que se legisle con claridad para evitar ambigüedades. “A nosotros como directores nos piden un documento que diga que ya no existe la objeción, pero no lo tenemos. Necesitamos respaldo legal para evitar que se use como excusa”, señaló.
En representación de la diputada Renata Ávila, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, se recordó que el Congreso ya cumplió con la parte legislativa mediante decretos, pero la publicación corresponde al Ejecutivo estatal. “Sí hay rezago en la publicación de varias reformas, no solo en esta materia. La legislatura ha emitido exhortos, pero mientras no se publique, no se puede avanzar”, explicó la representante.
La ausencia de autoridades federales y estatales en la mesa, como IMSS, ISSSTE y la Comisión de Derechos Humanos, fue criticada por las organizaciones. “Se están echando la bolita entre instituciones, mientras las mujeres siguen sin acceso a un derecho ya reconocido”, lamentó Trejo.
El debate también abordó la necesidad de campañas informativas que reconozcan el aborto como un derecho y no como un delito. Según el movimiento feminista, la falta de difusión contribuye a la estigmatización y a la revictimización. “Exigimos campañas de dignificación para que las mujeres no sean criminalizadas”, pidió Trejo.
Asimismo, se planteó la urgencia de regular en el estado la objeción de conciencia para evitar abusos, así como de fortalecer la capacitación del personal médico en todos los niveles, incluidos los hospitales comunitarios. “No puede ser que niñas de Jalpa tengan que venir hasta la capital para un procedimiento que debería estar disponible en su municipio”, agregó la directora del hospital.
La mesa de diálogo dejó al descubierto un escenario contradictorio: mientras el Hospital de la Mujer muestra cifras de atención y protocolos consolidados, el Movimiento Feminista de Zacatecas denuncia que la realidad en muchos casos es de puertas cerradas, negligencia y vacíos legales. Ambas voces coinciden, sin embargo, en que la falta de publicación de las reformas y el desabasto de insumos representan los mayores obstáculos.
“Podemos tener mil reuniones, pero si no se destraba la parte legal y administrativa, seguiremos en lo mismo” se denunció. Por su parte, el movimiento feminista advirtió que no permitirá retrocesos: “Nuestra causa es la libertad de decidir y una vida libre de violencia. No vamos a permitir que se criminalice a las mujeres ni a las defensoras”.
Con el reloj corriendo hacia un año de la despenalización, Zacatecas se enfrenta al reto de pasar de las leyes al cumplimiento real, para que el derecho a decidir no quede en letra muerta.
